Las dos convocatorias emitidas por el Gobierno del Estado para presidir la Comisión Local de Búsqueda, han sido declaradas “desiertas”. La primera, ante la nula respuesta de interesados, y la segunda, porque los aspirantes no cuentan con estudios profesionales. Algunas organizaciones civiles aseguran no haber sido informadas sobre el tema, y sobre el citado requisito, lo consideran irrelevante para desempeñar un buen papel
Pese a que Baja California se encuentra entre las entidades con mayor incidencia en el tema de desapariciones, es poco el trabajo que se realiza por parte de las autoridades, coinciden Miguel Ángel García Leyva y Alma Díaz, representantes de dos colectivos dedicados a la búsqueda de personas ausentes.
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En ese contexto, resulta contradictorio que a seis meses del plazo para integrar la Comisión Local de Búsqueda, aún no se cuente con titular, personal o plan de trabajo.
Es más, según los arriba mencionados, el Gobierno del Estado ni siquiera ha sostenido un acercamiento formal con ellos para hablar sobre ese tema que, a su juicio, requiere una amplia difusión.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, comentó que se han emitido dos convocatorias en el Diario Oficial del Estado, una en mayo y la otra en junio -un mes después del plazo máximo-, pero ambas se han declarado desiertas debido a que los aspirantes incumplen con los requisitos mínimos para encabezarla.
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Según la última cifra dada a conocer por el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), disponible en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Procuraduría de Justicia local desconocía el paradero de mil 024 personas que fueron vistas por última vez en Baja California, de las cuales 258 se registraron este año, siendo mujeres de entre 15 y 19 años los casos más frecuentes en 2018.
COMISIÓN DEBIÓ SER INSTALADA DESDE ABRIL
El 17 de abril fue la fecha fatal para que se designara al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, órgano autónomo del gobierno cuyo objetivo es coordinar la investigación y resultados de los casos registrados en la entidad.
El Secretario General de Gobierno Francisco Rueda Gómez
Este organismo viene contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en vigor desde enero, y establece la homologación de criterios para la búsqueda de personas en todo el país, además de la creación de una base de datos genéticos a nivel nacional.
De acuerdo con Melba Adriana Olvera, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California (CEDHBC), aunque es una Ley reciente, ya tendría que estar funcionando, o por lo menos tener designado a un titular para dicha institución. Además, confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no cuenta con el banco de ADN del que debería disponer. Sin embargo, reconoció que existe trabajo en ese sentido y pronto podría subsanarse. De hecho, de las 30 denuncias interpuestas ante la CEDHBC por el tema de desapariciones, justamente ese es el tema de origen.
De las dos convocatorias lanzadas, refirió Francisco Rueda Gómez, en la primera no hubo un solo interesado, mientras que en la segunda, los aspirantes no cumplieron con uno de los requisitos para ocupar el cargo, específicamente el de la profesionalización, es decir, no contaban con título y cédula.
“Ya estamos prácticamente en pláticas con ellos para que nos propongan perfiles, hemos recibido nombres. Lo que establece la Ley, marca y debe cumplirse, el perfil que marca la Ley debe ser un profesionista, y ahí es donde hemos batallado; tienen un perfil social y comprometido, pero les falta ese requisito, ya en coordinación con las asociaciones civiles, un perfil que ellos acepten y propongan”, declaró el funcionario estatal.
La Ley establece que para ocupar el cargo en la Comisión, el aspirante debe ser nacido en México, no tener condenas a algún delito doloso, contar con título profesional; no haber sido líder de algún partido político dos años atrás; haber desarrollado trabajos en la materia de desaparición forzada por lo menos dos años atrás y contar con conocimientos, experiencia de diez años en el tema de políticas públicas, derechos humanos, búsqueda de personas, entre otros.
Melba Olvera, de la CEDHBC, aseveró que ningún aspirante pudo cumplir con el perfil, debido que los activistas en la materia normalmente son forzados por las circunstancias y no porque tengan estudios previos. Es decir, sufrieron un hecho traumático y son víctimas, por lo que en la mayoría de los casos no cuentan con especialidad académica.
La activista Alma Díaz, integrante del colectivo Madres Unidas y Fuertes por Nuestros Desaparecidos, consideró que aunque se encuentra estipulado en la Ley, consideran que un perfil ideal no necesariamente tendría que estar relacionado con sus estudios, sino con la empatía hacia las víctimas.
Agregó que necesita ser un investigador honesto y que en verdad informe de lo que ocurre en sus casos.
