A pesar que López Obrador lanzó un plan de seguridad, que incluye la creación de una Guardia Nacional para combatir al crimen organizado, colectivos y organizaciones de la sociedad civil le retiraron su apoyo, porque la estrategia queda en manos de militares. Además, la SCJN invalidó la Ley de Seguridad Interior aprobada en 2017, misma que buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y que nunca fue aplicada por el actual Gobierno de la República. Los ministros se pronunciaron contra la normalización de la participación militar, sostuvieron que el Congreso de la Unión no tenía facultad Constitucional para emitirla
Acompañado por el que será su Gabinete de Gobernación y Seguridad, así como por los coordinadores parlamentarios de las bancadas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presentó la tarde del miércoles el “Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”.
“El propósito principal para garantizar la paz y la tranquilidad será mejorar las condiciones de vida y de trabajo en nuestro pueblo; buscar el bienestar material y, al mismo tiempo, lograr el bienestar del alma […] La familia en México es la mejor institución de seguridad social que existe en nuestro país”, afirmó.
López Obrador también criticó a sus antecesores, ya que acusó que sólo plantearon medidas coercitivas, pero que jamás fueron a la raíz del problema. “Por eso nosotros somos diferentes”, sentenció.
EL PROYECTO DE LA GUARDIA NACIONAL
El presidente electo pidió apoyo al Congreso de la Unión para aprobar las reformas constitucionales necesarias para crear la Guardia Nacional, proyecto que se retomó, dijo, “porque hay mucha descomposición” en los cuerpos policiales civiles.
Además que ante la crisis de inseguridad y violencia únicamente se cuenta con la Policía Federal como cuerpo civil, con 40 mil integrantes, donde hay “honrosas excepciones”, pero en general no se ha consolidado para tener un buen funcionamiento.
López Obrador insistió en que se dividirá al país en 266 regiones, pero que se comenzará con 150 regiones -que estarán en los lugares con mayores índices de violencia- porque no se tiene al personal necesario en las corporaciones de seguridad para tener funcionando todas las deseadas.
Según el documento del Plan de Paz y Seguridad, la Guardia Nacional, que deberá entrar en operación en un máximo de tres años, estará facultada para la prevención de delito, la preservación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia en todo el País.
“La Guardia Nacional quedará expresamente encargada de combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón de las Fuerzas Armadas”, señala el documento de 22 páginas, que dice, además, se desarrollará un programa integral para homologar los ingresos y las prestaciones sociales de policías, militares y marinos.
Los elementos que conformen la futura Guardia Nacional tendrán una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios y protección civil, señala el proyecto difundido.
Los planes de continuidad de López Obrador y Durazo
Durante su intervención, el futuro secretario de la Defensa Nacional aseguró que la Guardia Nacional estará a cargo del combate a la inseguridad, con “respeto al pueblo”, y luego detalló que este cuerpo de seguridad alcanzará los 50 mil elementos en 2021 y tendrá facultades para actuar como auxiliar del Ministerio Público.
Sandoval González informó que la conformación de la Guardia Nacional se hará en tres etapas hasta lograr la suma de elementos. En una primera etapa se sumarán elementos de las Policías Militar, Naval y Federal. En la segunda etapa se incorporarán miembros activos de las Fuerzas Armadas que deseen pertenecer a dicha Guardia, y en la tercera se integrarán jóvenes previamente capacitados.
La Guardia Nacional estará adscrita a la Sedena, contará con vehículos, uniformes, insignias y equipos propios, y su “esquema” entrará en operación a partir del 1 de diciembre. En el sistema educativo militar, abundó el general Sandoval González, se estructurará la ruta profesional para formar los cuadros de dicha fuerza.
“El Gobierno Federal presupuestará y programará el reclutamiento, organización y equipamientos así como adiestramiento de la Guardia Nacional, tomando como base la infraestructura del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México”, indicó el mando militar.
“La condición popular nos motiva a asumir la noble responsabilidad de participar en la seguridad pública y la protección de la integridad y el patrimonio de los mexicanos, se cumplirá su misión con estricto derecho a los derechos humanos y en permanente apego a las normas jurídicas”, agregó Sandoval González.
El futuro titular de la Sedena anunció también, que para efectos de combate al crimen, se dividirá el territorio nacional en 266 regiones, delimitadas por la cantidad de población y la incidencia delictiva. Por su parte, Mario Delgado Carrillo, coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, informó que la Guardia Nacional será una estructura permanente, alimentada de elementos de las policías Federal, Militar y Naval.
El líder parlamentario explicó que la nueva corporación no sólo tendrá entre sus facultades prevenir y combatir el delito, sino que incluso tendrá facultades para actuar como auxiliar del Ministerio Público. Asimismo, adelantó que será capacitada en las instalaciones castrenses, pero también recibirán capacitación de la nueva Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Delgado Carrillo indicó que a pesar de todo el despliegue de seguridad en los dos sexenios pasados no se ha logrado resolver la crisis de inseguridad que, al contrario, ha ido en aumento. “Ha quedado claro, cómo lo ha dicho muchas veces el presidente electo, que la paz y la seguridad son frutos de la justicia y el bienestar”, comentó.
