El diputado Miguel Osuna Millán señaló que el Congreso local está a la espera de que el gobierno del Estado, encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, informe sobre el destino que le dio a mil 116 millones de pesos de los cuales dispuso en 2015 y 2016 como parte de la deuda pública que contrató en 2014, ascendente a dos mil 850 millones de pesos.
“En el Congreso estamos a la espera de que se nos presente la cuenta pública para hacer un estudio, hacer un análisis a fondo de cómo viene” expuso en relación con el crédito solicitado por la administración estatal.
El legislador de extracción panista alertó que el 11 de septiembre la institución calificadora de valores Moody´s asentó que la capacidad de endeudamiento del gobierno de Baja California disminuyó de forma tal que, en caso de apostar por mayores obligaciones, el crédito podría ser negado.
Refirió que en la escala de calificación crediticia, el semáforo está en amarillo y, que si se mueve a rojo, “obviamente se imposibilita la capacidad de contratación de más deuda para el futuro”.
Si la deuda pública aumenta, se agota el margen de liquidación, circunstancia que concurriría a que “las finanzas estatales” quedaran “incapacitadas para nuevos empréstitos”, consideró Osuna Millán.
Explicó que para efectos de solicitar otro préstamo, primeramente debe comprobarse que las dos cantidades de las que se ha dispuesto fueron ejercidas en su totalidad y específicamente en inversión productiva.
“La deuda pública en las entidades federativas en México está condicionada a ser utilizada en este tema, no puede ser utilizada para pagar más deuda, no puede ser utilizada para gasto corriente y hay limitaciones también para contraer deuda”, advirtió.
Sobre los montos a ejercerse en 2015 y 2016, mencionó que el primero fue de mil 300 millones de pesos, de los cuales sólo se dio constancia de haberse utilizado 583.7, de manera que faltó por comprobar 716.3 millones. En lo referente al año subsiguiente, el diputado local agregó que la cantidad fue de 400 millones de pesos, sin que a la fecha medie comprobación de se le haya dado el uso debido.
“De los ejercicios fiscales 2015 y 2016 no ha informado del destino a inversión productiva 716.3 + 400= 1116 millones de pesos”, da cuenta un reporte emitido por el diputado local, en referencia a la administración de “Kiko” Vega.
El informe igualmente establece que del crédito concedido en 2014 “falta informar si autorizó el saldo en 2017 ó 2018 por un importe de 1150 millones pendientes de contratar al cierre del 2017”.
El ex secretario de salud estatal manifestó que en Baja California ha habido un déficit recurrente en los últimos 5 años como consecuencia de que el gasto público se ha excedido sobre los ingresos.
Manifestó que en vista de los índices de endeudamiento: “Baja California, como sociedad, se podría cerrar una puerta para el desarrollo porque la deuda pública es para fomentar el desarrollo”, así como para “generar inversión productiva, oportunidades de empleo, oportunidades de generación de riqueza”.
Indicó que en todo caso, y con base en el sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un nuevo financiamiento para este año sólo pudiera procurarse al margen de la ruta del endeudamiento. Contemplando fondos que no provinieran de ramos etiquetados como el 33 y siempre y cuando la partida presupuestaria fuera menor al “5% de los ingresos de libre disposición del Estado” (los cuales resultan ser “recursos no destinados a un fin específico, incluyendo los ingresos locales, las Participaciones Federales y los recursos que se reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas”, según información del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados).
Sobre ese mínimo porcentaje, Osuna Millán sostuvo que equivaldría a “alrededor de mil 600 millones de pesos, por 2018”.
