El Gobierno del Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid se mostró ineficiente ante la crisis, ausente e insensible en un tema que afectó a miles de estudiantes, maestros y jubilados; además, quedó evidenciado el mal manejo de los recursos públicos
Esperanzados en un recurso federal extraordinario que nunca llegó, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Finanzas, solicitó un crédito a corto plazo por más de 300 millones de pesos, para poder enfrentar la nómina corriente del mes de octubre de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
Pero eso apenas es un paliativo, ya que en tres semanas tendrán que pagar la nómina de noviembre y posteriormente conseguir recursos adicionales para pagar el aguinaldo en los primeros días de diciembre.
Si bien el Gobierno Federal recortó los recursos destinados a Fortalecimiento Institucional, Gobierno del Estado debió prever una alternativa para una situación de la que se encontraban advertidos por la Federación desde 2014.
La crisis del magisterio en Baja California fue un tema abordado oficialmente de la peor manera, con un gobernador ausente del problemas, secretarios resolviendo el conflicto de último momento y un pésimo manejo político, lograron que además de los 7 mil jubilados se unieran al paro total los 18 mil maestros activos, dejando sin clases a 220 mil alumnos por casi siete días hábiles.
JUSTIFICACIÓN ABSURDA
Del Gobierno del Estado, a través del secretario de Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, se informó a ZETA que hasta el miércoles 7 de noviembre cuando se logró concretar un préstamo por poco más de 300 millones de pesos, para salir adelante este mes.
Afirmó que Baja California destina el 48 por ciento de sus recursos propios al tema educativo, muy por arriba de la media nacional que oscila entre el 13 y 20%, y que esto se debe en gran medida a una serie de contraprestaciones únicas en la entidad.
Aparte de la nómina estatal, advirtió que a los maestros federales se les otorga un diferencial para igualar el monto a los salarios de los docentes estatales, lo que provoca un estrés financiero.
“No es que no esté presupuestado, nuestro gasto es grande y además creciente por razón de que cada año se están jubilando más maestros y nosotros nos comprometimos a incorporarlos, lo que significa más dinero”, expuso.
El funcionario estatal indicó que se solicitó un crédito a corto plazo para hacer frente al problema, lo que equivale a 306 millones de pesos, monto que tendrá que absorber el Estado ante la falta de recursos de Issstecali.
Magisterio presenta iniciativa ciudadana para abrogar reforma a Ley del Issstecali
Docentes conformados en el movimiento defensa Jubilación Dinámica de Maestros, presentaron ante el Congreso del Estado de Baja California una iniciativa ciudadana para revertir la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), al considerarla deficiente y discriminatoria, ya que segrega al magisterio de la burocracia.
En el documento entregado el lunes 5 de noviembre, el magisterio aglutinado en la nueva agrupación señaló “estar viviendo una etapa de incertidumbre, inseguridad y falta de certeza por falta cabal de cumplimiento por parte de las autoridades patronales y por parte del Issstecali, en cuanto al correcto otorgamiento de las condiciones de retiro, aplicación adecuada de los sistemas pensionarios y de seguridad social”.
Atribuyeron ese estado a las reformas del 11 de marzo de 2016 a la Ley que regula a los trabajadores en materia de Seguridad Social, publicada en el Periódico Oficial el 17 de febrero de 2015.
En la iniciativa recibida en la Oficialía de Partes de la XXII Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, el magisterio indicó que la implementación de la nueva reforma en seguridad social registra “infinidad de deficiencias, como omisiones”.
Entre éstas, enumeró la justificación de separar al magisterio de la burocracia, ya que “se centró en dividirlos para poder cobrar cuotas y aportaciones de más de 10 mil trabajadores de confianza en el Estado. Al día de hoy pocos son los que se han integrado para el descuento del fondo de pensiones y como consecuencia de ello se ha emitido el correspondiente pago de aportaciones por parte de los patrones obligados”.
