El magistrado Jorge Armando Vásquez mantuvo la ofensiva contra sus rivales en el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura. El pleito personal que sostiene contra el abogado José Alberto Fernández Torres -allegado a la ex presidenta María Esther Rentería- lo llevó a otro nivel al interponer una denuncia ante instancias internas, acusándolo nuevamente de “conflicto de interés”, con lo que pide su destitución. En tanto, el jurídico del Poder Judicial se defiende de las acusaciones y el abogado Elías Flores Gallego agrega evidencias de los supuestos malos manejos de Vásquez, a quien señala de falsificar firmas
Las aguas no encuentran calma en el seno del Poder Judicial. En las últimas semanas, el tema del máximo órgano jurisdiccional del Estado ocupa espacios mediáticos por golpes y coletazos entre rivales políticos, quienes se vuelven más frontales en cada intercambio. El más reciente acto lo cometió el magistrado Jorge Armando Vásquez, al formalizar su denuncia ante las instancias administrativas contra José Alberto Fernández Torres, actual secretario general del Consejo de la Judicatura y, de acuerdo a las últimas listas publicadas, aspirante a consejero y magistrado.
La acusación es la misma: Vásquez involucra al conocido como “El Chebo” en un conflicto de interés, además de violaciones a la Ley de Responsabilidades -antes vigente- y el Código Penal del Estado por llevar juicios administrativos y amparos al salir de la Unidad Jurídica y al ingresar tres años después al Consejo de la Judicatura; en dos de ellos generaron reinstalaciones con ingresos económicos en favor del despacho de Fernández Torres y sus defendidos.
No conforme con ello, exigió una explicación del por qué no se recurrió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues de haberlo hecho -considera-, los juicios habrían sido ganados.
Ante ello, el director de la Unidad Jurídica, Jesús Ariel Durán Morales, justificó su actuar en ambos juicios y descartó que los abogados del despacho de Fernández Torres -que además trabajan en el Poder Judicial- hayan intervenido en los procesos, de los cuales van dos perdidos.
De manera paralela, el abogado Elías Flores Gallegos, quien denunció a Jorge Armando Vásquez ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Congreso y Contraloría por supuesto desvío de recursos, dio a conocer un peritaje realizado por un funcionario del Poder Judicial, en el cual se asienta que uno de los millonarios contratos firmado por el ex presidente del Tribunal tienen firmas falsas, lo que causaría su invalidez.
LA OFENSIVA CONTRA “EL CHEBO”
Luego de la denuncia de juicio político y penal contra el magistrado Jorge Armando Vásquez, que promovió el litigante Elías Flores Gallegos, el señalado respondió por medio de acusaciones públicas realizadas en por lo menos dos sesiones de pleno del Tribunal, donde acusó al secretario general del Consejo de la Judicatura del Estado, José Alberto Fernández Torres, de tener un conflicto de interés.
Foto: Eduardo Villa.- Ariel Durán Morales, director de la Unidad Jurídica del Poder Judicial
Los alegatos se formalizaron el 4 de noviembre, cuando a través de un documento de 24 páginas, acusó abiertamente a su rival político ante la Contraloría y el Consejo de la Judicatura, solicitando su remoción, además de ser eliminado de la lista de aspirantes a la magistratura vacante y a uno de los dos espacios en el Consejo.
En dicho documento, el magistrado establece diez puntos en los que sustenta sus acusaciones, que van desde juicios administrativos y de amparo de funcionarios de primer y segundo nivel, como María Guadalupe Plascencia Villanueva, Guadalupe Ernestina Sandoval González, César López Padilla y Ana María Inzunza Montoya, removidos durante la gestión de Vásquez y representados por Fernández Torres; además de los integrantes de su despacho: Santiago Sánchez Jiménez, Joel Cázares Siqueiros y Adolfo Serratos Nava, este último incluso empleado del área jurídica del Poder Judicial y socio del “Chebo” en una empresa llamada Fecaser –del ramo de seguridad-, según consta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC).
Aunque perdieron los juicios en instancias administrativas, se emitió una serie de amparos en el periodo de mayo a octubre de 2017, donde hasta el momento han ganado en dos de los casos, por lo que además de pagarse una fuerte suma a dos de estas personas, serán reinstalados.
La sentencia se emitió cuando Fernández Torres ya era secretario general del Consejo, y, aunque se excusó de los casos, no ocurrió lo mismo con los miembros de su despacho que también laboran en el Poder Judicial y percibirán honorarios al ganar estos juicios.
