Creada como un espacio seguro para adictos, fue clausurada la primera sala de consumo de heroína en México, que abrió en Mexicali. El objetivo es evitar que las personas adictas a drogas líquidas adquieran enfermedades o infecciones. Sin embargo, no contaban con los permisos para llevar a cabo tal labor
La idea de la asociación civil Verter, era habilitar un espacio para que los adictos a drogas líquidas, llevaran su droga y la consumieran “de forma segura”, con herramientas nuevas, esterilizadas y otros elementos. Su objetivo, que estas personas no se contagiaran de enfermedades.
Sin embargo, la sala que estrenaron como un “espacio seguro” para consumo de heroína, no contaba con los permisos para realizar ese tipo de labor. El Ayuntamiento de Gustavo Sánchez la clausuró, mientras en el Sector Salud del Estado, ni enterados estaban del caso.
Dos días después del anuncio por parte del Centro Comunitario Verter, el lugar fue clausurado por no contar con permiso de uso de suelo.
La sala de heroína tenía por objeto tratar con adictos que no buscan rehabilitarse, o no por el momento, y que seguirán consumiendo droga en un entorno inseguro para ellos y para quienes les rodean.
Entre los usuarios se encuentra Marlene, una joven de 26 años que lleva una década consumiendo heroína y metanfetamina. Huyó de su casa desde pequeña porque sufría de violencia doméstica, posteriormente se juntó con una pareja con los mismos problemas de adicción. Un año después se embarazó, por lo que acudió al Hospital Materno Infantil para tener a su hija, sin embargo, al ser una usuaria de drogas inyectables no le permitieron quedarse con el bebé.
Ella como muchas mujeres adictas sufren discriminación al llegar a este tipo de centros de salud donde pasan horas en agonía por la falta de droga, ya que como política pública se les niega la metadona o algún medicamento que disminuya su dependencia o ansiedad, por lo que muchas de ellas escapan de los centros para drogarse.
La joven es una de los casi cien usuarios diarios que acudían al Centro Comunitario Verter antes de ser clausurado.
Otro caso es el de Francisco, un joven usuario con VIH en situación de calle; desde hace cinco años fue detectado por la asociación civil, por lo que fue vinculado a los servicios de salud, y, ante el estigma que sufría, ya no quiso continuar el tratamiento.
Al ser un indigente, difícilmente lo querían atender, además que para poderle dar la medicina lo condicionaron a ingresar a un centro de rehabilitación, cuestión que finalmente no aceptó, por lo que regresó a la calle.
CORRIENTE FILOSÓFICA
Para el Centro de Asistencia Terapéutica de Barcelona, actualmente existen dos escuelas de pensamiento que chocan entre sí, y una sería el origen de la clausura por parte del Ayuntamiento de Mexicali. La primera corriente, llamada “Prohibición”, es la que se encuentra generalizada en México y se aplica como principal política pública en el país para el tratamiento de adicciones. Y la corriente, “Legalización”, defiende “la eliminación de la política restrictiva, intentando limitar los daños asociación al consumo de drogas no médicas”, definen el propio Centro de Asistencia Terapéutica.
Estacion para drogarse
En 2013 se creó la asociación civil Verter, encabezada por la directora Lourdes Angulo, quien vio la necesidad de establecerla a raíz de la desaparición de una AC con sede en Mexicali que se dedicaba principalmente a la trata de personas con VIH.
Verter trabajaba con personas usuarias de drogas inyectables, mujeres y hombres trabajadores sexuales, personas de la diversidad sexual, además de brindar protección a migrantes por su grado de vulnerabilidad.
Según Angulo, desde un inicio se dio seguimiento a la población con la misma metodología para buscar cambios de comportamiento a través de la educación o información.
Entre las actividades que realiza la organización, sobresale la entrega de condones, lubricantes, intercambio de jeringas usadas por nuevas a personas usuarias de drogas, y la entrega de un kit con productos de inyección segura (agua inyectable, toallas con alcohol y filtros).
La responsable de la asociación civil afirmó que en un principio sólo atendían a personas que consumían heroína, pero en fechas recientes decidieron atender a consumidores de metanfetamina, ya que muchos la empezaron inyectar.
“El riesgo es la práctica, la inyección, el uso compartido de jeringas, si una persona puede usar una jeringa usada o compartirla con otra persona, el riesgo de la trasmisión es muy alto; por vía sanguínea es la más rápida, donde se pueden trasmitir infecciones como VIH y Hepatitis C, porque va directamente al torrente sanguíneo” explicó.
Entre los usuarios de drogas inyectables, existe una prevalencia del 90 por ciento en Hepatitis C, mientras que en VIH es de entre 3 y 5%, por lo que se considera un grupo vulnerable a este tipo de infecciones.
Se trata de una filosofía para la reducción de riesgos y daños asociados a personas con este tipo de conductas, la cual surgió desde los años 80, cuando se percataron de que había una alta prevalencia en enfermedades de transmisión sexual en los usuarios de drogas inyectables había un alta prevalencia en enfermedades de trasmisión sexual.
“En este centro comunitario recibíamos entre 60 a 100 personas que acudían por nuestros servicios, la mayoría de la Zona Centro o colonias cercanas y un alto porcentaje están en situación de calle, desfavorablemente hay personas que además de estos servicios requieren otros muchos servicios de salud”, indicó la especialista.
