El anuncio de la creación de una Guardia Nacional ha polarizado a políticos, organizaciones civiles y diversos sectores de la sociedad. La militarización del país podría traer consigo más abusos y no garantiza resultados, opinan. En los dos últimos sexenios se han denunciado más de 10 mil 344 violaciones de derechos humanos y la CNDH ha emitido 174 recomendaciones a la Sedena y a la SEMAR. Decenas de militares y marinos son procesados penalmente por vincularse a grupos del crimen organizado. Inteligencia en lugar de fuerza propone Gustavo González Hernández, ex funcionario del CISEN
Los encuentros cotidianos de la sociedad civil con sus fuerzas armadas no son tan afortunados como cuando se registra un desastre o una emergencia que afecta a determinada comunidad. En esos momentos de apuro son un bálsamo y auténticos héroes. Los elementos castrenses son más bien hostiles, y, con mejor suerte, indiferentes. Soldados y marinos están entrenados para la defensa del exterior, para la guerra. No para convivir con los civiles.
Esa, la otra cara de la milicia, la han conocido desde miembros de la delincuencia organizada y aquellos que incurren en delitos aislados, pero también hombres y mujeres de bien, niños y ancianos que han tenido el infortunio de toparse con algunos malos elementos que cometen abusos y atropellos contra su dignidad humana.
Así le sucedió a Quique, Junior y uno de sus amigos. Tres jóvenes que apenas frisaban los 20 años de edad cuando a finales de enero de 2016, les tocó conocer de los excesos de un grupo de militares pertenecientes al Tercer Batallón de Fusileros Paracaidistas que llegó a Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en busca de presuntos narcomenudistas.
Los tres muchachos fueron sorprendidos durante la noche en la casa de Quique. Los soldados irrumpieron violentamente en el inmueble y la tortura comenzó. Otro joven, en muletas, que despistadamente llegó a saludar a Quique, también fue agredido con la intención de que dijera “dónde estaba la droga”, pero tuvo la fortuna de que le dijeran “lárgate”. A los demás les bajaron los pantalones hasta las rodillas, les dieron más de 100 tablazos en los glúteos y descargas eléctricas en todo el cuerpo.
Familiares de uno de los chicos fueron testigos de cómo los militares los sacaron del sitio y se los llevaron en sus camionetas oficiales, sin darles razón alguna de porqué les detenían y a dónde los llevaban. Pasaron dos días después de aquél infausto 27 de enero de 2016 y los padres se enterarían de que Quique y Junior fueron encontrados muertos en un paraje solitario. Ahí yacía también el tercer joven, al que dieron por muerto, y quien pudo narrar la trágica historia.
Politraumatizado, el único sobreviviente de la atrocidad de un piquete de soldados declaró que además de los métodos de tortura antes descritos, les arrojaron agua con sal, cloro y limpiador Fabuloso en los ojos. Sus verdugos les patearon en todo el cuerpo y les pegaban con una tabla con clavos en sus pies descalzos. En todo momento las víctimas respondieron que no tenían drogas o armas, y no pertenecían a grupos delictivos.
Foto: Cortesía.- El presidente electo y el comisionado Nacional de Derechos Humanos
El testigo no supo más, pues perdió el conocimiento en el desolado predio. Cuando despertó, vio a sus amigos sin vida. Los militares le creyeron muerto. Se arrastró unos metros, ya que no se podía parar e intentó gritar para pedir auxilio, pero no pudo. Se desmayó otra vez y, cuando recuperó el sentido, ya habían pasado dos días y estaba en el Hospital Regional de Tepatitlán. Actualmente varios de los agresores se encuentran sometidos a proceso penal en un Juzgado federal por homicidio calificado, tentativa de homicidio y desaparición forzada.
ABUSOS DENUNCIADOS
Casos como el de estos jóvenes se han repetido a lo largo de los dos últimos sexenios en que arreció una desenfrenada “lucha contra el narcotráfico”. Se estima que en ambos periodos se han cometido más de 10 mil 399 hechos que atentan contra la dignidad de las personas, algunos muy graves, según estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con base en el número de quejas recibidas.
Durante la administración presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa se presentaron 7 mil 441 de las quejas por acciones presuntamente violatorias de los derechos humanos sólo contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que en el periodo del priista Enrique Peña Nieto rebasa las 2 mil 958 quejas.
La mayoría de las denuncias se han formulado por actos en los que soldados han incurrido en detenciones arbitrarias, uso ilegítimo de la fuerza, cateos ilegales, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y violación al derecho humano a la vida.
Aunque pareciera que durante la administración peñista los abusos han ido a la baja, según el número de quejas y recomendaciones del ombudsman nacional, los asuntos colectivos han sido más graves. Basta recordar el caso en que 22 personas fueron asesinadas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. Primero se habló de un enfrentamiento con miembros de la delincuencia organizada, después se conoció que las víctimas fueron fusiladas.
