Decenas de secretario de acuerdos, secretarios proyectistas y secretarios actuarios de los juzgados civiles se manifestaron esta mañana en Ensenada, Tijuana y Mexicali para exigir al Poder Judicial y al Congreso del Estado actualizar sus salarios, pensiones y jubilaciones, respeto al derecho de antigüedad, entre otros puntos.
De las 07:00 a las 08:00 horas, para no entorpecer su trabajo, los empleados colocaron lonas en la entrada de las respectivas sedes de los partidos judiciales, enlistado las peticiones dirigidas al magistrado Salvador Juan Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, así como a la diputada Rocío López Gorosave, presidente del Congreso de Baja California.
Los empleados afirman ser “parte y pieza fundamental para la correcta implementación de la impartición de justicia para todos los bajacalifornianos, de ahí que no somos menos, ni diferentes a los magistrados y personal sindicalizado, ya que también somos parte del sistema jurisdiccional y lo que peticionamos resulta un justo reclamo”.
Son mil 282 empleados de confianza, los inconformes
Los inconformes aseguran que desde hace 13 años no han tenido un incremento salarial.
Además exigen garantizar la materialización de pensiones y jubilaciones dinámicas y pensiones de enfermedad o invalidez, o en su defecto, incorporarlos a fideicomisos, haberes de retiro, presupuestos, sistemas de seguridad social, o cualquier otra figura jurídica que conlleve la materialización y otorgamiento íntegro de tales derechos de seguridad social.
Que se garantice que en caso de un accidente de trabajo, enfermedad terminal o muerte, sus familiares puedan estar protegidos y gozar de los pagos de marcha, seguros de vida, como de una pensión de viudez y orfandad.
Que se respete antigüedad genérica con el Poder Judicial, como ante la respectiva instancia de seguridad social.
En Ensenada
Que a todos se les descuente adecuada y de manera transparente sus cuotas, incluidos los correctos pagos de las aportaciones patronales.
Eliminar las incongruentes trabas que se imponen en las ejecuciones de laudos, como de los absurdos pagos de cantidades imposibles de cubrir, o cantidades millonarias que hacen imposible obtener la materialización del derecho humano de seguridad social integral.
Realizar un diagnóstico de las enfermedades comunes que surgen y se presentan en la función jurisdiccional, como los niveles de estrés general y laboral, ergonomía, depresión, ansiedad, entre otras.
Determinar medidas de protección al salario y diversas prestaciones.
