Fernando Peña, director general de la empresa Seguritech, la cual recibió un contrato del gobierno de Baja California para la construcción e instalación del C5i, por un monto de 789 millones de pesos en el curso de 10 años, se refirió al centro de videovigilancia en el estado como “un proyecto muy lindo”.
La empresa que ha obtenido miles de millones de pesos en contratos con gobiernos de la Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y Colima, entre otros estados, ofreció esta mañana una conferencia de prensa para hablar del contrato que entró en vigor en agosto de este año.
Sin embargo, cuando al representante de la compañía se le cuestionó sobre las irregularidades del proyecto, señaladas ampliamente por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública en el Estado, como los sobreprecios en el equipamiento, así como la falta de transparencia en el contrato y las cláusulas que favorecen a la empresa, éste contestó que su empresa se limitó a proporcionar lo que el gobierno del Estado les solicitó.
Tampoco abundó en la demanda por difamación que Seguritech entabló en contra de Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en el Estado, una de las voces más críticas respecto al proyecto.
Al respecto, Fernando Peña solo leyó de una hoja para informar “hemos iniciado, en estricto apego a derecho, una demanda en la vía judicial por las posibles difamaciones que estas declaraciones hayan tenido. Estamos muy respetuosos de la autoridad y los tiempos que la autoridad determine”.
Tampoco confirmó contra quién estaba interpuesta la demanda ni en qué tribunal o cuáles son las declaraciones que consideran difamatorias hacia la imagen de la empresa.
A pesar de que en la Cámara de Diputados se inició una investigación por seis denuncias por irregularidades en contratos de Seguritech con distintos gobiernos como fallas en el equipo, el director de la empresa refirió que no han sido denunciados por incumplimiento de contrato sin hacer mención a los otros señalamientos.
Adelantó que desde hace días, la empresa ha realizado recorridos en los cinco municipios para decidir la instalación del equipo como cámaras de videovigilancia y arcos para la lectura de placas de automóviles.
Lo anterior pese a que no se ha efectuado, por parte del gobierno del Estado, el primer pago de 19 millones de pesos, el cual estaba estipulado en el contrato para efectuarse el octubre de 2018.
Más información en la edición impresa