Esta separación fue más allá de una simple división, ya que se les diferenció en el esquema pensionario, edad de retiro y montos de cuotas, siendo desproporcional la medida y evidentemente discriminatoria, subrayó el abogado Guillermo Rivera, del despacho De la Peña y Rivera, representante legal de los docentes.
“A la fecha ninguna autoridad ha justificado o explicado por qué los burócratas que ya cotizaban en el fondo de pensiones y jubilaciones del Instituto sí se jubilarán y pensionarán en los términos de la abrogada Ley del Instituto, y los trabajadores del magisterio que, de igual forma ya cotizaban en el fondo de pensiones y jubilaciones, se regirán por la nueva Ley del Instituto, la cual les exige más requisitos”, detalló.
De igual forma, “aún no se han transparentado las finanzas y administración del Issstecali, mucho menos se ha auditado por entes externos confiables”.
La reforma, agregaron los docentes en la propuesta, no ha acabado con el rezago de otorgamiento de pensiones y jubilaciones, “la lista de prelación año con año ha rebasado u oscila en los tres mil derechosos”. Tampoco se han fincado créditos ni recaudado pagos importantes por concepto de omisiones de aportaciones y actualizaciones adecuadas.
La iniciativa hizo alusión a que la incorporación de los cuerpos policiacos fue una de las bases de justificación para la separación del magisterio y burocracia, pero a la fecha “ni ellos ni sus respectivas familias cuentan con seguridad social integral”.
En su iniciativa, el movimiento de defensa Jubilación Dinámica de Maestros planteó a los diputados responder “cómo justificar que un burócrata, al 17 de febrero de 2015, que tuviera un día cotizando al fondo de pensiones, le corresponderán los beneficios de la Ley del Issstecali de 1970, y a un maestro a la misma fecha -17 de febrero de 2015-, pero que tuviera 29 años cotizados, le corresponderá la aplicación y consecuencias de la nueva Ley de 2015”.
Respecto a la iniciativa presentada al Congreso, el diputado integrante de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos constitucionales, Luis Moreno Hernández, consideró que para que la abrogación de esa Ley “sea rápida y no encuentre obstáculos, debe ser promovida por el Ejecutivo estatal, así contaría con la mayoría de votos en el Congreso y no veo a algún partido que se oponga”.
Caso contrario, advirtió que seguramente será enviada a Comisiones “y ahí el proceso puede ser muy lento” para que pueda ser turnada al pleno. Isabel Mercado
Sin embargo, Hernández Diaz aún se encuentra esperanzado en obtener recursos extraordinarios de Fortalecimiento Financiero, los cuales oscilan entre 960 a mil 280 millones de pesos, y que históricamente han utilizado para el pago a jubilados y aguinaldos.
Cuestionado sobre el préstamo que el Congreso les autorizó a principios del sexenio, de casi dos mil millones de pesos que serían destinados enteramente al rubro de jubilaciones de Issstecali, el titular de Finanzas explicó que originalmente eran para el pago de jubilaciones, pero al cambiar la Ley federal, los recursos no se podían utilizar en gasto corriente, por lo que debían destinarlo a obra pública, lo que hicieron.
Cuestionado sobre la posibilidad de encontrar otra medida viable en caso de no conseguir los recursos federales, Hernández Díaz respondió: “Tenemos que agotar la estrategia de la negociación con el Gobierno Federal, es lo primero que tenemos que hacer, ése es el único método de financiamiento que tradicionalmente hemos estado negociando y obteniendo que es este recurso extraordinario, la segunda estrategia es todo el programa de austeridad presupuestal”.
Por su parte, Carlos Enrique Ramírez Escamilla, delegado federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California, señaló que desde 2014, el Gobierno del Estado conocía sobre la disminución de los recursos extraordinarios, por lo que se dijo sorprendido por la falta de pago.
“La verdad, a Baja California se le ha apoyado desde 2014 con más de 5 mil 656 millones de pesos de recurso extraordinario, a veces no es posible atender peticiones adicionales dadas las reducciones presupuestales y eso está normado, las presiones del gasto que tiene Gobierno del Estado son entendibles pero éstas fueron conciliadas en 2014 y, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se establecieron los calendarios y asignaciones extraordinarias”.
