Por 10 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves la Ley de Seguridad Interior (LSI) aprobada en 2017, misma que buscaba regular la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y que nunca fue aplicada por el actual Gobierno de la República.
Con diversos argumentos, los ministros se pronunciaron en contra de la normalización de la participación militar en el combate al crimen organizado. La mayoría (seis) sostuvieron que el Congreso de la Unión no tenía facultad Constitucional para emitir la ley sobre seguridad interior, distinta esta a la seguridad nacional y pública.
Los ministros de la Corte abundaron que la seguridad interior es una función que la Carta Magna reserva al Poder Ejecutivo Federal por conducto del Ejército y la Marina, mientras que la seguridad pública es responsabilidad de los tres niveles de Gobierno, a través de las diversas policías.
Asimismo señalaron, también, que en el modelo Constitucional actual, la intervención militar en el combate a la delincuencia sí es posible por orden del titular del Poder Ejecutivo, pero tendría que ser excepcional, temporal, fundada y motivada, además de estar bajo un mando civil.
En la sesión del martes pasado, varios ministros habían calificado a la LSI como un “fraude” a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como un incentivo “perverso” para que las autoridades civiles no asuman su responsabilidad de brindar seguridad a la población.
Durante la sesión de este día, Luis María Aguilar Morales, presidente de la SCJN, señaló que el Congreso sí podía emitir esta ley, pero que debían eliminarse todos los artículos tendentes a normalizar o quitarle su carácter excepcional a la participación del Ejército en seguridad pública.
Además agregó que, de invalidar todos esos artículos, la LSI quedaría desarticulada, por lo que consideró necesaria una nueva norma congruente y que dé certeza jurídica.
Ayer miércoles, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Guardia Nacional integrada por militares, misma que será el eje del combate a la delincuencia en el Gobierno que comienza el próximo 1 de diciembre.
El Artículo 89 de la Constitución atribuye a la Guardia Nacional las mismas funciones que a las Fuerzas Armadas, es decir, la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.
López Obrador solicitó al Congreso de la Unión una reforma Constitucional que asigne tareas permanentes de seguridad pública a la Guardia Nacional, que según el plan anunciado ayer, estará inicialmente integrada por Policía Militar, Naval, elementos de la Policía Federal y posteriormente por miembros de las Fuerzas Armadas, centralizadas bajo el mando en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
