A julio de 2018, el gobierno de Baja California tuvo una deuda por 13 mil 936 millones de pesos, al considerar 11 mil 640 millones de pesos por créditos a largo plazo y 2 mil 296 millones de pesos por empréstitos de corto plazo, señaló Bladimiro Hernández Díaz, secretario de Planeación y Finanzas.
La cantidad total de la deuda directa al séptimo mes de este año, es superior en mil 615 millones de pesos a la que se tenía en mayo de 2018, según datos dados a conocer por la dependencia a NEGOCIOZ en junio pasado.
El endeudamiento directo del Estado aumentó 4 mil 569 millones de pesos en la administración de Francisco Vega de Lamadrid, mientras que su antecesor, José Guadalupe Osuna Millán, dejó un saldo de 9 mil 367 millones de pesos.
En una reunión con medios de comunicación celebrada el 10 de octubre, Hernández Díaz indicó que a la deuda directa del gobierno estatal se suman los empréstitos indirectos por 5 mil 588.029 millones de pesos contraídos por los ayuntamientos y organismos paraestatales.
Ello, sin considerar, el recurso comprometido para las Asociaciones Público Privadas (APP), cuatro de las cuales fueron inscritas durante julio y agosto de 2018 en el Registro Público Único Vigente de Financiamientos y Obligaciones por 10 mil 038 millones 406 mil 482 pesos.
Según este registro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la desalinizadora de Rosarito es la APP que más recursos locales compromete, ya que Aguas de Rosarito, SA Promotora de Inversión de CV tiene un monto contratado por 9 mil 072 millones 882 mil 279 pesos a un plazo de 484 meses, el cual vencerá el 29 de diciembre de 2056.
Le sigue la APP de la desalinizadora de San Quintín contratada por 568 millones 008 mil 827 millones, a un plazo de 411 meses que vencerán el 27 de abril de 2050, cuyo acreedor es Desaladora Kenton, SA de CV, empresa de la que es socio Jesús Octavio Rincón Vargas, hermano de la actual presidente municipal de Playas de Rosarito, Mirna Rincón. Ambas APP fueron inscritas el 31 de julio de 2018.
La construcción del C4, cuyo acreedor es la empresa Inver Infraestructura, SA de CV, tiene un contrato de 239 millones 565 mil 234 pesos a un plazo de 197 meses, mismo que vencerá el 12 de octubre de 2032. La inscripción de ésta se efectuó el 23 de agosto de 2018.
En tanto que el 12 de agosto de 2018 se registró la APP para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado y usos para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Tijuana, contratada por 157 millones 950 mil 142 pesos y cuyo acreedor es Relogar, Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de CV. Vencerá el 15 de noviembre de 2043.
En cuanto a la disminución de la calificación crediticia por parte de Moody´s, en la que se determinó que la entidad se encuentra en alto riesgo crediticio y con especulación para cumplir con sus obligaciones financieras, el funcionario dijo que se debe a que “están evaluando nuestras necesidades de corto plazo respecto a los ingresos propios que están entrando. (Las agencias) Ven mayor necesidad de recurrir a mayores créditos de corto plazo”.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, comentó que ese organismo observó una mala práctica del gobierno de “Kiko” Vega “en el sentido de que originalmente no se tenía contemplado contratar deuda pública en el ejercicio fiscal 2017, y pese a ello, al final del ejercicio fiscal y de acuerdo con la Cuenta Pública del Estado, se terminan contratando 634 millones de pesos”.
Agregó que el Estado incrementó su gasto 22% más que lo presupuestado, “lo que también está por encima de los parámetros aceptables de planeación y ejecución del presupuesto”.
