Aunque las cantidades se siguen definiendo, de acuerdo al análisis hecho por la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión el próximo año, conforme a lo expuesto en la Ley de Ingresos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Baja California pudiera dejar de recibir “… en lo general”, 9 mil millones de pesos en comparación con los recursos federales que llegaron en 2018-. Así lo informó a ZETA el legislador albiazul, Xavier Azuara (ver nota en interiores de esta edición).
Habrá más recursos en temas de orden social, pero mano dura y sequía en lo referente a obras. Las obras pendientes de la administración peñistas, no tendrán continuidad en la entidad bajacaliforniana, tal es el caso de los 280 millones de pesos que no se destinaron para la construcción de dos puentes en la Garita de Mexicali. Cancelación que esta semana fue reclamada por el Consejo de Desarrollo Económico de ese municipio.
Votada con rapidez en la Cámara baja, bajo la presión de los morenistas, para los representantes panistas, saber si el contenido de la Ley de Ingresos favorece o no a determinados estados, es aún confuso, porque algunos ramos, programas y fondos aumentaron y otros disminuyeron. Mientras algunos siguen en la indefinición, como el de seguridad, cuyo importe destinado a los estados se decidirá hasta febrero.
En los planes, se contemplan por ejemplo aumentos para los bajacalifornianos en el Fondo para Fortalecimiento Municipal, de la entidad federativa, el fondo para nómina en el sector educativo, aportaciones para el servicio de salud, para infraestructura social, entre otros.
Sin embargo, también se programaron importantes reducciones en áreas problemáticas que afectan derechos humanos y de salud, como los subsidios en temas de administración de agua.
En cuanto al precio de la gasolina, un tema prioritario para los residentes de esta zona, tampoco presentará grandes cambios. López Obrador sostiene la versión de que no habrá gasolinazos, pero no modificó el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los combustibles, lo que afecta el precio, y por el cual su administración contempla recaudar 268 mil millones de pesos más que el año pasado.
La eliminación del IEPS reduciría los precios de las gasolinas, razón por la cual los legisladores del Partido de la Revolución Democrática iniciarán una recolección de forma en busca de su cancelación. Será cuestión de esperar para conocer la validez que el Presidente y su gabinete den a esta “consulta pública”.
Al hablar de los avances, los representantes de Movimiento Regeneración Nacional han decidido ser más genéricos y concentrarse en el cumplimiento del compromiso emblemático con los Californios, así, Javier Castañeda se ha esforzado en promover la reducción del Impuesto al Valor Agregado del 16 al 8%, y la disminución de un tercio del Impuesto Sobre la Renta, para quedar en 20%.
A este respecto, los economistas locales siguen pidiendo prudencia. Esperar a que la Secretaría de Hacienda defina los Criterios Generales de Política Económica, para poder medir el impacto positivo que esta nueva política fiscal va a generar en Baja California.
De igual manera, los analistas son prudentes en cuanto al impacto real del “ajuste histórico” al “salario mínimo en la frontera”, que en teoría tendrá mayor impactos en los 43 municipios de la franja norte, los cuales concentran el 60% de la industria manufacturera, la de menores sueldos. El salario aumentó de 88 a 176 pesos por día, el tema es que en BC, de acuerdo a los representantes del sector, el 80% de la industria ya paga los nuevos salarios propuestos.
En términos de desarrollo regional, falta por medir el impacto negativo que tendrá la desaparición del subsidio a la vivienda social, afectando a los trabajadores de uno a cuatro salarios mínimos, así como un efecto negativo en la industria de la construcción.
Aunado al efecto que tenga la política recaudatoria de la Secretaría de Hacienda, que el año próximo estima aumentar su recaudación de impuestos en 2.9 billones, sin exponer cómo pretende ampliar su base fiscal.
Por lo pronto, toca a los gobiernos locales seguir revisando los números y confirmar si realmente se recibirán 103 mil 793.12 millones de pesos en lugar de los 112 mil 945.65 millones asignados este año; analizar la situación y dar el siguiente paso ante la Federación para solicitar y justificar la necesidad de los apoyos que se negaron en temas de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca, infraestructura sustentable de agua y suelo, y en proyectos de sanidad, por citar algunos.
