En Baja California, en 2019 habrá elecciones locales. Ya sabe, se renovarán las cinco alcaldías, los 25 escaños en el Congreso del Estado y la gubernatura. Es de suponer, en esas condiciones, que los partidos políticos deberían estar haciendo su labor para intentar convencer al electorado, de una vez, que ellos -cualquiera- representan la mejor opción.
El tema es que después del 1 de julio y la arrolladora votación a favor de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República, pero que alcanzó para llevar al poder a toda clase de candidatos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la creencia local es que esa votación les alcanzará hasta junio de 2019 y que ello bastará para ganar todo en el denominado “Estado 29”.
En ese contexto, algunos partidos como Acción Nacional, concentran sus fuerzas en las negociaciones con quienes se dicen los representantes de Morena para -en el probable caso-, si pierden la elección, establecer un pacto de impunidad que aleje al gobernador Francisco Vega de Lamadrid y a sus colaboradores de las investigaciones ministeriales por corrupción, cohecho, peculado y cosas así.
Es probable, en cualquier elección cualquier resultado es probable, que efectivamente el PAN termine con 30 años de gobierno de Baja California, aunque ciertamente no todo será acreditable a Morena, cuanto más a la actitud insensible, la conducta tendida hacia la irregularidad y la indolencia gubernamental de la administración de Vega para solucionar los problemas de los bajacalifornianos, y sí abonarle a la sospecha de corrupción.
Vaya, que si el PAN pierde, no será enteramente por el efecto López Obrador, sino por una administración estatal que sumió en la deuda al Estado, que lo llevó a niveles altísimos y gravísimos de inseguridad, que no combatió la impunidad, que no generó inversión, que no realizó obra considerable, y cuyos miembros se fueron enriqueciendo o incrementando sus capitales al tiempo que los de los bajacalifornianos se vieron minados.
En estas condiciones, con representantes de Morena prestos a hacer eco de las promesas de campaña de López Obrador, y a presumir cualesquiera que sean los logros que adquiera al inicio de su sexenio, y a unos panistas agazapados y más concentrados en cuidarse las espaldas y asegurar el futuro político para no terminar en prisión, los que se están viendo lentos, anquilosados, disminuidos y rebasados, son los priistas.
Ciertamente el gobierno de Enrique Peña Nieto y la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña a la Presidencia de la República, dejaron al Partido Revolucionario Institucional en la lona político-electoral. El tercer lugar en la contienda nacional, los ha sumido en una derrota de la que no se han podido parar. Claudia Ruíz Massieu, la dirigente nacional tricolor emergente luego que cambiaran en dos ocasiones y en plena campaña a su líder nacional, no ha comprendido el contexto de Baja California y la importancia de ser la única elección a gobernador que habrá el próximo año.
A estas alturas, los priistas locales no llegan siquiera a tercero en discordia en términos electorales. Los ánimos y la organización que tienen por ejemplo los partidos “pequeños” (el PRI está prácticamente en esa categoría), contrasta con el silencio y el derrotismo tricolor.
En el PRI de Baja California, no están aprovechando los desaciertos y los yerros del gobernador Vega para iniciar una campaña de contraste de proyectos, de ideas, o por lo menos de crítica ante un proyecto panista que en el Estado ha resultado fallido. De la mano de David Ruvalcaba corren más en el Hipódromo que en las ligas electorales.
La cercanía de Jorge Hank (apoderado del PRI ante la indiferencia del Comité Ejecutivo Nacional sobre Baja California) con el gobernador Francisco Vega, ubica a los tricolores más en una senda de la sumisión y la complicidad para la impunidad, que erigirse como un proyecto político en un intento por rescatar votos o aparecer atractivos para el electorado que el próximo año acudirá a las urnas locales.
Los diputados priistas en el Congreso del Estado están a merced de las negociaciones a las que Ruvalcaba llegue con el gobernador, que en proporción a la fortaleza electoral del 1 de julio, representarán para los priistas migajas gubernamentales y acaso boronas electorales que les permitan obtener posiciones por representación proporcional, más que ganar elecciones.
Definitivamente el PRI local, como el PRI nacional, debería transitar por una transformación que lo lleve de ser un partido derrotado en el ocaso de su vida política, a levantarse como una oposición al gobierno, panista en la entidad, y morenista en el país. Regresar a la defensa de las causas sociales, castigar la corrupción interna para señalar la externa, y combatir el autoritarismo de los gobiernos con votos legislativos independientes, y no resultado de una negociación política.
Como van las cosas, con la elección de Baja California en puerta, y si los priistas dirigidos por Ruvalcaba siguen en el marasmo político intentando negociar pedazos de un gobierno maltrecho, u obtener réditos de negociaciones corruptas, la derrota la tienen asegurada. Así sea la candidatura al Gobierno del Estado, a capricho del del Hipódromo.
Es una pena, en una democracia, que los partidos no sean oposición, que no lleguen a tercero en discordia, y que por el contrario, sean parte de una masa amorfa sin ideología política, que negocia con gobiernos corruptos, alejándose de la sociedad y de la oportunidad de disentir y señalar.
Y en Baja California, hay mucho que señalar. Si son valientes, claro.