En otros casos, como el de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, se sospecha la participación de militares, pero no se ha probado tal hipótesis. Policías municipales de Iguala de la Independencia y de Cocula, así como presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, han sido inculpados. Muchos de ellos exonerados tras años de proceso.
De los más de 10 mil 399 posibles actos violatorios de derechos humanos, la Comisión Nacional ha encontrado elementos para presumir que hay acciones u omisiones de autoridades que han permitido u ordenado tales abusos. Por ello, desde 2007 a la fecha, el ombudsman ha emitido 174 recomendaciones para investigar plenamente los asuntos, se sancione a los responsables o se indemnice a las víctimas.
En las recomendaciones, sobre todo en la 29/2018, que aglutinó un total de 12 casos de violaciones de derechos humanos cometidos por elementos de la Secretaría de Marina, ocurridos en cinco entidades diferentes por la detención arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en agravio de 17 víctimas, la CNDH cuestiona y al mismo tiempo justifica el empleo de soldados y marinos en tareas de seguridad pública. Once de los quejosos alegaron violencia sexual en su contra.
Los planes nacionales de desarrollo de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2007-2012) y Enrique Peña Nieto (2013-2018) establecieron que la colaboración de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico era necesaria, ya que los recursos obtenidos por la delincuencia organizada, proporcionan a las bandas criminales poder adquisitivo para abastecerse de diversos medios de transporte, armas de alto poder y sistemas avanzados de comunicación que, en su mayoría, superan los de cuerpos policíacos encargados de combatirlos, lo que en consecuencia se convertía en una fuerte amenaza para la seguridad nacional.
SON CORROMPIBLES
La idea romántica de que militares y marinos son incorruptibles se ha echado por tierra por parte de las propias instituciones castrenses, que durante el actual sexenio han enviado a prisión a más de 600 de sus miembros por su probable responsabilidad en la comisión de conductas tipificadas como delitos en el Código Militar o el Código Penal Federal.
Individualmente o en grupo, decenas de soldados o navales han sido acusados de participar con diversos cárteles de la droga y organizaciones criminales. Unos fueron vinculados al Cártel de Sinaloa, al del Golfo, al Arellano Félix (CAF) o Los Zetas. La mayoría en tiempos de Felipe Calderón. A miembros de la Marina les hallaron nexos de protección al grupo de Los Caballeros Templarios a inicios de la administración de Peña Nieto.
Entre los casos más conocidos está el de los soldados del área de Mantenimiento de Simuladores de Tiro, adscritos a la Primera Región Militar. Entre 2006 y 2011 realizaron hasta 13 viajes de marihuana, cocaína y metanfetamina desde distintos puntos del país hasta El Hongo y El Aguaje de la Tuna en Tijuana, a bordo de vehículos militares.
También se recuerda el de los elementos que sustraían armamento de los depósitos de materiales de guerra del Campo Militar Número Uno en Ciudad de México, para venderlos a traficantes que abastecieron de pistolas, fusiles y granadas a miembros de los cárteles Beltrán Leyva y La Resistencia entre los años 2006 y 2010.
Sin olvidar a los soldados de la XV Zona Militar en La Mojonera, en Zapopan, Jalisco, que robaron drogas diversas del depósito de narcóticos de las instalaciones del 79/o. Batallón de Infantería entre 2010 y 2012, para comercializarlas entre sus compañeros y hacia el exterior.
En enero de 2015 se descubrió a elementos adscritos al 22 Regimiento de Caballería Motorizada que en Sonora protegían e informaban de los operativos militares a narcotraficantes de una célula criminal dirigida por “El Memo”, del Cártel de Sinaloa. Al menos tres tenientes de Caballería, un sargento, un cabo y otro número indeterminado de soldados fueron investigados. Algunos procesados por el delito de traición a las Fuerzas Armadas, pues desde marzo de 2014 filtraban información.
LA GUARDIA NACIONAL
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, presentado por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador el 14 de noviembre último, no fue bien acogido por un importante sector de la sociedad y organismos nacionales e internacionales en la parte que propone la creación de una Guardia Nacional que asumirá el mando de operaciones policiales en todo el país. El nuevo cuerpo de seguridad se nutrirá de elementos de la Policía Militar, la Policía Naval y la tan vituperada Policía Federal.
Ese día se informó que se pretende contar con entre 120 mil y 150 mil efectivos para cubrir las 266 coordinaciones territoriales en que se dividirá operativamente al país. Debido a que no se cuenta con tal número de elementos, se iniciaría con 150 coordinaciones en las regiones más problemáticas de inseguridad y violencia para que en un plazo no mayor a tres años se encuentre el esquema completo, lo que incluye la contratación de 50 mil jóvenes para conformar esa fuerza pública. Dicho reclutamiento, capacitación y adiestramiento implicaría una inversión de entre 10 mil y 12 mil millones de pesos.