NO SE HAN DETENIDO LAS BÚSQUEDAS: RUEDA
Aunque no se ha instalado la Comisión Estatal de Búsqueda, Francisco Rueda Gómez, de la Secretaría General de Gobierno, expuso que los trabajos no se han detenido en las fiscalías especializadas en la localización de personas ausentes, por lo que no existen daños en la falta de nombramiento.
Recordando a sus familiares desaparecidos
“No se queda rezagado ningún trabajo, eso lo hace la Procuraduría y trabajamos con las asociaciones de desaparecidos. No hay atraso ni rezago, pero sí requerimos que haya titular, para que se integre, que sea un órgano integrador entre el gobierno y los ciudadanos, esa va a ser la principal responsabilidad”, destacó.
La procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva, reiteró lo expresado por el funcionario estatal, pero agregó que la Unidad Especializada en la Búsqueda de Personas continuará operando de forma regular. Sin embargo, la instalación de la Comisión reforzará las acciones y se adquirirá nuevo equipo, personal y capacitación en la medida que se vaya cumpliendo con la legislación vigente.
Presumió la adquisición del conocido geo-radar y de sabuesos especializados en la búsqueda de personas, como una respuesta a las demandas de aquellos que buscan a sus familiares.
HAY DESINTERÉS DEL ESTADO EN EL TEMA
Para Miguel Ángel García Leyva y para Alma Díaz, la actual administración se ha olvidado del tema por completo, pues de lo único que puede jactarse, es la adquisición del geo-radar y la compra de sabuesos, pero no ha brindado resultados importantes para las familias afectadas y las asociaciones civiles.
Díaz señaló que “la atención ha sido nula, la respuesta es total indiferencia, ni siquiera tienen la atención de comunicarnos utilizando su vieja táctica de reemplazar al personal de la fiscalía asignado y comenzar los familiares de los desaparecidos de cero, debido a que no conocen los casos”, abundó.
Por su parte, García Leyva opinó que en la pasada gestión sostenían reuniones con frecuencia para avanzar en los temas, pero la relación con el gobierno actual se ha roto por completo.
El activista complementó que ha tenido contacto con agrupaciones de Zona Costa para saber si hay conocimiento sobre los trabajos en favor de los desaparecidos y ha recibido la misma respuesta negativa.
A su dicho, nunca tuvieron conocimiento de las convocatorias para la Comisión y tampoco se han preparado perfiles por parte de las asociaciones civiles, o por lo menos no por solicitud de Gobierno del Estado.
En lo referente al retraso en el nombramiento, es una evidencia más de la poca importancia que las autoridades dan al tema, lo cual resulta preocupante, pues obliga a los familiares de las víctimas a emprender búsquedas sin protocolos de seguridad, derivando así algunas amenazas de muerte en su contra.
Otro ejemplo, comentó, es la Ley de Víctimas, al ser Baja California la última entidad en aprobarla, cuyo monto para este primer año apenas alcanzará los 5 millones de pesos, cifra considerada minúscula.
Para Melba Olvera, en este caso podría no ser así, pues aún hay entidades que no han activado las comisiones por el mismo motivo que en BC: la falta de personal capacitado en la materia.
DEBE SER UN ORGANISMO AUTÓNOMO
La principal característica de la Comisión Local de Búsqueda, es la autonomía, lo cual resulta dudoso para las agrupaciones, ya que la Ley establece que el titular debe ser designado por el Gobierno del Estado.
García Leyva consideró que el titular debería ser designado por el Congreso del Estado, con el objetivo de dar una mayor independencia, o bien, por un consejo especial comprendido por expertos en la materia, tal y como ocurrió a nivel nacional con Roberto Cabrera, actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Rueda Gómez afirmó que debido a que no logró nombrarse a personas en el tema, evalúan la posibilidad de recibir perfiles a través de las asociaciones civiles que puedan cumplir con los requisitos, con la finalidad de incluirlos en la selección y se sientan cómodos con quien los representará y ayudará investigar los casos.
Para finalizar, Olvera, de la CEDHBC, advirtió que es una responsabilidad muy grande ocupar ese puesto, pero es necesario dar una mayor difusión a las convocatorias, pues ha sido poca la respuesta pese a la problemática en la entidad.
De los mil 024 desaparecidos registrados en la entidad, 610 son hombres y 414 mujeres, teniendo un promedio de 3.9 desaparecidos por cada 100 mil habitantes. Baja California se ubicaría en el séptimo lugar a nivel nacional, por debajo de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Sinaloa; y por encima de Veracruz y Zacatecas.
