PAN impulsa la prohibición de uso de efectivo en la recaudación y gasto de los gobiernos federal, estatal, y municipal. La propuesta en el Senado contribuiría a la transparencia de esos recursos, pero no garantiza un gasto eficiente, señala experto
Derivado del pago de diversos impuestos como el predial, permisos de ambulantaje, copias de registro civil, licencias de construcción (cuando se trata de edificaciones pequeñas), el Ayuntamiento de Tijuana recaudó 768 millones de pesos en efectivo, durante 2017, sin considerar el monto que captan las paramunicipales como el Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
Así lo informó Ricardo Chavarría Morales, tesorero municipal de Tijuana, quien abundó que en lo que va de 2018, la captación de las 25 cajas de la Tesorería ha permitido obtener 614 mil 240 millones de pesos.
Si bien este municipio es el que más recaudación tiene, el porcentaje de ingresos en efectivo con respecto al total es similar en el resto de los ayuntamientos, estimó el funcionario y refirió que por ley los ayuntamientos no pueden recibir pagos por más de 50 mil pesos en efectivo.
De modo que son montos pequeños que el ciudadano paga por diversos conceptos, y que al día una empresa de valores recoge de las cajas los recursos y se ingresan a una institución bancaria, para integrarse a las cuentas corrientes que son usadas para pagar a proveedores.
Desde su perspectiva, la propuesta impulsada por los senadores panistas que prohibiría el uso de efectivo en los gobiernos federal, estatal y municipal, radica en que el recurso que se capta no llega a las cuentas de algunos ayuntamientos.
Sin embargo, consideró que es “un poquito difícil que ahorita eliminemos el 100 por ciento del efectivo, porque hay mucha gente que no tiene un empleo formal, que recibe en sus negocios efectivo y no dispone de ese recurso en una cuenta para hacer un pago a través de una tarjeta”.
“El tema es cómo evitar que esos recursos se desvíen. Pues muy fácil, dando mayor atención a la parte de las Auditorías Superiores de la Federación o bien de las Estatales, que cumplan bien con su tarea y su trabajo en vigilar”.
Foto: Alan García Loza
Agregó que el Ayuntamiento ha empleado medidas como la rotación de los funcionarios, para evitar que el personal cobre pero no ingrese el dinero, ya que en 2016 detectaron diez casos, y en 2017 uno.
En México se carece de un registro público sobre el monto que los gobiernos federales, estatales y municipales recaudan, no obstante, datos del estudio “Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México” indican que para algunos municipios el monto podría equivaler hasta 70% de sus ingresos.
PAN IMPULSA PROHIBICIÓN DE USO DE EFECTIVO
El pasado 2 de octubre, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado presentó una iniciativa que prohibiría a los gobiernos municipal, estatal y federal usar dinero en efectivo, ya sea en moneda nacional, divisas y metales preciosos, tanto en la recaudación como en el gasto de recursos.
Lo anterior, con el fin de combatir la corrupción, y evitar casos como la detención de un funcionario del exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, a quien le hallaron 25 millones de pesos en efectivo en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, en 2012. Y, que luego fue justificado como un pago a la empresa Industria 3 S.A. de C.V, por participar en tres eventos masivos.
Damián Zepeda Vidales, coordinador de los senadores blanquiazules, detalló a ZETA que la propuesta panista plantea que la prohibición entre en vigor de forma escalonada: un año después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF); dos años más tarde para los estados; tres años para los municipios con una población mayor a 200 mil habitantes, y cuatro años para el resto de los ayuntamientos.
Explicó que la iniciativa “faculta a un Consejo de Armonización Contable a nivel nacional, donde estarían los tres niveles de gobierno, para que en aquellos municipios y zonas rurales donde no hay sistema bancario puedan tener más tiempo e incluso excepciones en los casos donde se pueda utilizar éste”.
