El fenómeno migratorio -el segundo en presentarse en Tijuana en menos de dos años- se le salió de control tanto al Gobierno del Estado de Baja California, como al Ayuntamiento de Tijuana. La inactividad inicial y las declaraciones xenófobas posteriores del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y el aprovechamiento del gobernador para pedir más recursos a la Federación y lanzarles el tema ya en problema, contribuyeron en gran medida a la polarización de la sociedad tijuanense. Unos siguieron el discurso del odio, otros apoyaron en la atención de los migrantes centroamericanos. Hace unos días, el fenómeno fue exhibido en dos vertientes de intolerancia en medios internacionales. Primero con una manifestación anti migrante por parte de residentes de Tijuana, y segundo, por la utilización de gases lacrimógenos por parte de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para frenar una marcha de centroamericanos hacia su delimitación. Los ánimos subidos de tono, amenazan ahora el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Hasta las redes sociales de la comisionada estatal de Derechos Humanos, Melba Adriana Olvera, han llegado amenazas debido a la atención que tanto ella como personal de la CEDHBC están prestando a los migrantes para cuidar que sus derechos sean respetados. En las afrentas le escriben improperios, palabras altisonantes y le desean a ella, a su familia y a sus compañeros, toda clase de violencia física, “ojalá que les pase algo”, suelen escribir. El punto es que los tijuanenses que han adoptado una actitud anti migrante, han confundido la defensa de los derechos humanos. Refieren que “se especializan en defender delincuentes”. La altanera actitud también ha sido promovida desde la Policía Municipal. En la manifestación del domingo 25 de noviembre, los oficiales indicaron a los protestantes que guardaran sus palos y piedras, que en caso que no pudieran controlar a los migrantes, les avisarían para que hicieran uso de las mismas. Esta propagación de odio por parte de las autoridades locales, ha llevado a muchos a proferir amenazas contra los defensores de derechos humanos, una situación de gravedad que se suma al ya de por sí critico ambiente en el fenómeno migratorio en Tijuana. Ni gobernador ni alcalde han tenido la capacidad para controlar el manejo de los migrantes. Quieren dinero de la Federación y hacerse campaña personal.
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