De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) todas las entidades federativas violan la Ley General de Contabilidad, siendo Michoacán, Ciudad de México y Nayarit los que más lo hacen. En contraste, Puebla, Campeche y Querétaro tienen un cumplimiento superior al 87% de dicha norma. Baja California se encuentra en el quinto puesto, dentro de los que tienen un cumplimiento medio.
Respecto a los ingresos de las 32 entidades, el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2018), elaborado por el IMCO, indica que las entidades subestiman sus ingresos, gastan más de lo presupuestado y se endeudan por encima de lo planeado, mientras los congresos locales no han sido un contrapeso real para los gobernadores y sus secretarías de finanzas.
El estudio, detalla que en 2017 los estados recaudaron 319 mil 753 millones de pesos, 18% más de lo estimado, “lo que equivale al 60% del saldo de la deuda pública a nivel estatal” (529 mil 174 millones de pesos). Si bien, los ingresos excedentes permiten un mayor gasto, al no encontrarse debidamente regulados, existe un margen para su uso discrecional, es decir “son cheques en blanco”.
En cuanto al gasto ejercido por las administraciones estatales, de 2 mil 016 conceptos el 41% presentó variaciones al alza y a la baja mayores al 50% entre los montos aprobados y ejercidos; de modo que, en 2017, los poderes ejecutivos gastaron 294 mil 998 millones de pesos adicionales a su presupuesto, lo que representó un incremento de 17%.
El IIEG 2018 señala que el gasto burocrático fue de 62 mil millones de pesos, un aumentó 11%. Por lo que, “si en los últimos tres años los estados hubieran gastado lo que presupuestaron para ese rubro, se habrían ahorrado 226 mil 577 millones de pesos”.
El estudio considera que una mala planeación y/o ejecución de los recursos públicos dejan a la vista las verdaderas “prioridades” de las administraciones estatales; las cuales asignan recursos a rubros que no tienen un impacto directo en la población.
Ejemplo de ello son las ceremonias oficiales, en las que en conjunto las entidades gastaron 2 mil 103 millones de pesos, es decir, 91% más recursos a los presupuestados. En este rubro, Guerrero presupuestó solo 20 mil pesos para ello, pero gastó 134 millones de pesos, una diferencia de 645,946%. En tanto que el gasto que ejerció Yucatán equivalió al 97% de lo que erogó por infraestructura.
En el rubro de traslados y viáticos, los estados gastaron 229 millones de pesos en 2017, lo que representó 12% más de lo presupuestado. Destaca el caso de Baja California, que ejerció viáticos por un monto equivalente al 365% de su gasto en salud, y Guerrero erogó más del triple de lo aprobado (342%)
Sobre la publicidad oficial, resalta el gasto ejercido por Coahuila de mil 429 millones de pesos, cantidad similar al destinado en seguridad pública (mil 449 mdp), en un estado donde 55% de la población considera la inseguridad como el problema más importante. Así como Quintana Roo, que ejerció un monto equivalente al 81% de su gasto en protección ambiental.
Respecto a gasto en sueldos y salarios, en conjunto los estados erogaron 18 mil 718 millones de pesos más de lo aprobado para ello, siendo Jalisco el que tuvo una variación mayor con 93%.
Sobre el gasto en artículos de oficina, las entidades erogaron mil 635 millones de pesos, lo que representó 38% más que lo presupuestado, siendo Guerrero, Morelos, Baja California Sur, y Zacatecas los que ejercieron un gasto mayor al 300%.
En el rubro de gasto en servicios generales, los estados erogaron mil 669 millones de pesos, 11% más de lo presupuestado; siendo Jalisco y Morelos los que ejercieron más del doble de lo aprobado inicialmente en sus presupuestos de egresos.
En cuanto al gasto en gasolina, el reporte indica que los estados derrocharon 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado. Guerrero ejerció el doble de lo autorizado para dicho rubro, y Chihuahua erogó un monto equivalente al 196% de su gasto en protección ambiental.
“Del dicho al hecho, la austeridad es más un discurso político que una realidad en el gasto de los estados. El primer paso para la austeridad en los estados sería simplemente gastarse los montos ajustados en el presupuesto”, apunta en un comunicado el IMCO.
Por ello, propuso establecer controles a las modificaciones presupuestales que limiten el aumento del gasto administrativo. “Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15% debe tener la aprobación del Congreso local”.
Además de eliminar el margen de interpretación en la normatividad de contabilidad gubernamental emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y reforzar el cumplimiento de los entes obligados para que publiquen en tiempo y forma su información financiera