Según Vásquez, “El Chebo” litiga en los Juzgados federales de manera recurrente, pese a que su labor radica en la actividad administrativa del Poder Judicial, donde obtiene -refiere el documento- información privilegiada de la defensa en los casos contra la institución. Fernández Torres ha dicho que no está imposibilitado para litigar, pues su labor es administrativa, no jurisdiccional.
Del mismo modo, Vázquez acusa a Fernández de haber violado la Ley de Responsabilidades -entonces vigente-, que le impedía litigar contra el Poder Judicial por lo menos durante un año al salir de su cargo, además de recibir beneficios económicos de lo mismo.
También, lo acusa de violar el Artículo 337 del Código Penal del Estado, “al asistir a dos o más contendientes o partes con intereses opuestos en un mismo negocio o negocios conexos, o acepte el patrocinio de algunos y admita después el de la parte contrario en un mismo negocio”, por lo cual se debería procederá una investigación ministerial sobre el tema.
Esto -consideró- es llevar una vida deshonesta profesionalmente y violar el principio de lealtad, por lo que pidió su destitución y su remoción de las listas para aspirante a consejero y magistrado, actualmente en evaluación por parte del Congreso.
Vásquez extiende el reclamo hasta la Unidad Jurídica, al considerar que de haber recurrido esos juicios ante el máximo organismo jurisdiccional del país, se habría ganado, pues existen criterios definidos en la SCJN en ese sentido. Sin embargo, al no recurrirlo, otorgaron una victoria fácil al equipo del “Chebo”.
NO HAY CONFLICTO DE INTERÉS: JURÍDICO Y PRESIDENTE
Tanto el presidente del Tribunal, Salvador Ortiz Morales, como el director de la Unidad Jurídica, Jesús Ariel Durán Morales, discrepan en que exista un conflicto de interés por parte de Fernández Torres, pero respetan los señalamientos del magistrado.
Sobre ello, Ortiz Morales comentó: “En el Poder Judicial puede haber diferentes opiniones. Consideramos que no hay nada y lógicamente esperaremos que el trabajo del Consejo se realice, siempre hay imparcialidad entre nosotros”.
Foto: Eduardo Villa.- El magistrado Jorge Armando Vásquez
Mientras que Durán aseveró que los abogados del despacho del “Chebo” no tienen conocimiento de los casos, uno de ellos -Joel Cázares- porque no trabaja en el área jurídica, y el otro -Adolfo Serrato- porque se dedica solo a juicios administrativos y no a amparos.
Cualquier situación y decisión, él la toma como titular del área, por lo que garantiza que no existe intervención de los integrantes de ese despacho en sus decisiones.
En el mismo sentido, justificó por qué no hubo impugnación al momento de perder los juicios de César López y Clara Palacios, ya que una serie de precedentes lo orillaron a tomar la decisión de no llevarlo a la Corte.
El primero se dio a raíz de un juicio de amparo directo promovido por un empleado del Poder Judicial despedido en el año 2008, de nombre Sergio Ramón Hernández Gómez, quien siendo jefe del Departamento de Servicios Generales, se inconformó ante las instancias locales y posteriormente federales, argumentando que fue removido de manera injustificada.
Aseguró que en su Artículo 168, la Ley Orgánica del Poder Judicial precisa que los trabajadores de confianza deben ser removidos de sus cargos de forma justificada.
El director de la Unidad Jurídica comentó que la justicia federal le dio la razón, y aunque interpusieron un recurso de revisión ante el Tercer Colegiado de Distrito, éste lo desechó, priorizando lo establecido en la Ley Orgánica, pese a que existen tesis de jurisprudencia emitidas por la SCJN que no reconocen la estabilidad en los trabajadores de confianza.
El dato fue llevado hasta la Corte a través del juicio de amparo 2228/2018, pero fue desechado con el argumento de que el caso no era “importante o trascendente”, ya que su resolución no generaría algún criterio novedoso. Además, se indicó que debía recurrirse en 2015, cuando se emitió la primera sentencia.
Ante esa situación, la sentencia quedó definida y Sergio Ramón recibirá en próximas semanas una cantidad estimada en 7 millones de pesos.
En mayo comenzaron a llegar los asuntos a través de amparos, los cuales se recurrieron, e incluso la ex directora del Instituto de la Judicatura, Guadalupe Plascencia, se turnó al Cuarto Colegiado y éste decidió de forma totalmente opuesta al caso de Sergio Ramón, por lo que no amparó a la acusadora, pues el Artículo 168 de la Ley Orgánica no la protege por ser trabajadora de confianza, argumentando los criterios establecidos por la SCJN sobre ese tipo de empleados.