Dijo que actualmente al Gobierno Federal no le es posible apoyar de manera extraordinaria a la entidad, debido a los cierres presupuestales del año y de la administración federal.
— De lo presupuestado, ¿se le debe algún dinero a Gobierno del Estado?
“De lo presupuestado no, absolutamente”.
El funcionario federal indicó que en 2014 se entregaron mil 260 millones de pesos, mil 784 millones en 2015, mil 185 millones en 2016 y 925 millones en 2017.
Consignas
MAESTROS SIN PAGO
Para el maestro jubilado Ramiro Banda Luna, la falta de pago significa dejar hasta de comprar medicina que Issstecali no les proporciona: “Estamos en una lucha en aras que tanto Gobierno del Estado como Issstecali cumplan y respeten nuestros derechos pensionales; el sistema federal aporta el 2% para sus jubilaciones, nuestros compañeros jubilados de la Sección 37 aportamos desde un principio el 6%, luego subimos al 9% y, como el dinero nunca alcanza, hasta el 12%. Esto nos da el derecho a exigir que se nos cumpla cabalmente esos derechos, porque nosotros sí cumplimos”, explicó.
Para el representante de los jubilados y pensionados de la Sección 37, Leonardo Valdivia Briceño, se trata de un problema de corrupción ya que es un tema que se debe presupuestar.
“No sé en qué nivel podamos nosotros manejar la corrupción, sabemos de antemano que sí hay corrupción, eso lo sabemos y los saben ustedes, lo que quisiéramos saber es hacia donde se fue ese dinero que ya estaba en las arcas del Gobierno del Estado”.
MAL MANEJO DE LA CRISIS
La dirigente de la Sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo, afirmó que en ningún momento tuvo comunicación con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, para explicarles la situación, por lo que decidieron irse a paro:
“Yo no he tenido contacto con el gobernador, he estado de manera directa con el director de Issstecali, Javier Meza, con quien hemos estado en comunicación; es el único funcionario de primer nivel que ha dado la cara”, expresó la dirigente.
Desde principios de octubre, la dirigente de los maestros había solicitado al Gobierno del Estado realizar la prevención para poder cubrir el pago en el mes de diciembre, sin embargo, la problemática se adelantó dos meses antes.
“Yo había enviado un oficio tanto al Congreso del Estado como al gobernador y a Planeación y Finanzas solicitándoles que le pusieran atención al tema de jubilados y pensionados y que previeran lo necesario para que tuvieran la capacidad financiera de poder hacerle frente al mes de diciembre, pues ya pasó, es de mi interés que les paguen pero que garanticen como salir avante con el pago de diciembre”, advirtió.
A pesar de que el secretario General de Gobierno, Francisco Rueda, les informó que se les pagaría desde el miércoles 7 de noviembres, la maestra indicó que no iban a levantar el paro hasta tener el recurso en las cuentas de los jubilados.
Por su parte, el dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), Víctor Fernando García Dávalos, dijo que el Sindicato no tenía ninguna información oficial hasta el miércoles 7 de noviembre por la tarde, y que las declaraciones del Ejecutivo buscaban desestabilizar el movimiento.
“La autoridad no da la cara, no sabemos qué está pasando con el dinero que nos descuentan de pensiones y jubilaciones, íbamos a tener una reunión pero no nos han comunicado ni la hora ni en dónde ni nada”, explicó
Fueron los maestros del SETE quienes decidieron desde el martes 6 de noviembre por la mañana tomar las instalaciones de Recaudación de Rentas en todo el Estado; en Ensenada, por ejemplo, tapizaron el edificio con mensajes de repudio en contra de Francisco Vega de Lamadrid.
Una maestra que cumplió con el periodo laboral de 30 años, pero no ha podido cobrar el dinero de la pensión que por Ley le corresponde, escribió en una lona que “robar es un delito, pero robar a un pensionado es una infamia”.
