Lo que hizo el todavía Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no lo había hecho ningún otro mandatario en el país: buscar el amparo de la justicia contra posibles órdenes de aprehensión, de arraigo, citatorios, averiguaciones o investigaciones de autoridades de los estados, contra funcionarios federales.
El miedo de Peña no anda en burro. Se refiere específicamente a las investigaciones que inició la Fiscalía de Chihuahua, Estado gobernado por Javier Corral Jurado, quien encabeza una cruzada para romper el pacto de impunidad que entre políticos de todos los partidos, se da en México para proteger a los corruptos.
Corral ha encargado a sus colaboradores tanto de la Función Pública como de la Fiscalía y otras dependencias, investigaciones para desmadejar el entramado de corrupción que dejó el ex gobernador y hoy prófugo, César Duarte. En una de esas indagaciones, dieron con la transa que encabezó Alejandro Gutiérrez, un priista que fue secretario adjunto en la época que Manlio Fabio Beltrones dirigía al PRI en el ámbito nacional. Se trató de un evidenciado desfalco por 250 millones de pesos donde se utilizaron empresas fantasma y no se cumplió con servicios contratados, para desviar el dinero presuntamente a las campañas políticas de 2016.
En el hilo de la irregularidad participaron de una u otra forma, autorizando, validando, pagando, el gobernador César Duarte, sus colaboradores del área de Finanzas, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que por entonces encabezaba Luis Videgaray, pues los recursos desviados fueron federales, asignados para ejercicio estatal.
Alejandro Gutiérrez estuvo preso hasta que por intermediaciones de la Federación, logró salir de prisión, pero permanece en Chihuahua, vigilado durante el proceso que aún se le sigue. A Duarte se la han confiscado más de 40 propiedades en aquella entidad federativa, y es presumible que en la investigación de Alejandro Gutiérrez, la madeja llegue hasta el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, o al PRI de Manlio Fabio, por cierto, una de las personas que ha visitado a Gutiérrez en Chihuahua.
En su momento, el gobernador Corral Jurado sentenció: “Lo puedo decir con absoluta certeza: aunque haya hecho lo que haya hecho Peña Nieto para proteger a Gutiérrez y a César Duarte, no se va a ir impune, no quedará impune. Tarde que temprano la justicia lo va a alcanzar a él. Y es muy probable que sea la propia justicia de Chihuahua”.
Hace unos días, a propósito de la controversia constitucional que presentó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reclamar, a nombre del Presidente y de su gabinete, posibles órdenes de aprehensión y demás recursos judiciales que los lleven a un juicio, específicamente al de Chihuahua y por corrupción, el gobernador Corral arremetió: “Si algo teme -refiriéndose a Peña- es porque algo debe, porque nuestras investigaciones tocan al gobierno de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, tuiteó el panista.
Y efectivamente, todo indica que el Presidente teme ser aprehendido o llamado a cuentas para declarar en un caso de corrupción en un Estado como Chihuahua. Intocable como ha sido hasta ahora, Peña Nieto asume, quizá por las declaraciones del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que efectivamente no será ni investigado ni juzgado en el próximo Gobierno Federal, cosa que no puede garantizar en algún gobierno estatal, entre los cuales destaca la labor de Javier Corral en el combate a la corrupción y a la impunidad que ha emprendido contra un gobernador que fue cercano al Presidente saliente, como lo es César Duarte, y en cuya investigación aparecen cada vez más ligas con el Gobierno Federal, sus funcionarios y el Partido Revolucionario Institucional.
Hace unos días también, antes que el Ejecutivo federal y su gabinete solicitaran en un hecho insólito el amparo de la Ley, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, explicó a los legisladores que en caso de ser detenido César Duarte, el ex gobernador, éste podría llevar su proceso en libertad, dado que los delitos por los que se le acusa, no son graves. O sea, aún no lo aprehenden y ya le están ofreciendo garantías.
Javier Corral también ha declarado que espera que ante la entrada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste sí logre detener a Duarte y tenga oportunidad de traerlo a México para que se haga justicia al pueblo de Chihuahua, lo cual abriría la posibilidad de ampliar la investigación que ya ha inquietado a Enrique Peña Nieto y a sus colaboradores.
Si en un hecho único en la historia reciente de México, el Presidente decide buscar el amparo de la justicia cuando todavía está en el poder, significa que la investigación de Chihuahua va bien, que ha tocado los puntos neurálgicos de la corrupción en la administración de Peña, y, además, el fuero presidencial efectivamente sale sobrando cuando se trata de actos de corrupción.
Ahora sí que al buscar el amparo, Enrique Peña Nieto no se ve como una víctima de la persecución política, sino que se evidencia como un presunto culpable, cuando ni siquiera ha sido catalogado como tal.
¿A qué le teme el Presidente Peña? Definitivamente a que la cruzada para romper el pacto de impunidad emprendida por Javier Corral Jurado, lo alcance en una investigación que implica el desvío de millones de pesos de dinero federal en Chihuahua, caso en el cual dejaron huellas. O a que finalmente, un gobernador decidió no someterse al presidencialismo e investigar la corrupción a fondo, sea que la Presidencia de la República o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estén al final de los actos de corrupción de un ex gobernador y un ex secretario adjunto del PRI.
Ojalá.