Posterior a ello, denunció una contradicción de criterios contra el Tercer Colegiado, generando que el tema fuera evaluado en un Pleno de Circuito donde todos los tribunales -salvo el Cuarto- decidieron respaldar la protección del Artículo 168 de la Ley Orgánica.
Según Durán Morales, a raíz de ello se definió que sólo los titulares de área tienen derecho a mantener una estabilidad en sus puestos, es decir, sólo siete de los mil 200 empleados del Poder Judicial.
Casi de manera paralela se emitió un nuevo criterio de jurisprudencia en la SCJN -junio de 2018-, donde se establece que los terceros interesados no pueden recurrir a las decisiones emitidas en los amparos de revisión, y debido a que el juicio se realiza contra la decisión del Tribunal de Arbitraje y no el Poder Judicial, consideró que no había elementos para proceder.
“No tiene caso, por no decir que se juntaron los colegiados para decir, sobre la lógica no podemos discutir, es para cuestiones administrativas”, destacó el titular de la Unidad Jurídica.
Agregó que una vez que llegaron los juicios de César López y Clara Palacios, recientemente reinstalados como director del Archivo y contralora, respectivamente, los criterios del Tribunal estaban firmes y prácticamente se emitió sentencia de manera directa. A cada uno se le podrían pagar hasta 800 mil pesos, acorde con las primeras estimaciones de autoridades locales.
DUDOSAS FIRMAS EN CONTRATOS DE VÁSQUEZ
Foto: Cortesía
El abogado Elías Flores Gallegos, abierto opositor de Jorge Armando Vásquez, dio a conocer un nuevo documento donde acusa al ex presidente del Tribunal de supuestamente haber falsificado la firma del contrato con la empresa Sinergia Estratégica del Golfo, SA de CV, el 29 de diciembre de 2016, con el que adquirieron equipamiento en Salas de Audiencia en materia de oralidad mercantil para el primer partido judicial de Mexicali.
En el documento avalado por el perito Moisés Cervantes Vásquez y signado el 7 de noviembre de 2018, ponderó varios elementos al revisar las firmas realizadas por los actores involucrados, concluyendo que la rúbrica de José Isabel Estrada Hernández, representante de la empresa, no coincide con la de su credencial habitual.
El peritaje hecho por medio de la observación y comparación concluye que existen grandes diferencias en la firma de la copia fotostática y la plasmada el día que se firmó el contrato, por lo que dicho documento sería inválido jurídicamente hablando.
Respecto a esta información, Vásquez aseguró que el día de la firma del contrato llegó una persona con la documentación correspondiente que lo acreditaba como representante legal y, al cumplir con los requisitos, se acordó la firma, por lo que considera irrelevante si ésta se parece o no.
Para concluir, expuso que en espacios reducidos las firmas pueden sufrir afectaciones en sus trazos y tildó las acusaciones del abogado como “corrientes”, por lo que no teme a nada, pues las partes estuvieron de acuerdo y se brindó el servicio solicitado.
Flores Gallegos presentó este documento ante el Congreso del Estado, la Contraloría del Poder Judicial y en la PGJE, donde interpuso la denuncia NUC 0202-2018-40404 y busca que sea llevado a juicio por no comprobar el pago y los servicios de más de 3 millones de pesos por equipo y mobiliario para las salas mercantiles.
Diputados se enfrentan con “El Chebo” durante entrevistas a consejeros
La entrevista de José Alberto Fernández Torres, aspirante a ocupar un lugar en el Consejo de la Judicatura, se salió de control luego de un ríspido intercambio de palabras entre algunos diputados con el actual secretario general del Consejo de la Judicatura.
“El Chebo”, como es conocido, arribó a la Sala Dueñas del Congreso del Estado para entrevistarse con los integrantes de la Comisión de Gobernación, siendo el segundo aspirante del día.
Acompañado de un gran grupo de abogados -alrededor de diez y algunos del Poder Judicial-, Fernández Torres centró sus temas: combate frontal a la corrupción y la creación de jurisprudencias en temas laborales que obtuvo al recurrir casos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando fungía como encargado de la Unidad Jurídica del Poder Judicial.
Además, presumió solicitudes de juicio político contra magistrados a los que incluso han inhabilitado, y que actualmente el Consejo de la Judicatura no tiene uñas, ni manos ni dientes, por lo que considera que se debe fortalecer esa área.
Notoriamente tenso, Fernández Torres cerró argumentando que no necesita mucho tiempo para expresar todo lo que su carrera ha generado, y afirmó, el servicio público no es para ocupar espacios o meter a trabajar a amigos, sino preocuparse por el ciudadano.
