David Limón Grijalva, subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, señaló que actualmente dos empresas del sector textil emplean a poco más de 400 personas privadas de su libertad en centros de Tijuana y Mexicali, y “la idea es que siga creciendo” el número de compañías que den trabajo a los reclusos dentro y fuera de los nueve penales de Baja California.
Ello, como una alternativa para aumentar la reinserción social, pues, cuando una personas cumple su condena “nadie le da trabajo, no tiene dónde llegar”, y no continúa los estudios que inició estando en prisión; factores que contribuyen a que reincida en la comisión de delitos.
El funcionario detalló que actualmente 11 mil 300 personas se encuentran en prisión, y en el Centro Penitenciario el Hongo II se ubican a los que les faltan cinco años de compurgar, y a quienes se trabaja con mayor fuerza el tema de la reinserción.
No obstante, hacen falta más empresas que los contraten, reconoció ante integrantes de la Asociación de Industriales de la Mesa de Otay. Dijo que el Sistema está analizando incorporar en la carta de antecedentes penales información sobre el comportamiento y actividades del ex convicto, con la idea de proteger al empleador e incentivar que más personas tengan una segunda oportunidad.
Consideró que hasta el 40% de los empleadores brindarán trabajo a los ex prisioneros, si la autoridad en Baja California les ofrece referencias sobre su comportamiento, pues les dará mayor certidumbre acerca de a quién están contratando.
Asimismo, cuestionó el que las personas que han recibido medidas cautelares en lugar de la prisión preventiva no están sujetas a un programa de reinserción, e invitó a la sociedad para que participe en convenios de colaboración; con el fin de que el juez tenga instituciones dónde mandarlos, y así realmente haya una reinserción y se cambie la conducta antisocial.
Respecto a ello, Salvador Díaz González, presidente de AIMO se mostró a favor de que más empresas empleen a los privados de la libertad, quienes pueden ser una posibilidad para cubrir las diez mil vacantes que tiene el sector industrial.
Refirió el caso de una empresa dedicada al call center que emplea a 400 personas, 70 por ciento de las cuales son repatriadas a México; muchas de ellas con antecedentes penales en Estados Unidos. De modo que, los empresarios “le estamos apostando a estas personas y a que quieren readaptarse a la sociedad y tener una segunda oportunidad”.
Por otro lado, Limón Grijalva mencionó que el Sistema Penitenciario también analiza la posibilidad de cobrar a los internos el brazalete que se impone como medida cautelar, dado que alrededor de 150 artefactos han sido dañados, en su mayoría por personas que los rompen para quitárselos.
Expuso que cada brazalete cuesta alrededor de 25 mil pesos, costo que tiene que sufragar el Estado, y que una parte de quienes se los quitaron fueron arrestados e ingresados a la penitenciaria; ya que cuando el artefacto presenta daño emite una alerta.