SALA DE CONSUMO SEGURO
Lourdes Angulo explicó que en otros países existen salas de consumo seguro o supervisado y es una más de las estrategias para la reducción de daños, ya que el contexto los pone en vulnerabilidad. “Son personas que en este momento no pueden, o no quieren dejar de consumir, nosotros trabajamos con esas personas, por eso es que con ellos hay que reducir los riesgos a su salud por el consumo de droga”.
Lourdes Angulo, directora de Veter
Mediante el centro comunitario se busca reducir el contagio de enfermedades, muertes por sobredosis o que las personas pierdan alguna extremidad por un absceso mal tratado.
En la sala de consumo seguro se dispone de personal médico capacitado y medicamento para evitar que los usuarios tengan una sobredosis al momento de inyectarse, se les equipa con insumos estériles y se les da información sobre los daños a la salud.
En un primer periodo de prueba, la sala de consumo sería de uso exclusivo para mujeres y posteriormente se abriría al público en general.
CLAUSURADO
La directora del Centro Comunitario reconoció que la clausura se dio por no contar con el permiso de uso de suelo del local, debido a la falta de recursos con los que cuenta la asociación, pero ya se está trabajando con el Ayuntamiento para obtenerlos y reabrir.
“Sabíamos que teníamos que hacerlo, pero no teníamos el recurso, somos una AC sin fines de lucro, todos nuestros servicios y productos son gratuitos y los proyectos que conseguimos no te dan para eso, sin embargo, el cierre de este espacio nos está afectando a la población, esas personas se están poniendo en riesgo porque ya no les estamos proveyendo de jeringas estériles, condones, lubricantes, no estamos ofreciendo las pruebas de VIH, los servicios de vinculación a servicios de salud”.
— ¿Será una represalia por la atención que llamó a nivel nacional?
“Quisiera pensar que no, pero sabemos que fue un tema muy mediático y tal vez pusieron los ojos en las cuestiones administrativas de los permisos, pero ya estamos haciendo las gestiones para tener estos permisos que nos piden”, declaró Lourdes Angulo.
Por su parte, el alcalde Gustavo Sánchez argumentó que la clausura del Centro Comunitario se dio como parte de una operación rutinaria de la administración y no tuvo que ver con las publicaciones que se dieron a nivel nacional.
“No tenía acreditada ninguna documentación que estableciera primero en términos de orden de salud, la información que yo tengo es que no tenía de la Secretaria de Salud para el funcionamiento como tal, algo que es importante si hay condiciones en materia de salud para que funcione. Segundo, tampoco tenía tramitada ninguna autorización de uso de suelo, no puede abrirse simplemente por abrirse, sino que debe cumplirse con los requisitos mínimos”, explicó.
Cuestionado sobre los años que tenía en operación la asociación y la falta de regulación que existe en este tipo de giros, dijo que el centro comunitario tenía apenas semanas funcionando, además, albergues, guarderías y casas para personas de la tercera edad poco a poco han estado cumpliendo con los temas de seguridad y uso de suelo.
Sánchez negó que se trate de una medida conservadora ante una sala de consumo seguro de drogas, y, si cumplen con la normatividad, no tendrán ningún problema en reabrir.
Desde el lunes 26 de noviembre se pidió una respuesta a la Secretaría de Salud del Estado de Baja California sobre el estatus de la asociación, sin embargo, hasta el cierre de edición no se tenía respuesta por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, entidad que sería el órgano regulador.
Por su parte, el secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, aceptó no conocer el tema, ya que se enteró por los medios de comunicación.
“Nunca nos pidieron opinión, es un tema realmente más de tipo legal que nuestro, se habla de drogas que no están permitidas más que en pequeñas dosis, entró el Ayuntamiento y lo clausuró, la verdad es un tema muy delicado, no hemos participado en ello y no estábamos ni enterados”.
Como médico, opinó que se debe hacer lo pertinente para conservar la salud, sin embargo, se requiere respetar el marco regulatorio y no se pueden salir de éste.
“Este tipo de salas tienen sus pros y sus contras, es un tema no muy sencillo, muy difícil, por algo lo clausuró el Ayuntamiento. Tenemos una excelente coordinación con ellos, vamos a seguirla teniendo y cuando nos pidan apoyo, se los vamos a dar”.
— ¿Le había tocado ver este tipo de estrategias en otros lados?
“No, no existe en ningún lado”, puntualizó el funcionario.
Por su parte, la asociación civil Verter publicó un comunicado manifestando su preocupación por la clausura del lugar.
Firmado por 66 personas y 37 organizaciones civiles, el documento establece que en el centro comunitario clausurado “no se comercializan drogas y tampoco se promueve su uso, sólo se brinda un espacio donde las mujeres pueden usar las drogas que necesitan de manera segura y controlada, rodeadas de personal amigable y capacitado en diversos temas de salud”.
Asimismo, se aclara: “El Estado no brinda ninguna alternativa de atención en salud a las mujeres que no están en condiciones de dejar de inyectarse drogas, lo que aumenta no sólo su vulnerabilidad social y la de sus hijos, sino que afecta negativamente sus condiciones de salud”.
Para concluir, piden a las autoridades municipales y de salud las facilidades necesarias para reabrir el centro, debido a las afectaciones que implica el cierre del lugar