De inmediato se abrió la sesión de preguntas y respuestas. La primera intervención fue de la diputada Victoria Bentley, quien le preguntó por el haber de retiro y el desinterés del Poder Judicial de buscar prestaciones para todo el personal y no sólo para magistrados.
La respuesta del “Chebo” fue enérgica, pues fue justamente él quien litigó la controversia que obliga al Congreso a legislar en torno al haber de retiro, y expuso que le tocó hablar con el presidente del Congreso en ese entonces, citó jurisprudencias que provocaron reformas constitucionales promovidas por diputados posteriormente y que fue un gran esfuerzo sacar el tema adelante, pues se trató de una batalla de seis años y le parece injusto que se le pague con “grillas”, y, a raíz de las reformas a la Ley del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) todos los empleados pueden entregar sus aportaciones para obtener un beneficio de jubilación.
El último “coletazo” que dio fue que hubo omisiones legislativas en las reformas, ya que algunos trabajadores no alcanzarán los años mínimos de cotización y aun así se recauda ese dinero.
Entre declaraciones reclamó que el Congreso incluso apoyó al anterior presidente, Jorge Armando Vásquez -su rival político-, quien habría incurrido en irregularidades al diseñar un reglamento del haber de retiro cuando no estaba legislado. “¿Y eso qué te genera como servidor público?, no importa lo que se diga. ¿Y cómo te pagan, con grillas?”, reclamó el aspirante, para agregar: “Se prestan a esas grillas, entonces, mata la vaca o le jala la pata, pero aquí estoy, por eso vine ante los diputados, aquí estoy. Ésta es mi respuesta”.
Bentley hizo otra pregunta sobre cómo combatió la corrupción cuando estuvo en la Unidad Jurídica, a lo que Fernández Torres contestó que durante su gestión inhabilitaron y combatió recursos contra dos jueces, los cuales logró ganar en instancias superiores.
Agregó un caso de juicio político contra “un magistrado” que él recurrió, “ese tipo se va y le habían escondido el oficio, díganme ustedes si no es corrupción y ahora andan llorando que yo soy el corrupto. Lo digo porque el que se la compra es igual de corrupto”.
Andrés de la Rosa Anaya frenó la intervención pidiendo moción de orden, afirmando que temas personales no debían llevarse a este recinto. “Chebo” continuó hablando, pero fue acallado por el presidente de la Comisión, quien cedió la pregunta al diputado Catalino Zavala. Éste cuestionó las acciones de combate a la corrupción específicas de cómo llevó estos juicios, a lo que “El Chebo” argumentó que tuvo que recurrirlos en tribunales de varias partes de la República, incluso bromeó que por eso lo acusaban de “viajero”.
La segunda pregunta fue sobre si su despacho llevaba juicios contra el Poder Judicial -como ZETA lo denunció-, a lo que expuso, llevó juicios de consejeros y de empleados antes de entrar al cargo.
Destacó tener buena relación con 16 de los magistrados. Zavala reviró pidiéndole una respuesta honesta sobre su amistad con el director jurídico de la actual administración.
Fernández Torres intentó explicar su relación, a lo que su interlocutor le pidió una respuesta clara, de sólo un “si” o un “no”. Esto provocó que se enfrascaran en un alegato entre diputado y aspirante que se salió de control, pues uno decía que no le permitía contestar, mientras el otro buscaba respuestas concisas.
Zavala le preguntaba si percibiría ganancias por los juicios que su despacho llevó contra el Poder Judicial, a lo que Fernández planteó: “¿Me va a dejar contestar?”. El enfrentamiento continuó cuando “El Chebo” comentó que lo había “visto con una persona” -haciendo referencia a Armando Vásquez-, lo que molestó al diputado, quien le advirtió, no permitiría involucrar temas personales.
“No le voy a aceptar observaciones personales de esta naturaleza; no son las respuestas”. El aspirante -que se mostraba molesto- terminó por ofrecer una disculpa.
Regresando a la respuesta, hizo referencia al reportaje de ZETA, en el cual se le acusa de “conflicto de interés” al llevar juicios contra la dependencia, afirmando que es un tema que generó gran controversia.
Catalino Zavala nuevamente lo “frenó” y le exigió una respuesta clara. “¿Tuviste intervención en las sentencias?, a lo que el aspirante respondió “no”.
Así concluyó la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes ofrecer Fernández Torres otra disculpa por “la alusión personal, pues a veces se acelera un poquito”. Eduardo Villa Lugo
