A través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, Enrique Peña Nieto y su Gabinete, presentaron el pasado 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia Constitucional para reclamar posibles órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación abiertas por las autoridades locales de Chihuahua contra funcionarios federales.
Así lo informó este miércoles el diario Reforma, que recalcó que esta es es la primera vez que el Poder Ejecutivo Federal presenta una demanda de este tipo, actos reclamados que imputan al gobernador Javier Corral Jurado, a la Fiscalía General de Chihuahua y el Poder Judicial local.
“La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, es uno de los actos reclamados en la controversia firmada por Misha Leonel Granados Fernández, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, afirma el rotativo.
El Gobierno Federal reclama a Corral Jurado “su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales”.
Mientras que a la Fiscalía General estatal, la controversia le reclama la participación de sus integrantes en reuniones donde se analice con personas ajenas a la misma, incluido Corral, la situación de las probables investigaciones contra funcionarios federales.
El pasado 28 de septiembre, el gobernador “amenazó” -dice Reforma- al Gobierno Federal por el caso Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado del presunto desvío de 250 millones de pesos del erario público federal.
Gutiérrez Gutiérrez salió ese mismo día del Centroadaptación Social (Cereso), No. 1 de Aquiles Serdán -donde se encontraba preso desde hace 9 meses-, después de que la magistrada federal Isabel Porras Odriozola desechó la apelación con la cual el Gobierno de Chihuahua pretendía revertir la absolución de Gutiérrez Gutirrez por el desvío de 250 millones de pesos al PRI, tras el retiro de la imputación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
“Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a [el ex Gobernador] César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune […] Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”, dijo Corral Jurado en ese entonces.
Ayer, Corral Jurado confió ayer en que se logre la extradición del ex mandatario César Horacio Duarte Jáquez, después del 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador ya sea presidente en funciones, fecha en la presentará un paquete con más denuncias en contra del ex gobernador, quien permanece prófugo en Estados Unidos.
“El presidente electo ha dicho que habrá estado de Derecho, que se aplicará la ley, que nadie estará por encima de la ley ni fuera de ella”, señaló Corral Jurado, para luego recordar que el sábado próximo el presidente electo visitará Chihuahua y lo pondrá al tanto de las pesquisas contra Duarte Jáquez.
Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en Saltillo, Coahuila, el 20 de diciembre del año pasado. Se encuentra recluido por dos procesos penales de presunto peculado agravado, uno por 250 millones de pesos, 246 de los cuales se triangularon, supuestamente, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hacia la administración del ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez.
Todo ello a través de supuestas empresas fantasma, y después entregados al PRI para las campañas estatales del 2016, en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo. Por esta investigación, Gutiérrez Gutiérrez recibió seis meses de prisión preventiva. Mientras que el segundo proceso es porque una empresa propiedad del también ex senador, supuestamente recibió un millón 740 mil por servicios que nunca prestó, por lo que se le dictó la medida cautelar de un año de prisión preventiva.
El diario estadounidense The New York Times publicó un reportaje en el que afirmó que Gutiérrez Gutiérrez era un “aliado” del presidente Enrique Peña Nieto. Además, citó documentos a los que tuvo amplio acceso en los que se vincula a Manlio Fabio Beltrones Rivera, ex presidente nacional priista, como la cabeza de un amplio plan para saquear el dinero público y destinarlo a las campañas estatales del PRI en 2016.
El gobernador Javier Corral Jurado acusó de forma directa al Gobierno Federal encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión contra su estado, por las investigaciones que lleva a cabo sobre probables delitos de corrupción del ex mandatario estatal, César Horacio Duarte Jáquez, y de posible desvío de recursos al PRI.
El gobernador chihuahuense acusó que el Gobierno de Peña Nieto no quiere detener a César Duarte, pero si detiene los recursos para el estado, ya que hay “una evidente intención” de “estrangular” a Chihuahua, además de que se está utilizando a la SHCP, como “instrumento de control político” contra los mandatarios estatales que investigan hechos de corrupción.
Corral Jurado narró que el pasado 4 de enero sostuvo una reunión con el titular de la SHCP, José Antonio González Anaya, y con otros altos funcionarios de Hacienda Federal, y que en ella se le comunicó que no le serían depositados 900 millones de pesos de participaciones federales que le corresponden a Chihuahua.
“Nos deben 900 millones de pesos, 700 del convenio firmado el 4 de diciembre para el saneamiento financiero, más 120 del programa de saneamiento financiero para enero, más 80 de otros tres convenios”, afirmó Corral Jurado en ese momento.
Sin embargo, el pasado 3 de febrero, se destrabó de forma momentánea el conflicto político, cuando Corral Jurado, y el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, otorgaron una conferencia conjunta, en la que informaron que suscribieron “una serie de acuerdos honorables”.