Paro de maestros
Como parte de la protesta, los docentes se establecieron en un campamento con fogatas y en todo momento los elementos de la Policía Municipal resguardaron.
En respuesta, el secretario de Educación y Bienestar Social, Miguel Ángel Mendoza González, pidió a los docentes regresar a las aulas justificando que los maestros en activos no tuvieron ningún problema en cobrar su quincena.
“Son medidas radicales, el planteamiento es justo por parte de los jubilados, todos sabemos que ellos reciben esta pensión a fin de mes y con esto sufragan sus gastos, pero sí está tomando cartas en el asunto el Gobierno del Estado y pedirle a los maestros que regresen a clases”.
Agregó que en Baja California se dejaron de recibir recursos federales por diferentes conceptos, en el caso de los destinados a la educación ascienden a 4 mil millones de pesos, por lo que se están fondeando con recursos extraordinarios el pago a jubilados.
— ¿Van a descontarle los días no laborados a los maestros?
“Estamos documentando toda la inasistencia, por Ley yo tengo que llevar a cabo todas las acciones que me obliga la Ley, por lo que estamos documentando todo para proceder al descuento”.
Mendoza González expuso que existen distintos tipos de intervenciones pedagógicas con los cuales los docentes pueden recuperar las clases, pero todavía no se analizaba la posibilidad de extender el ciclo escolar, debido a que se tenían que sujetar al calendario nacional.
El funcionario evadió la responder sobre el procedimiento de remoción a los profesores que tuvieran 3 faltas consecutivas, pero no cerró la posibilidad de poder darlos de baja.
QUEJA ANTE LA CEDHBC
Por su parte, maestros del Grupo Gestor Águilas se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) para iniciar una queja por la falta de pago de pensiones y jubilaciones en contra del gobernador, el secretario de Planeación y Finanzas y el director de Issstecali, por no advertir con anticipación sobre la problemática de las finanzas de la institución.
Javier Gutiérrez Pizano, dirigente de la organización sindical, señaló que no concuerdan con la dirigencia sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la cual se encuentra demandada por desvíos de recursos del Fondo de Retiro.
Alrededor de 500 maestros deberán ser jubilados por laudos, más otros 300 que se encuentran pendientes. por lo que al no existir recursos suficientes realizaron la “argucia” con el fin de para las jubilaciones.
EXIGENCIA
Asimismo, la diputada federal Marina del Pilar Ávila Olmedo comparó a Vega de Lamadrid con el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, al reclamar la falta de pago a los jubilados.
“‘Kiko’ Vega es el Javier Duarte de Baja California; el miserable ni si quiera le ha dado la cara a los afectados y está esperando que transcurran los días, sin pensar en el daño tan grave que le hace a miles de familias bajacalifornianas”, expresó la legisladora desde su cuenta de Facebook.
En el mismo sentido se expresó el senador Jaime Bonilla, quien subió una video columna en la que aseguraba que los docentes quedaron atrapados entre la irresponsabilidad de los gobiernos Federal y del Estado.
“El recurso debe estar contemplado en el Presupuesto de Egresos del Estado”, expuso Bonilla.
Afirmó que Vega estuvo ausente durante toda la crisis; en lo que respecta al gobierno de Enrique Peña Nieto, aseguró que ya bajó la cortina, como si las semanas restantes la vida pública se paralizara.
Mayra Flores, dirigente estatal de Transformemos, culpó al Gobierno del Estado por la falta de clases y pidió se haga una auditoría a las finanzas estatales:
“Exhortamos a que desde el Congreso de la Unión se instruya a la Auditoría Superior de la Federación a fin de que se haga una investigación exhaustiva sobre el manejo del erario por parte del gobierno estatal”, finalizó.
En contraparte, José Luis Ovando Patrón, dirigente del Partido Acción Nacional en el Estado, acusó a Movimiento Regeneración Nacional de lucrar con la falta de pago a maestros:
“Son unos hipócritas porque, si tal fuera su interés por la situación, ya estuvieran desde el Congreso federal analizando la situación y ordenando se manden los recursos para solventar dicha problemática”, concluyó.
