Después de mucho estira y afloja, mesas de análisis, consultas a especialistas, presupuesto erogado por el Congreso, de negociaciones sobre y bajo la mesa, de votos vendidos y favores comprados en la cámara local, los partidos, a través de los diputados en la XXI Legislatura (2013-2016), lo acordaron. Fue en octubre de 2014 cuando decidieron que para empatar las elecciones locales con las federales, lo mejor era que el gobernador votado en la jornada electiva de 2019, permaneciera en el cargo sólo 24 meses, periodo que iniciará el 1 de noviembre de ese año para culminar el 31 de octubre de 2021.
En aquel momento, los motivos expuestos por los legisladores fueron la necesidad de empatar las elecciones locales con las intermedias federales, para que el candidato triunfador llegara por sus méritos y los de su partido en Baja California. Que no llegaran como resultado de la ola ganadora, de un candidato carismático a la Presidencia de la República, con sus respectivos miles de millones de pesos gastados, lícita e ilícitamente, en campañas federales. Desvincular la campaña presidencial de la campaña a gobernador.
Cuatro años después, cuando el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador modificó el mapa político, algunos actores de la vida pública bajacaliforniana, pocos de manera abierta, la mayoría de forma encubierta, quieren cambiar esa condición preestablecida.
Más de un aspirante a funcionario público que hace cuatro años, es más, el año pasado, no creía tener oportunidad de ganar, con el triunfo “pejista” del 1 de julio de 2018 sintió, creyó o vio, que se le abrían las posibilidades políticas.
Después de todo, el arrase lopezobradorista le consiguió el triunfo a un puñado de desconocidos, a políticos desahuciados de otros partidos, y hasta a un candidato encarcelado, como fue el caso de Alfonso Miranda Gallegos, quien ganó la alcaldía de Amacuzac, Morelos, y sigue preso en un penal de Durango, enfrentando un proceso por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
En ese contexto, la perspectiva es que yendo por el partido de Andrés Manuel López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional, cualquiera puede ganar la elección y convertirse en gobernador de Baja California. Evidentemente hay muchos interesados, pero la lista se reduce si el ejercicio queda como está acordado desde 2014, en dos años. Como les parece “muy poquito” tiempo de gobierno, lo quieren modificar para que quede en cinco años y ocho meses.
Todos los “peros” que no observaron a lo largo de 48 meses, que no vieron ni alegaron antes de que iniciara el proceso electoral bajacaliforniano el 8 de septiembre, son expuestos ahora.
Tales pretensiones fueron respaldadas en conferencia de prensa el 7 de octubre en Tijuana, por la lideresa de Morena, Yeidckol Polevnsky, quien anunció que buscarán ampliar el período del próximo gobernador, y que esto sea efectivo en la elección del 2 de junio de 2019, cuando también se renovarán los cinco ayuntamientos y los 25 diputados del Congreso local.
Aunque algunos diputados locales del Partido Acción Nacional han asegurado públicamente que no apoyarán la propuesta, y el 10 de octubre la XXII Legislatura emitió un comunicado negando la posibilidad del cambio, versiones extraoficiales refieren que la nueva relación de colaboración López Obrador-Vega de Lamadrid, daría a los morenistas los votos azules que necesita para la pretendida derogación. Como los actuales diputados no se han caracterizado por su profunda moralidad, será cuestión de esperar para conocer la realidad.
Quienes se manifestaron a favor de un periodo de casi seis años para gobernador, decidieron ignorar la motivación original del legislador, y apostaron por una interpretación que aprovecha los huecos legales dejados por los diputados, sea por ineficiencia o por la perversa intención de fingir colocar candados.
Es una interpretación ciertamente legal, aunque laxa en lo moral. Alegaron que si bien la Ley prohíbe que se haga cualquier reforma a las leyes electorales mientras dure el proceso, como lo del periodo corto del gobernador quedó establecido en un transitorio de la Constitución, entonces la reforma sería a la Carta Magna estatal y se cumpliría el requisito de no modificar las legislaciones electorales, por lo que no se violaría ningún precepto.
Los que defienden la permanencia del artículo transitorio, que ordena un periodo de 24 meses para el próximo titular del Poder Ejecutivo bajacaliforniano, argumentan que ampliarlo a casi seis años, de entrada violenta la intención del legislador original. Y aunque en estricto derecho no modifica los protocolos de la campaña, “ya no es el momento oportuno legal”, y sí cambian las reglas de juego, porque de inicio, modifica el perfil de los aspirantes.
Esos que quieren gobernar por casi seis años, esos que dicen no pueden -o no se sienten capaces- de administrar con buenos resultados en dos años, como si fuera -que no lo es- un tema sólo de tiempo. Como ejemplos, dos potencias ligeramente más difíciles de gobernar que Baja California: el Presidente de Estados Unidos dura cuatro años en su cargo, el mismo tiempo aplica para el canciller de Alemania, ambos con posibilidad de reelección.
Como algunos políticos están decididos a retomar una discusión que se había resuelto hace varios años, entonces vale que al momento de analizar -sobre todo los morenistas, que ya se ven ganadores- el peligro que representa una fauna ambiciosa, cuyo espíritu de servicio está condicionado al tiempo que pueda permanecer en el gobierno.
Por lo pronto, los electores bajacalifornianos fueron testigos del traspié de Morena, una institución política recién integrada a la administración, pero que ya pretende interpretar y derogar reformas constitucionales, igual que los partidos en el poder a los que antes criticó, como si las leyes fueran asuntos de conveniencia partidista y contentillo.
Ahora queda estar pendientes de las reacciones y acciones legales de los reformistas- “deroguistas”, y de si los diputados locales deciden sostenerse o cambiar de opinión. Ampliar el periodo del siguiente gobernador únicamente para responder a los intereses particulares de quien o quienes ya creen que ganaron la elección de 2019.