FOTO: ELIZABETH RUIZ /CUARTOSCURO.COM
“¿Por qué lo de la Guardia Nacional?, porque necesitamos unir todos los recursos, las voluntades que se tienen. Actualmente sólo se cuenta de manera formal con la Policía Federal”, justificó el próximo Presidente de la República al presentar su estrategia.
Tanto la Organización de las Naciones Unidas como Amnistía Internacional y organizaciones no gubernamentales, cuestionaron y rechazaron la creación de la nueva corporación. Aseguran que el esquema propuesto es claro ejemplo de un modelo de seguridad militarizada.
Por su parte, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ve con buenos ojos el Plan Nacional de Paz y Seguridad en la mayor parte de los ejes planteados, sobre todo al tratarse de un gobierno que respetará los derechos humanos, pero aseveró, es contrastante el anuncio de la implementación de la Guardia Nacional, sobre todo porque las fuerzas civiles deben encargarse de la seguridad pública.
Luego de que los días siguientes al anuncio diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en diferentes estados del país en contra de la militarización de la seguridad, el martes 20 de noviembre, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados presentó la iniciativa para crear el cuerpo de élite. Se dejó en claro que la Guardia Nacional actuará como auxiliar del Ministerio Público Federal, bajo su conducción y mando. También se estableció que deberá coordinarse en el desempeño de sus funciones con las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los estados y municipios.
Por su parte, López Obrador aclaró que no desaparecerán los cuerpos de seguridad preventivos que la gente conoce: “Se piensa de que ya no va a haber policías estatales o municipales, que esta corporación va a desplazar a las policías estatales y municipales, eso no se puede por Ley y nosotros nunca vamos a violar la Ley, porque los estados son libres, son soberanos, los municipios también, de acuerdo a la Constitución”.
INTELIGENCIA VS FUERZA
Entrevistado por ZETA, el ex diputado federal y presidente de la Asociación Mexicana de Analistas en Inteligencia, AC, Gustavo González Hernández, no apuesta por una Guardia Nacional: “Es una figura que constitucionalmente está desde 1846, cuando venía la invasión de los norteamericanos, la guerra contra Estados Unidos; se modificó la Constitución para hacer una especie de milicia con los ciudadanos.
“Sin embargo, vamos viendo cómo lo van a instrumentar. Esperemos que no se militarice el país, porque la Guardia Nacional es utilizada para enfrentar otro tipo de fenómenos, como la National Guard de Estados Unidos, por ejemplo, está a cargo de los gobernadores. Entonces, hay muchos detalles a aclarar en el proceso de implementación que se siga”, enfatizó el también ex funcionario del Centro de Información de Seguridad Nacional (CISEN).
Agregó que la sociedad deberá estar muy atenta sobre la forma en que se planteé la creación y facultades de la nueva corporación, “qué tipo de reformas se plantean a la Constitución, porque los militares no pueden estar haciendo labores de seguridad, a menos que estén bajo las órdenes de un mando civil”.
Sobre la declaración de inconstitucionalidad que el mismo 14 de noviembre hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Ley de Seguridad Interior, el experto se mostró de acuerdo en que “esa Ley estuvo muy mal hecha, en primer lugar, tuvo graves deficiencias para dejar en claro qué debemos entender por Seguridad Interior, y son los debates de hace medio siglo, cuando los servicios de inteligencia vigilaban a alguien porque era peligroso para la nación. ¿Cómo sabes que es peligroso, dónde tipificas su actividad para que él previamente haya sabido que ese tipo de actividad iba a ser investigada? Es como el delito: no puede haber pena si no hay delito”, argumentó.
“Había mucha vaguedad respecto a qué era la Seguridad Interior, no lo dejaron muy claro en la Ley, y además daba potestades que iban en contra del Artículo 129 constitucional, donde los militares no pueden de manera autónoma, independiente, estar haciendo labores distintas a la castrense, a menos que se le llame por una autoridad civil”.
González apuesta más por la capacitación de los cuerpos de seguridad municipales y estatales, así como a utilizar la inteligencia para las tareas preventivas no sólo para la persecución de delitos, aunque el panorama no es muy alentador en ese aspecto.
“México está un tanto retrasado en el tema de inteligencia, tanto en su dimensión jurídica, qué potestades tiene, como en su generación del modelo de inteligencia, qué tiene que hacer cada quien, y por último, en la parte técnica”, reflexionó.
Para concluir, el entrevistado reconoció que en los dos últimos sexenios se ha mejorado en el tema a nivel federal, pero la inteligencia no ha permeado del todo a nivel estatal y municipal, “no se han dado cuenta que es una herramienta importantísima para el combate a la delincuencia, no sólo la organizada, que es donde de repente se enfoca; también a la delincuencia común”.
