Con dos votos a favor y uno en contra, el pleno del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) resolvió conceder la suspensión definitiva a Taxis Amarillos, resolución que permitirá a ese gremio volver a ocupar la Línea Internacional de San Ysidro, sitio del que fueron desalojados por el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro a principios de julio de 2017.
Óscar Morales, dirigente de la organización, recurrió al amparo del pleno del Tribunal luego de que la magistrada de la Segunda Sala del TCA, Flora Arguilés Robert, emitiera la suspensión definitiva que fue desfavorable para Taxis Amarillos y contraria a la suspensión provisional que inicialmente había emitido en su favor, decisión por la que fue severamente cuestionada y señalada de corrupta por parte del alcalde de Tijuana.
Fue el jueves 26 de abril cuando los tres magistrados que integran el pleno del Tribunal discutieron y votaron el caso documentado en el expediente 1539/207-ss, votando a favor de conceder la suspensión de la acción del gobierno municipal: Carlos Rodolfo Montero Vázquez –Presidente del TCA- y Alberto Loaiza Martínez; mientras que Guillermo Moreno Sada dio la razón a la decisión del XXII Ayuntamiento de desalojar a los amarillos de los sitios que tenían ocupados en las garitas de San Ysidro y El Chaparral.
Según el criterio del magistrado ponente, Carlos Rodolfo Montero, no se respetó la garantía de audiencia del sindicato Gremio de Choferes Mexicanos de Tijuana Taxis Amarillos, por lo que el acto de autoridad evidenció que el interés personal de los taxistas a desempeñar su trabajo estaba por encima de la autoridad.
También calificó como indicios las pruebas que el gobierno municipal aportó dentro de las averiguaciones previas que obran dentro del expediente, actos aislados que no evidenciaba que se pudieran volver a llevar a cabo.
Dijo que el favorecer al gremio de Óscar Morales significaba ponderar los derechos de los taxistas, mismos que, en su criterio, pesan más que el de la autoridad, ya que el permitirles trabajar es un derecho que debería estar por encima de la autoridad, consideró.
Su decisión dejó a salvo las facultades de verificación y vigilancia de la autoridad municipal, aduciendo que en el proyecto se establecen los puntos y dimensiones de los sitios que ampara la suspensión. Su postura fue secundada por el magistrado Alberto Loaiza.
Contrario al criterio de los magistrados Montero y Loaiza, Guillermo Moreno Sada votó en contra del proyecto, argumentado que no se daban ninguno de los elementos para el otorgamiento de la medida de suspensión, en el sentido de que no quedaba acreditado el perjuicio contra Taxis Amarillos, al no contar este gremio con alguna autorización vigente, que les diera el derecho de ocupar la Línea Internacional como sitio.
Recordó que en su defensa el organismo de Óscar Morales sólo presentó oficios emitidos por la Dirección de Transporte Municipal en los años 2013, 2015 y 2016, mas no actuales.
En segundo término, añadió, en ningún momento fueron privados del trabajo, ya que no fueron revocados sus permisos para prestar el servicio de transporte en la modalidad de taxi, ya que lo pueden realizar en otros sitios que tiene autorizados el actor.
En tercer término, subrayó que el Tribunal debe velar que no exista perjuicio al interés social, y que de las pruebas aportadas por la autoridad, hechos notariados y averiguaciones previas que existían, quedaba de manifiesto que sí se perjudicaba el interés social al permitirles seguir en esos sitios.
El Tribunal, reiteró el magistrado Moreno, tiene la obligación de salvaguardar el derecho a la seguridad e integridad física de los ciudadanos y a la libre competencia, en el sentido de que no se puede permitir que personas que estaban identificadas como integrantes del sindicato actor, incurrieran en conductas de ese tipo. También ponderó el derecho de los ciudadanos de elegir libremente el servicio de transporte a utilizar, particularmente en esa área, por ser una zona turística y de gran importancia para la ciudad de Tijuana.
Y ponderó que el interés público de los ciudadanos está por encima del interés particular, en este caso del gremio de Taxis Amarillos.
Una vez notificada la resolución del pleno del Tribunal Contencioso Administrativo al XXII Ayuntamiento de Tijuana, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro tendrá que permitir el regreso de este gremio a los 11 sitios de donde los desalojó en 2017.