El líder de los diputados federales de Morena reconoció que los miembros de las Fuerzas Armadas han sufrido un desgaste innecesario al participar en tareas de seguridad; sin embargo, dijo, no es posible enfrentar la crisis sin su presencia. Por ello propuso que la Guardia Nacional funcione como coadyuvante del ministerio público.
En su turno, Alfonso Durazo Montaño, próximo Secretario de Seguridad Pública federal, informó de la creación del Consejo para la Construcción de la Paz, además que anunció que impulsarán leyes para poner fin a las confrontaciones armadas, posibiliten el desarme y la entrega de delincuentes.
Asimismo, ofreció reducción de penas e incluso amnistía, condicionada al perdón de las víctimas. Al exponer ocho ejes rectores del Plan, Durazo Montaño afirmó que los índices delictivos bajarán al combatir la corrupción en la Administración Pública Federal.
“La delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios que les ofrezcan un margen de protección e impunidad”, dijo, además de que sostuvo que la inseguridad y violencia no se pueden superar mediante “dimensiones unidimensionales”.
“Como la estrategia regresiva militar casi única y básica en el sexenio que concluye, ya que sus causas son múltiples y de índole social”, señaló, para después ofrecer fortalecer las comisiones estatales de Derechos Humanos para garantizar su autonomía, así como erradicar la tortura por parte de elementos de fuerzas federales.
“Es insostenible la guerra contra el narco que llevó el problema de la esfera de la salud pública a la seguridad pública y nacional”, dijo Durazo Montaño, que además afirmó que se hará “lo humanamente posible” para dar con el paradero de los desaparecidos.
SENADO APRUEBA, EN LO GENERAL, LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL
Con 70 votos a favor y 47 en contra, las bancadas de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Verde Ecologista Mexicano (PVEM), aprobaron en lo general, en el pleno del Senado de la República, el dictamen de la Ley Orgánica de Fiscalía General de la República.
Mientras que los partidos de oposición, Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra del dictamen, el cual, consideraron, no asegura la autonomía del fiscal del presidente en turno, ya que no contempla reformas al artículo 102 de la Constitución.
La iniciativa de la Ley tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.
El documento señala que la Cámara de Diputados, tomando en cuenta el principio de austeridad, contemplará en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 y subsecuentes, la asignación y garantía de la suficiencia presupuestal para la instalación de la Fiscalía y la ejecución de la planeación estratégica de transición.
Por su parte, el colectivo #FiscalíaqueSirva rechazó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 que presentó ayer Andrés Manuel López Obrador, por considerar que pone en crisis el sistema de procuración de justicia y echa por tierra los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma.
“El involucramiento de las fuerzas militares en la seguridad pública legaliza la militarización del país y subordina a las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático, acentuando con ello los altos niveles de violencia que sufre la sociedad mexicana”, informó a través de un comunicado.
El colectivo indicó que a pesar de que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la LSI, la política de seguridad anunciada por el presidente electo pretende reformar la Constitución para militarizar el país y las instituciones democráticas.
Pero no así para consolidar la autonomía de la Fiscalía General de la República y un sistema de justicia que combata la corrupción, impunidad, las graves violaciones a derechos humanos, así como la arbitrariedad de las y los servidores públicos, abundó el colectivo.
SCJN INVALIDA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Por 10 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves la Ley de Seguridad Interior (LSI) aprobada en 2017, misma que buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, y que nunca fue aplicada por el actual Gobierno de la República.
Con diversos argumentos, los ministros se pronunciaron en contra de la normalización de la participación militar en el combate al crimen organizado. La mayoría (seis) sostuvieron que el Congreso de la Unión no tenía facultad Constitucional para emitir la ley sobre seguridad interior, distinta ésta a la seguridad nacional y pública.
Los ministros de la Corte abundaron que la seguridad interior es una función que la Carta Magna reserva al Poder Ejecutivo Federal por conducto del Ejército y la Marina, mientras que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, a través de las diversas policías.
Asimismo, señalaron que en el modelo Constitucional actual la intervención militar en el combate a la delincuencia sí es posible por orden del titular del Poder Ejecutivo, pero tendría que ser excepcional, temporal, fundada y motivada, además de estar bajo un mando civil.
En la sesión del martes pasado, varios ministros habían calificado a la LSI como un “fraude” a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como un incentivo “perverso” para que las autoridades civiles no asuman su responsabilidad de brindar seguridad a la población.
Durante la sesión de este día, Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN, señaló que el Congreso sí podía emitir esta ley, pero que debían eliminarse todos los artículos tendentes a normalizar o quitarle su carácter excepcional a la participación del Ejército en seguridad pública.
Además agregó que, de invalidar todos esos artículos, la LSI quedaría desarticulada, por lo que consideró necesaria una nueva norma congruente y que dé certeza jurídica.
El miércoles, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional integrada por militares, misma que será el eje del combate a la delincuencia en el Gobierno que comienza el próximo 1 de diciembre.
El Artículo 89 de la Constitución atribuye a la Guardia Nacional las mismas funciones que a las Fuerzas Armadas, es decir, la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.
López Obrador solicitó al Congreso de la Unión una reforma Constitucional que asigne tareas permanentes de seguridad pública a la Guardia Nacional, que según el plan anunciado ayer, estará inicialmente integrada por Policía Militar, Naval, elementos de la Policía Federal y posteriormente por miembros de las Fuerzas Armadas, centralizadas bajo el mando en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
