Nuevamente la empresa PIASA, propiedad de
los Beltrán Rendón, fue beneficiada con un
contrato de adjudicación directa por cuatro
millones de dólares. El órgano fiscalizador
detectó el hecho que catalogó como una
irregularidad mayor y recomendó a los
diputados no aprobar la cuenta pública de la
dependencia. Además, descubrieron la
concesión de una obra a la empresa que había
quedado segundo lugar en el concurso, y el
pago de colegiaturas en universidad privada
para dos secretarias
Como ya es costumbre en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, la familia Beltrán Rendón fue beneficiada en la empresa Proyectos e Instalaciones de las Américas, SA de CV (PIASA) por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA), desde donde, sin necesidad de licitación, entregaron obra por más de cuatro millones de dólares.
Fue en una revisión del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que salieron a flote las irregularidades. De hecho recomendó a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, negar la cuenta pública 2016 al organismo operador del agua, presentada por el entonces director general Germán Jesús Lizola Márquez, debido al posible daño patrimonial que causó la contratación directa.
Mediante dos contratos C-1 6-AD-DOM-INV-05 y C-16-AD-DOM-INV-10, con fecha 21 de abril y 15 de diciembre de 2016, respectivamente, que a la empresa se entregaron un millón 966 mil 780 dólares por cada contrato; en total, 3 millones 933 mil 560 dólares.
Sin justificación, la CEA adquirió de manera directa a la empresa PIASA, dos tableros de media tensión metal CLAD 4.16KV, 4000ª, 40 KA, 60 KV SIL, IP 3XD, marca Siemens, modelo NXAIR 33398. El Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CEA, autorizó el procedimiento de adjudicación directa, la cual quedó plasmada en actas de las sesiones con fechas 14 de abril y 13 de diciembre dl 2016.
Según el Subcomité, la contratación se debió a un supuesto de excepción establecido en el Artículo 38 Fracción 111 y VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, relativo a que existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, por lo que “existe una razón justificada para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada, respectivamente”.
Sin embargo, la CEA no presentó ni justificó dichos supuestos, aunado a que el procedimiento regular para este tipo de compras, se encuentra justificado mediante el proceso de licitación pública, por lo que se violó el Artículo 21 de la citada Ley, así como el Artículo 100 de la Constitución del Estado.
PIASA fue constituida el 24 de noviembre de 2011 en Tijuana, con el folio mercantil 33446 y un capital de 50 mil pesos dividido en cien acciones. Pertenece a Cástulo Antonio Beltrán Rendón, hermano del empresario y promotor de box Fernando Beltrán, quien quedó como administrador único. Pese a que según el acta constitutiva, Adriana Enríquez Contreras fue designada como gerente administrativo y contaba con el 10 por ciento de las acciones, su participación se diluyó.
Para el 19 de febrero de 2013, Beltrán Rendón cambió bajo folio mercantil 33446, el capital contable de la empresa, invirtiendo 49 millones de pesos, con lo que se apoderaba del 99% de las acciones, quedándose con casi la totalidad de la empresa.
Foto: Cortesía
Cástulo Antonio se ha beneficiado durante la actual administración estatal debido a la relación que su hermano Fernando tiene con Francisco Vega de Lamadrid, quien a todas voces afirma ser su “amigo” incondicional y ha sido beneficiado directa o indirectamente en varios esquemas de contratación de obra pública a su nombre o de sus socios.
Fernando Beltrán Rendón es un empresario y promotor de box que a finales de 2016 había logrado obtener obra pública por mil 774 millones de pesos en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, a través de empresas ligadas a su nombre, como se documentó en un reportaje de ZETA (http://zetatijuana.com/2016/12/detenidos-por-lavado-ligados-a-beltran-vinculado-a-kiko-y-a-contratos-multimillonarios/), por lo que la sombra de la sospecha recae en esta nueva licitación directa entregada a su hermano.
ENTREGAN LICITACIÓN A PERDEDOR
Además de las adjudicaciones directas observadas por el Orfis, se encontraron irregularidades en una licitación donde una empresa que quedó en segundo lugar resultó ser la ganadora, pese a que presentaba precios más altos por más de medio millones de pesos.
Lo anterior quedó plasmado el 3 de octubre de 2016 en el contrato de obra pública C-16-0P-DPCFDO-MET-07, por un monto de 8 millones 391 mil 782 pesos para la “Construcción de compuertas del sistema lagunar (segunda etapa)”, realizada en Mexicali.
El fallo de adjudicación quedó a favor del arquitecto Luis Francisco Terán Terán, pese a que obtuvo el segundo lugar de la licitación y presentó en su propuesta dos análisis de precios unitarios mal realizados, donde incluyó insumos que no correspondían a la descripción de los conceptos, generando un sobreprecio de 549 mil 692 pesos, según dio cuenta la Auditoría Superior del Estado.
De Terán Terán existe poca información. Egresado de la carrera de Arquitectura por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), ha participado en diferentes licitaciones en la Comisión Federal de Electricidad, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de ser proveedor de la Junta de Urbanización del Estado.
Con el fin de solventar la irregularidad, la CEA afirmó que todas las propuestas presentadas por las empresas participantes en la licitación presentaban errores, y con el fin de no declarar desierta la licitación, pues se perdería el recurso proveniente del Fondo Metropolitano, decidieron adjudicarle el contrato a Terán Terán.
Pese a la justificación, la CEA no presentó evidencia de haber ajustado los precios mal analizados por el contratista durante el trascurso de la obra.