Ese órgano también emitiría “los lineamientos para regular los casos y las condiciones en que excepcionalmente los entes públicos podrán recibir ingresos y realizar egresos mediante uso de monedas y billetes, ya sea moneda nacional o divisas, o mediante metales preciosos”, a más tardar seis meses antes que entre en vigor para la Federación.
Con ello, se modificarían las leyes General de Contabilidad Gubernamental; de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios.
En entrevista, Zepeda Vidales expuso que actualmente no existe una regulación similar en el país pero Suecia y Dinamarca han impulsado el tema entre su población. “En Suecia ahorita tienen tan sólo 1% de uso de efectivo. En Dinamarca se aprobó un plan de largo plazo para limitar el uso de efectivo, no nada más en el gobierno, sino en las operaciones de los ciudadanos”
Lo anterior, dijo, evita que “si los gobiernos tienen ingresos de un tamaño considerable en efectivo puedan sub reportarlos, es decir, señalar que recibieron menos y quedarse con efectivo, fruto de la corrupción”.
“Un ejemplo muy sencillo es en un espectáculo hecho por un municipio, en el que se pueden reportar menos entradas de las que realmente hubo, con lo que se tendría un sobrante de recursos, los cuales pueden ser usados para las campañas políticas”.
En ese sentido, el Senador refirió que el estudio “Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México” observó un incremento de circulación de efectivo durante las campañas electorales proveniente de los gobiernos.
Zepeda Vidales afirmó que mientras Acción Nacional “está impulsando iniciativas que cierran el paso a la corrupción, desgraciadamente Morena a nivel local, en el estado de Tabasco, hace reformas en sentido contrario”; en alusión a que por iniciativa de la legisladora morenista, Nelly Vargas Pérez, el Congreso de Tabasco avaló modificaciones que permiten la adjudicación directa de contratos de grandes obras.
Respecto a la posibilidad de que la iniciativa panista pueda ser avalada en las comisiones de Anticorrupción y Estudios Legislativos, para después pasar al Pleno, Zepeda Vidales señaló que es un tema que lleva tiempo, por lo que no hay fecha para dictaminarla; y se mostró confiado en que la iniciativa no se quede en la “congeladora”.
INICIATIVA NO GARANTIZA GASTO EFICIENTE; BC DESTINA EN VIÁTICOS 365% MÁS QUE EN SALUD
Martín Cutberto Vera Martínez, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), consideró que esta propuesta contribuiría a transparentar el efectivo que recaban los gobiernos municipales, estatales y federales; y disminuiría la corrupción en ese ámbito; especialmente en los programas sociales, los cuales pueden ejercer recursos por un monto que equivale a más del 60% del presupuesto de cualquier estado, municipio e incluso del gobierno federal.
Aun cuando mucho del apoyo, sobre todo a los adultos mayores y madres solteras, se brinde utilizando tarjetas para transferir el recurso, alrededor del 70% sigue entregándose en efectivo.
Por otro lado, dijo que el país ha hecho un esfuerzo para disminuir las operaciones en efectivo, al “prohibir comprar artículos como joyas, automóviles y casas en efectivo. Y los bancos tienen que reportar operaciones continuas que rebasen los 10 mil dólares”.
No obstante, la propuesta panista no combate la corrupción que podrían usar esos recursos una vez ingresados a las arcas públicas y que se da mediante otros esquemas como las transferencias a empresas fantasma y a paraísos fiscales, así como la comisión que tienen que entregar los empresarios en cada licitación de una obra pública importante, que sobre carga los costos.
Además, no contempla a las cámaras de Diputados y Senadores, y los Congresos locales, donde se manejan grandes cantidades de dinero en efectivo de manera discrecional; ni a los partidos políticos a los que les entregan grandes bolsas de dinero que manejan a su arbitrio mediante la figura de transferencia y constituyen asociaciones civiles, que en buena medida manejan efectivo.
