A dos años del accidente que provocó la muerte de seis personas y lesiones a once más, la empresa transportista Altisa no se ha hecho responsable de pagar por los daños causados a las víctimas; su propietario Víctor Sevilla tramitó amparos para no ser obligado a presentarse ante el juez. Brandon Morelos, el joven que quedó casi cuadripléjico por el fatal percance, dice: “tengo pocas esperanzas de que se haga justicia”. En tanto, el gobierno municipal continúa apoyando la expansión de la firma de Sevilla
Leticia Larrañaga, Juez de Control del Poder Judicial de Baja California, ordenó la “comparecencia forzosa” de Víctor Eduardo Sevilla Torres a la audiencia de formulación de imputación establecida para el 26 de octubre de 2018, en relación a la causa penal 905/2017 que se sigue en su contra por los delitos de lesiones por culpa y homicidio por culpa, relacionados con el camionazo de Altisa, ocurrido el 12 de octubre de 2016.
Después de ignorar tres citatorios del órgano jurisdiccional, Sevilla tendría que ser llevado por medio de la fuerza pública ante la juez Larrañaga; sin embargo, para evadir el apercibimiento, optó por solicitar un amparo federal, siéndole otorgada una suspensión de la acción del Juez de Control.
Pero en su solicitud de amparo, radicada en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales, asentó una rúbrica distinta a la que inscribió en su credencial de elector o a la que aparece en la lista de asistencia que se anexó al documento de concesión que el Ayuntamiento de Tijuana otorgó a Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana BC, S.A. de C.V., mejor conocida como Altisa.
“Por ello recurrimos a un perito en grafoscopía que determinó diferencias al cotejarla con otros documentos firmados por Víctor Sevilla”, informó Jorge Escárcega, defensor de las víctimas que reclaman ser indemnizadas por la empresa transportista.
Entonces impugnaron ante el Juzgado Federal la rúbrica asentada en la solicitud de amparo y pidieron que peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) comprobaran su autenticidad.
El Juzgado Federal ha reclamado en tres ocasiones la presencia del dueño de Altisa sin que éste haya atendido las citas, por lo que nuevamente fue advertido que si no acude al cuarto citatorio fechado para el 26 de octubre, tendrá que utilizarse la fuerza pública, esta vez federal, para ser presentado ante el juez.
Foto: Archivo
Ante la evasión recurrente de la justicia, los abogados de las víctimas solicitaron al juez del Juzgado Federal reconsiderar la suspensión que otorgó al dueño de la empresa de transporte público, acción que mantiene frenado el seguimiento que la Procuraduría General de Justicia de Baja California da al caso 0204-2016-16589, relativo al accidente ocurrido hace dos años, en el que 6 personas murieron y 11 resultaron con lesiones de todo tipo.
POCAS ESPERANZAS DE JUSTICIA
“No es que tire la toalla, pero sabemos que el gobierno baila con dinero y está bien comprado todo, no tengo muchas esperanzas de que se haga justicia. El gobierno cubre a la empresa o al dueño y pues ¿así cómo?”, compartió a ZETA Brandon Morelos Hernández, quien sobrevivió al fatal accidente registrando severas lesiones que casi lo dejan cuadripléjico.
Este viernes 12 de octubre se cumplen dos años del aciago día en que abordó el camión tipo panel de la ruta de Ke Casas, para llegar a su vivienda asentada en el fraccionamiento Palma Real. A punto de llegar a su casa, la unidad conducida por Pedro Torres Quintero, de 45 años de edad, chocó contra un camión de traslado de personal, causando que 6 personas perecieran, el chofer entre ellos, y 11 resultaran con lesiones de todo tipo.
Desde entonces la vida de Brandon y de su familia cambió radicalmente. La rutina se ha convertido en sesiones de terapia, citas médicas, de rehabilitación y juzgados, al no lograr que Altisa se haga responsable del accidente.
-¿Tienes esperanzas de justicias? Se le preguntó.
“Cómo le digo, el gobierno baila con dinero y la empresa, y el mismo dueño le están dando dinero al gobierno para que lo cubran, le sale más barato darle al gobierno que indemnizarnos” fue su respuesta.
Desde su casa, Brandon continúa estudiando la preparatoria; actualmente cursa el quinto semestre y espera graduarse el próximo año para matricularse en una universidad en la carrera de psicología. “Sería inscribirme en una universidad particular porque veo difícil poder alcanzar un lugar en una pública, como no asisto a clases no tengo buen promedio”, consideró.
De sus anhelos compartió, “quisiera salir a trabajar, quisiera poder hacer muchas cosas, trabajar y estudiar, comprar una computadora y un micrófono y hacer música, me gusta el rap, pero desde el accidente para acá todo eso cambió”. No obstante, considera que esos planes aún pueden ser para él “de que puedo, puedo, pero es difícil”.
De su día a día anotó, “me la vivo en la casa encerrado todo el día, hago terapias, escucho música”.
REHABILITACIÓN GRACIAS A DONATIVOS
A Claudio Morelos y Azucena Hernández, padres de Brandon, los primero doctores que atendieron a su hijo tras el accidente les advirtieron que acaso sólo podría mover la cabeza y un brazo.
24 meses después el joven mueve ambos brazos y registra sensibilidad en ambas piernas.
Actualmente cuenta con 18 años de edad, Brandon creció y embarneció, por lo que moverlo resulta pesado para sus padres, quienes no desisten en lograr una mayor rehabilitación física del muchacho.