Foto: Cristian Torres.- Luis Moreno Hernández, diputado local
Incluso la propuesta presentada por la empresa Integra Soluciones Agro Empresariales, SA de CV por 8 millones 204 mil 84 pesos, era la más económica y por lo tanto ocupaba el primer lugar de la licitación, pero fue desechada por no presentar el cálculo de los cargos adicionales solicitados en las bases de licitación, por concepto de aportaciones al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, DIF y Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
Otra de las justificaciones para desechar la propuesta de Soluciones Agro Empresariales, fue que no presentó análisis de precios unitarios, lo cual además de ser un requisito improcedente, sólo impactaba en la propuesta con apenas 35 mil 362 pesos, por lo que al solventar tal error, seguía siendo la propuesta más barata.
EMPLEADAS BECADAS
En el ejercicio fiscal 2016, la Comisión Estatal del Agua efectuó pagos por 12 mil 800 pesos a la Universidad Autónoma de Durango, Fomento Educativo y Cultural “Francisco de lbarra, AC”, por concepto de pago a colegiatura por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, para solventar la instrucción académica de dos secretarias en la carrera de Psicología, con cargos a la partida presupuestal 330401 que corresponde a Servicios de Capacitación.
Sin embargo, la paraestatal no cuenta con una política autorizada por su Junta Directiva que justifique el apoyo a este tipo de prestaciones al personal, y menos en instituciones de educación privadas.
Adicionalmente, en el periodo de enero a abril de 2017, se repitió este concepto de pagos por un importe de 33 mil 150 pesos, sin que en el dictamen den a conocer el nombre de las dos secretarias beneficiadas.
DEUDAS
Otra de las observaciones realizadas por el Orfis, fue que al cierre del ejercicio fiscal 2016, la entidad contaba con saldos en Cuentas por Cobrar por 162 millones 202 mil 163 pesos, y 53 millones 384 mil 948 pesos de ejercicios fiscales anteriores, lo que daba un monto superior a 225 millones de pesos.
La mayoría de esa deuda -199 millones de pesos- corresponde a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) por concepto de servicio de suministro de agua en bloque sin tratar, otorgado mediante el Acueducto Río Colorado-Tijuana, el cual se entregó en el periodo de julio de 2015 a diciembre de 2016.
A la CESPM, en Mexicali, le corresponde un adeudo por 25 millones 199 mil pesos, por concepto de Asistencia Técnica en el periodo de enero de 2014 a diciembre de 2016.
Finalmente, la CESPE de Ensenada tiene un adeudo por un millón 187 mil pesos por el mismo concepto, en el periodo de octubre a diciembre de 2016.
Como respuesta, en la CEA presentaron como justificación que han realizado gestiones de cobranza, al mes de julio de 2017, lograron recuperar 82 millones 536 mil pesos, quedando un saldo de 143 millones 50 mil pesos; 117 millones corresponden a la dependencia de Tijuana, 25 millones a Mexicali y 628 mil pesos a la de Ensenada.
Adicionalmente, en la CEA fueron localizados pasivos denominados Cuentas por Pagar a Corto Plazo por 27 millones 680 mil pesos, por concepto de apoyos financieros recibidos del Gobierno del Estado, mediante diversos convenios con fechas 2013, 2014 y 2015. Del total, 22 millones 680 pesos se encuentran vencidos, por lo que debieron ser liquidados o reconvenidos en su fecha de pago.
Al mes de octubre de 2017, la CEA sólo había abonado a 101 mil pesos a esa cuenta.
DENUNCIA
El diputado Luis Moreno, represéntate del Partido Transformemos, denunció a ZETA las irregularidades en la Comisión Estatal del Agua, señalando que se debería negar la cuenta pública de la institución. Además, que el dictamen se discutió en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, sin embargo, la sesión fue cancelada por lo que quedó pendiente de llevarse al pleno del Congreso del Estado.
Observaciones de la auditoría superior del estado. 7 Licitación a favor del perdedor Terán Terán.
Según Moreno, las irregularidades en las cuentas públicas se han multiplicado y, a raíz de la investigación en las cuentas del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach), maestros se acercaron a él para presentarle una serie de irregularidades adicionales, “para lo cual estoy valorando, se los he comentado a ellos, solicitar la creación de una Comisión Investigadora en el Congreso para revisar las finanzas públicas del Cobach, porque es mucho dinero lo que se está perdiendo”, indicó.
Sobre la CEA, declaró que la dependencia realizó un muy mal manejo del recurso público: “Se tuvo que suspender la Comisión de Fiscalización, pero en la CEA, en el ejercicio fiscal 2016, el Órgano de Fiscalización nos recomendaba negar la cuenta pública por dos casos en particular: uno donde se entregan recursos por el orden de cuatro millones de dólares para la compra de dos tableros que tienen como objetivo ayudar en el bombeo de agua, pero no sabemos si esos precios son los del mercado, para empezar; segundo, se hizo mediante adjudicación directa sin respetar el proceso, y eso el Orfis (Auditoría Superior del Estado) nos está advirtiendo como una gran anomalía”.
En otro de los casos, subrayó que la CEA entregó 9 millones de pesos a una persona que quedó en segundo lugar de la licitación, lo que representa algo muy grave, aparte de que con recursos públicos, se pagó la colegiatura a dos secretarias en escuelas privadas.
Por su parte, un vocero de la Comisión Estatal del Agua aseguró que el tema se tiene que abordar directamente con las comisiones del Agua en Tijuana y Mexicali. En la CESPT, dijeron que al tratarse de una situación de 2016, tendrían que revisar, por lo que no podrían dar una respuesta en próximos días.
Finalmente, un portavoz de la CESPM expresó que contactarían con ZETA una vez que tuvieran una respuesta, la cual no fue brindada al cierre de esta edición.
