Creo que hay mucho de verdad en esta pregunta y creo saber la respuesta. En nuestro país casi no existe la separación de poderes. En el siglo XIX, Montesquieu, en su libro “El Espíritu de las Leyes”, señaló de manera precisa: “donde no hay separación de poderes, no hay Constitución”. Esta aseveración es una inmensa verdad, que sigue siendo válida. Esa es la primera premisa para que la justicia sea imparcial.
¿Por qué ligo un tema con otro? Porque en la vida diaria mexicana, los gobernadores, en su gran mayoría, en los estados que gobiernan, en asuntos de su interés, les indican a los magistrados y jueces cómo resolver. A nivel federal es igual, el Ejecutivo, en asuntos de interés personal o nacional, influye sobre los jueces, magistrados y ministros de la Corte. En 1986 me tocó participar en una reforma constitucional para dar mayor autonomía a los jueces y magistrados estatales. Creamos el artículo 116 donde se estableció por vez primera en la Constitución, garantías y protección a la justicia local, entre ellas el derecho a la ratificación y a la inmovilidad, que significa que una vez que el juzgador es ratificado en su cargo por segunda vez, ya nadie podrá correrlo de su empleo y será inamovible.
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Esta es para mí la garantía más importante que tienen para emitir sentencias imparciales. Sí, pero esta garantía sólo opera contra las pretensiones estatales y no contra las de particulares. En 1994 me tocó participar en otra gran reforma, la del Poder Judicial Federal. En aquella época, había 25 ministros y el gobierno federal tenía informes de que varios de ellos estaban involucrados con el crimen organizado. No sé si las pruebas, o no eran contundentes o no se tenía claro quiénes eran todos los involucrados, por eso se tomó la decisión de jubilarlos a todos, nombrando nuevos, reduciendo el tamaño de la Corte de 25 a 11 y quitándoles la atribución de conocer de manera general juicios de amparo. Buscamos hacerla un tribunal constitucional.
Antes de 1994, cada ministro tenía asignado una parte del territorio del país y en ese, el ministro tenía control sobre jueces y magistrados, sobre todo en las sentencias. Eso hacía de la justicia federal un mercado persa, todo se podría arreglar con el ministro adecuado, pues no todos participaban de esta complicidad. En 1994 desaparecimos ese sistema y creamos otro nuevo, le quitamos a la Corte la atribución de nombrar jueces, se estableció el concurso para ingresar y ser promovido en la carrera judicial. Hubo un gran avance. Por vez primera desde 1824 se hicieron exámenes para ser designado magistrado federal. Sin embargo, siempre es necesario estar atento para evitar distorsiones. Yo, como senador, fui muy celoso del cumplimiento de esta reforma.
El ministro Aguinaco, en 1995 presidente de la Corte, me dijo que me tenían miedo los consejeros de la judicatura; sin embargo, cuando pedí licencia por razones personales, tramposamente el entonces presidente de la Corte, Genaro Góngora, aprovechó mis ausencias para nombrar de dedazo a 100 nuevos jueces federales, que eran secretarios de los ministros. Digo tramposamente, porque no hicieron examen de ingreso. Por supuesto criticamos el hecho, se pueden consultar las duras críticas del Senador Trinidad Lanz Cárdenas.
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¿Qué nos dice este ejemplo? Que la naturaleza humana y la integridad personal es la diferencia de un buen sistema de justicia o uno malo. Actualmente los jueces federales y locales tienen buenos sueldos, garantía para ser independientes, inamovilidad; pero, aun así, se dejan influir o por el poder o por el dinero. Es por ello que debemos ser más cuidadosos en los sistemas de selección y designación de juzgadores. Ahí está la clave. Primero los perfiles: quiénes son, cuáles son sus valores, cómo ha sido su vida, cuál es su nivel y calidad de su educación.
En principio todos deben ingresar a través de un concurso de admisión, donde se revise su perfil, sus valores y sus conocimientos. Todos deberían pasar un examen de confianza, detector de mentiras y toxicológico. El examen debería practicarlo alguien certificado y ajeno al poder judicial. Además, debería haber un órgano especial que revise anualmente las cuentas e ingresos de los juzgadores. Nada es más sensible que la aplicación de la justicia. Siempre están en juego o nuestros bienes o nuestra libertad. La justicia debe ser una prioridad en la agenda política. No sé ustedes, pero me sentí defraudado por la irrisoria sentencia de Javier Duarte y de Alejandro Gutiérrez, en ambos se nota una componenda del poder Ejecutivo.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo:amador_rodriguezlozano@yahoo.com