Durante casi dos años lo estuvieron llevando a terapias en el DIF, en donde Azucena ha tomado talleres para ella misma continuar proporcionando las terapias a su hijo desde casa. Sobre todo porque al no contar con un vehículo para trasladarlo, las visitas con los terapeutas profesionales han tenido que ser suspendidas desde hace dos meses.
“Teníamos un carro chocolate, pero nos lo quitaron y es costoso moverlo en taxi”, indicó.
Un mes antes de que les decomisaran la unidad una asociación que apoya a menores de edad con discapacidad les ofreció apoyarlos.
Ante sus evasivas de comparecer, juez ordena su presentación forzosa
Ahí Brandon mejoró notoriamente, ya que la rehabilitación incluía la equino terapia, “sólo pudimos llevarlo dos semanas, pero sí avanzó en su rehabilitación, sobre todo fue notoria una mayor movilidad en sus piernas y más sensibilidad, por lo que los terapeutas nos recomendaron no parar”.
En tanto, lo apoyan con tres sesiones de ejercicios al día, una en un aparato de gimnasio para que ejercite los brazos y agarre fuerza en sus músculos; la segunda consiste en terapia en las manos con material didáctico como plastilina “y aparatos que logramos conseguir de segunda”. “Sí ha dado resultado, ya escribe su nombre”, expresó emocionada la madre de Brandon.
La tercera consiste en ponerlo de pie, para lo cual les recomendaron colocar a Brandon en una andadera especial para adulto “que no pudimos comprar porque cuesta 60 mil pesos”, expuso la señora Azucena.
La falta de andadera no es una limitante para que Brandon reciba esta parte de la rehabilitación, para ello sus padres lo colocan en un cajón de madera equipado con una camilla en la que lo colocan acostado, para después pararlo; para lograr mantenerlo en esa posición lo sostienen con un arnés amarrado de las escaleras de la vivienda.
“Ahí vamos poco a poco, mientras seguimos juntando para comprar otro carrito y poderlo llevar de nuevo a sus terapias, sobre todo a la del caballo, esa sí le ayudó mucho. Sí ha avanzado mucho, sé que cómo se siente a veces él no ve eso, se desespera, entra como en depresión”.
Reconoció que la rehabilitación lograda para su hijo ha sido gracias a la ayuda de la gente, pero admitió que el joven ocupa aún mucho más para avanzar en su recuperación.
“Yo tengo la esperanza de que mi hijo va a volver a ponerse de pie, pero para eso necesita muchas terapias, por eso quiero que se haga justicia no sólo a mi hijo, sino a todos los que sufrieron ese accidente, incluidos los familiares de las personas que fallecieron”.
“Víctor Sevilla ha señalado públicamente que nosotros le habíamos pedido una cantidad, lo cual no es verdad. Nunca hemos hablado con él ni con los abogados de Altisa, nunca le hemos puesto precio a la salud de mi hijo, solamente los abogados saben qué van a pedir. Mi hijo ya no va a volver a ser el mismo, aunque vuelva a caminar, por eso no le puedo poner precio a la salud de mi hijo, jamás, sólo quiero justicia”.
Aunque desde un principio los padres de Brandon demandaron a la empresa hacerse responsable, a la fecha no ha respondido.
El papá, Claudio Morelos, pasó un día desde las 9:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, sentado en la oficina de Pedro Zamorano, apoderado de Altisa, no fue atendido.
Días después recibió una llamada de un supuesto representante de la empresa ofreciéndole un carro y placas para la operación de un taxi, advirtiéndole que del costo del carro la empresa solamente le pagaría la mitad, el resto él tendría que cubrirlo. No aceptó, “queremos que lo que se haga sea legal”, dijo.
AMPARADA EN EL PROTECCIONISMO OFICIAL
Al momento del choque, la unidad con el número económico 290 circulaba con un permiso provisional sin número, de los que asigna Vialidad y Transporte a las unidades de prueba; tampoco contaba con seguro de protección para pasajeros obligatorio en toda unidad de transporte público. Aun así el gobierno municipal no le canceló la concesión a Altisa.
Ocurrido al final del periodo administrativo de Jorge Astiazarán, la autoridad municipal aprovechó para no darle el seguimiento correspondiente, mientras que el actual gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro se ha excusado en el argumento que el hecho ocurrió en otra administración.
Al inicio del XXII Ayuntamiento de Tijuana la Síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde, se comprometió a revisar el caso, pero a la fecha no ha presentado resultados. Lo mismo ocurre en la Dirección de Transporte Municipal.
“El caso está ante los juzgados y estamos a la espera de lo que determine un juez para poder actuar”, es la respuesta ofrecida por el gobierno municipal. En tanto continúa apoyando a esta empresa firmando acuerdos para que expanda sus servicios, como el fallido convenio para que se integrara al Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT).
La omisión de la autoridad municipal fue asentada en la queja 289-2017 presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por los afectados en contra de la Dirección de Transporte Público Municipal de Tijuana.
La Comisión integra el expediente por “presunta vulneración al derecho a la seguridad Jurídica y por los hechos violatorios de brindar deficientemente los servicios en materia de transporte, omitir dar seguridad a bienes en general afectando derechos de terceros”.
Respecto al caso el apoderado de Altisa, Pedro Zamorano, no quiso hablar. Él ha asegurado que la empresa opera dentro de la legalidad y que sí se hizo responsables de gastos médicos y funerarios de las víctimas “que sí aceptaron nuestro apoyo”.
