Gracias a un amparo promovido por la asociación civil Alma Migrante, dos jueces de Distrito con sede en Tijuana ordenaron al alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro y al secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, se abstengan de “realizar declaraciones que transmitan un mensaje negativo sobre las personas migrantes”.
Aunado a ello los jueces señalaron que “ninguna autoridad podrá remitir legalmente al Instituto Nacional de Migración (INM) a personas migrantes detenidas por la policía municipal” con motivos de infracciones administrativas a fin de que resuelva sobre su situación migratoria.
Mediante un comunicado, la asociación informó que este juicio de amparo 1597/2018 fue promovido principalmente en contra de esta “práctica irregular” y la “incorrecta” información difundida sobre su legalidad.
Agregaron que la suspensión definitiva fue dictada en protección preventiva de los mencionados derechos, mediante resoluciones de fechas 14 y 21 de diciembre del presente año, en las cuales los abogados Ana Cecilia Morales Ahumada y Alexis Manríquez Castro, secretaria y titular, respectivamente, del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales del Decimoquinto Circuito con sede en Tijuana, dictaron dichos ordenamientos.
En los que también se incluye que ordenen a sus subordinados para que se abstengan de igual manera en transmitir mensajes negativos sobre los propios migrantes, además que se proporcione a la ciudadanía en general y los migrantes información “completa y correcta” sobre los derechos de las personas migrantes, sobre todo en materia de asistencia social, legal y de refugio.
Adicionalmente se ordena al delegado del INM para que su personal se cerciore de que las personas migrantes a su disposición tengan acceso a la asistencia legal necesaria mediante las instituciones de defensoría correspondientes.
El pasado 15 de noviembre, en una entrevista para Milenio, el alcalde de Tijuana señaló que dentro de la caravana venían personas que le podían hacer daño a la ciudad y que no se atrevía a calificar a esas personas como migrantes, porque “dentro de este grupo de personas se ha colado una serie de viciosos… son una bola de vagos y marihuanos”.
Además pidió que se les aplicara de inmediato el Artículo 33 Constitucional por “indeseables” y porque “no queremos que estén molestando a Tijuana”, razón por la que incluso agregó que realizaría una consulta ciudadana para ver si las personas querían seguir teniendo más migrantes en Tijuana, cosa que nunca realizó y quedó solamente en una amenaza.
