Además de serles bloqueado el acceso a los vecinos víctimas del derrumbe de Lomas del Rubí que intentaron ingresar de forma pacífica a Palacio Municipal de Tijuana, las dos vecinas que lograron evadir la vigilancia policiaca tuvieron que soportar el acoso de agentes municipales que, al percatarse de su presencia, les escoltaron durante su estancia en el recinto público, tratando de intimidarlos para que lo abandonaran.
Este ocurrió a las nueve de la mañana del martes 11 de diciembre, fecha en que acudieron a notificarle al alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, la demanda civil colectiva que interpusieron en contra de su gobierno, por no evitar los movimientos de tierra efectuados por Grupo Melo en Lomas del Rubí, causando afectación en más de 160 viviendas.
Rocío Sáenz y Dorilda Álvarez, fueron las dos demandantes que pudieron introducirse al interior de Palacio Municipal, pero fueron seguidas por elementos de Seguridad Pública Municipal durante toda su estancia en la sede del gobierno local.
Estando en el área de recepción de Sindicatura Procuradora, dependencia a cargo de Ana Marcela Guzmán Valverde, los agentes les solicitaron retirarse, alegando que “el área se encontraba saturada”, impidiendo el acceso de quienes intentaban ingresar a la oficina, cuando en ese momento sólo ingresaron tres empleados de Sindicatura, seguidos de un repartidor de comida.
Carlos Atilano Peña y Román Antonio Aboytes, representantes del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), acompañaron a los afectados; al ingresar ellos primero, se apersonaron en Presidencia, donde despacha Gastélum Buenrostro, oficina donde se negaron a recibir la notificación, por lo que ésta se tuvo que presentar en la Sindicatura Procuradora.
La demanda colectiva se inscribió el 19 de octubre de 2018 en el Juzgado Segundo de lo Civil, con sede en Tijuana. Los afectados exigen a los implicados asumir su responsabilidad en el desastre indemnizándolos del perjuicio que sufrieron a raíz del colapso.
Se está pidiendo al juez establecer responsabilidad a los señalados en la querella y los condene “al pago proporcional del patrimonio que perdió cada uno de ellos -los vecinos- de acuerdo al valor de su vivienda; asimismo, estamos demandado una reparación del daño moral por el tiempo que han estado en la intemperie, abandono”, dijo Atilano Peña.
El dirigente de COCI estimó que de manera colectiva la indemnización podría alcanzar los 150 millones de pesos, toda vez que entre las pérdidas materiales “hay viviendas de hasta 3 millones de pesos”, aunque aclaró, “dependerá del juez el monto de la indemnización”.
Después de notificar al gobierno municipal, la comitiva fue escoltada por los agentes hasta que abandonaron Palacio Municipal; posteriormente vecinos y abogados se desplazaron a Centro de Gobierno y a las oficinas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana y de Grupo Melo, a quienes también se responsabiliza de la afectación.
Una vez presentada la notificación, los implicados deberán responder en un término de cinco días hábiles, aunque el plazo se podría extender hasta el inicio de 2019, al atravesarse el periodo vacacional decembrino.
Respecto al movimiento de tierra que continúa realizando Grupo Melo desde la semana pasada, el representante de COCI expuso que tal acción “podría ser motivo de una nueva denuncia”, ya que no sólo provoca mayor afectación a la zona, sino porque “Melo está invadiendo con su maquinaria terrenos de Lomas del Rubí”.