Consideró que la iniciativa tampoco garantiza la eficiencia en el gasto; toda vez que los congresos ni los órganos fiscalizadores locales han servido de contrapeso para que el Poder Ejecutivo en las entidades administre mejor los recursos, como ha sucedido en Baja California, en donde el Congreso, de mayoría panista, y la Auditoría local “han sido casi un cero a la izquierda”.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Damián Zepeda, senador panista
“Uno ve la cuenta pública y parece un cuento de hadas. Casi es corregir errores técnicos, pero no señala incumplimiento de las disposiciones presupuestales o fiscales. La Auditoría del Estado no toca ni con el pétalo de una observación al estado”.
Sobre ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señaló que durante el ejercicio fiscal de 2017, Baja California cumplió 76.4 por ciento la Ley General de Contabilidad, cantidad que está por encima de la media nacional (58.7%); sin embargo, al igual que la mayoría de las entidades tuvo una subestimación de ingresos.
Ya que la administración de Francisco Vega de Lamadrid captó 52.6 mil millones de pesos, en lugar de 44.9 mil millones de pesos. Es decir, obtuvo 7.6 mil millones de pesos más, que equivalieron a un incremento del 17%, señaló Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas del IMCO.
No obstante, el gobierno estatal gastó 9.8 mil millones más que lo aprobado por el Congreso local, para sumar 54.7 mil millones de pesos, de acuerdo con el Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018, publicado el martes pasado.
En ese sentido, Guadarrama comentó que preocupa la disminución del gasto del 10% en inversión pública respecto a lo aprobado. En contraste, el gasto en servicios básicos aumentó 15%, comparado con lo que se tenía presupuestado.
En este rubro destacan los 72.9 millones de pesos en Traslados y Viáticos de funcionarios públicos de la administración de “Kiko” Vega; cifra que representó 365% más que la destinada a Salud (20.0 millones de pesos). Además, el gasto burocrático y para Comunicación Social aumentó 2%, respectivamente.
Cuestionado sobre el gasto en Traslados y Viáticos, el secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández Díaz, comentó que el incremento en la gasolina, y las tarifas eléctricas ha hecho que los ahorros sean positivos pero hayan quedado chiquitos.
“No alcancé las metas enormes que me había puesto, en primer lugar me metieron en el problema de gastar más en ese año, de 2017 y 2018, porque no hay manera de predecir los incrementos, el gasolinazo y el incremento de la electricidad”.
4 DE CADA 10 ADULTOS TIENEN CUENTA BANCARIA
Para Martín Cutberto Vera Martínez, catedrático de la UABC, la propuesta panista carece de un estudio técnico que determine qué y cómo las instituciones financieras tendrían que incrementar su infraestructura, y sus usuarios; ya que actualmente la “bancarización de la población abarca poco más del 40% de la población”; es decir, cuatro de cada diez adultos en el país tiene una cuenta en alguna institución financiera.
Según el “Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2017”, el 74% de los municipios del país tiene algún medio de acceso a la banca, aun cuando las sucursales se encuentran en la mitad de los municipios; los corresponsales en el 65%; las terminales puntos de venta en 68%, y los cajeros automáticos en 57%. En tanto que la banca por internet tuvo 29.7 millones de usuarios a junio de 2016.
Los estados con menos infraestructura bancaria son Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas, Michoacán y Zacatecas. En contraste, la Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Nuevo León, Baja California, Jalisco, Querétaro y Sonora son las que tienen más cobertura.
De modo que, “si no se contempla la participación de los sectores que pueden actuar en el tema, simplemente quedará en un buen deseo”, advirtió el experto en administración pública.
Manuel Guadarrama, coordinador de finanzas del IMCO, opinó que la iniciativa podría ayudar a acelerar la inclusión financiera y reducir el uso del efectivo en México, el cual reporta avances menores que en China y Sudáfrica.
Finalmente, agregó que Jalisco ha hecho modificaciones en la administración pública para implementar el pago electrónico en los programas sociales; y Coahuila destaca en el reporte de los gastos de viáticos y traslados.
