Baja California se convirtió en la última entidad en contar con una Ley de Victimas, luego que en la pasada administración quedaran cuatro propuestas en el tintero; aunque la aprobación significa un avance en el tema de Derechos Humanos, la legislación parece ser una simulación, ya que en 2019 contará con un fondo de apenas 5 millones de pesos
El 19 de septiembre de 2018, de manera exprés fue aprobado en la Comisión de Justicia el Dictamen 45 de la Ley de Victimas para Baja California. El documento llegó al pleno del Congreso del Estado el jueves 27 de octubre. A menos de un año de su salida, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid concuerda en destinar 5 millones de pesos para reparación del daño.
Después de cinco años de presentada, la Ley de Víctimas fue aprobada en Baja California. Ahora en el Gobierno del Estado tendrán la obligación de crear el fondo económico para la reparación de daños, la raquítica cantidad de 5 millones de pesos para ejercerse en 2019.
Hace un lustro, Nancy Sánchez Arredondo, entonces representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la XX Legislatura, quien presentó la iniciativa de Ley. Con mayoría tricolor, la propuesta fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado, a excepción de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).
El gobernador en turno, José Guadalupe Osuna Millán, vetó la Ley al señalar la incapacidad del Estado para la creación del fondo económico.
Tal desinterés en las administraciones panistas casi trasciende al gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, pero a prácticamente un año de concluir su administración, aprobó la designación de 5 millones de pesos para la reparación del daño.
En la XXI Legislatura fueron proyectadas cuatro iniciativas para crear la Ley, todas se quedaron en la congeladora con el mismo argumento: no había recurso económico para destinar. En el Congreso actual, fueron dos las iniciativas presentadas, una de la diputada Triny Vaca, otra de Victoria Bentley. De ambas, hicieron una.
ESQUEMA
La nueva Ley creará el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que estará integrado por una Comisión Ejecutiva Estatal y cinco consejeros consultivos. Del primero se creará una Junta de Gobierno y un Comisionado Ejecutivo, el cual tendrá cuatro facultades:
- Administración del Fondo Estatal, que se utilizará para la reparación del daño.
- Registro Estatal de Victimas, ya sean directas o indirectas.
- Comité Interdisciplinario evaluador, donde se determinará quiénes requieren del apoyo y cuál será el monto económico para la reparación del daño.
- 4. Enviar propuesta al Congreso del Estado para la creación del Consejo Consultivo Ciudadano.
Para la ex diputada Nancy Sánchez Arredondo, la nueva Ley es producto más de una cuestión política que de un real interés por atender a las víctimas de la violencia en Baja California. De hecho, hace cinco años el nivel de inseguridad era menor en la entidad, y la Ley que ella presentó, tenía el objetivo de homologarse con la legislación nacional de febrero de 2013.
Sobre la propuesta aprobada, comentó: “Tiene muchas similitudes, retomaron mucho de mi iniciativa y qué bueno que llegue, desde mi punto de vista es muy tarde, pero es mejor tarde que nunca, recuerdo que cuando presenté mi iniciativa, estaba muy completa, tuve organismos internacionales que vinieron a ayudarme, se foreó con padres de desaparecidos y lo único que sí fue diferente e insalvable, fue que la presentamos nosotros los priistas y se mandó a la congeladora”.
Además, cuando finalmente fue aprobada por diversas fuerzas políticas, el titular del Poder Ejecutivo, José Guadalupe Osuna Millán, la vetó. “Después de aprobarla yo me fui a platicar con el gobernador, buscando la posibilidad de que pasara, si recuerdas todo nos vetaba y le pedí que pensara en las víctimas del delito, que estaba escrita casi con sangre porque trabajamos como seis meses la iniciativa que estaba muy completa, incluso él reconoce que estaba muy buena, pero argumentaron que no había disponibilidad presupuestal; fue muy doloroso ese veto, pero creo que después de todos estos años retomaron mucho de mi iniciativa”, compartió Sánchez, quien no pretende desmerecer el trabajo de las actuales diputadas, pero considera que la Ley de Víctimas llegó con un gran retraso, tanto que ahora se convierte en “una aspirina para un cáncer casi en fase terminal”, pues “no hay una Ley que supla el trabajo de un gobierno estatal”.
Nancy Sánchez
Reiteró: “El gobierno estatal es omiso y está ausente en esos temas, creo que estamos atendiendo más los temas de inversión y erigirse como el defensor de los inversionistas el gobernador del Estado, muy lejos del estar atento a las víctimas del delito”.
Para Víctor Hugo Medina, presidente del Colegio de Abogados “Por una Excelencia Jurídica”, la Ley sin un fondo económico no tiene razón de ser, debido a que en eso consiste prácticamente la reparación del daño. Aunado a que nivel federal existe una legislación que se encarga de reparar el daño en caso que el ofensor no pueda pagar, pero la persona responsable del delito debe estar sentenciada y no contar con recursos para que la dependencia federal pueda pagar el daño a la víctima.
“Se me hace más politizado por parte de la diputada, hacerse notar más que llevar un objetivo principal, se me hace más de política, deben estructurarla mejor, ya que el objetivo final es la reparación del daño de la víctima”, reflexionó el abogado.
— ¿Qué opinión tiene de que sea el Estado el que cubra esos gastos del erario público?
“La situación es por necesidad, el sentenciado debe pagar la reparación del daño, pero muchas veces no tienen dinero y la victima queda en estado de indefensión, ahí es cuando el Estado debe sacar recursos para eso; a nivel nacional no debe de pasar de un millón de pesos para pagar la reparación del daño”.
Por su parte, el abogado Miguel Ángel García, representante de la asociación Esperanza, reconoció que la Ley de Víctimas adolece de algunas fallas, ya que no existe una reparación integral: “Sabemos que hay un problema financiero, de presupuesto, ya que son miles de víctimas, no nada más es pagarles en lo económico, sino que tiene que ir aparejada la Ley de la cuestión psicológica, el proceso de duelo y todo lo que conlleva”.
Y afirmó, tienen la esperanza de que no se trate de un “simulacro” de la actual administración que está a un año de concluir.
INICIALISTAS
La diputada Triny Vaca adelantó que Baja California es el último Estado en sacar esta legislación, la cual es una armonización de la Ley general, y que de manera particular a lo largo de la frontera, existe un sentimiento de olvido.
“Se había planteado varias veces en las distintas legislaturas y no se había podido lograr, ahorita se trabajó en la parte jurídica con la diputada Victoria Bentley y en la parte social con Triny Vaca, hemos hecho un gran trabajo atendiendo a los distintos colectivos, salvando muchas situaciones para que esta Ley abrace todas las situaciones de víctimas”, expuso la legisladora.
Vaca celebró el trabajo de las dos legisladoras, que se realizó con prudencia y cara a cara con los colectivos para que se vean reflejadas sus quejas, rezagos y, finalmente “esperemos concienticen que es una deuda para todo el Estado y que todos abonemos”.
En el tema financiero, indicó que no estaba contemplado, pero es el siguiente paso en el nuevo presupuesto.
Victoria Bentley, otra de las inicialistas, declaró que entre los beneficios de la Ley destaca la reparación del daño y que desde 2003 se contaba con una Ley obsoleta sobre la reparación de atención a víctimas y ofendidos, pero no era integral.
“Cuando se hace la Ley Nacional de Víctimas, que es el marco normativo que ahorita estamos adecuando, la iniciativa se presentó en cuatro ocasiones en la pasada Legislatura, pero nunca se pudo aprobar, somos el último Estado que no tenemos una Ley de Víctimas, estamos armonizando Ley General con la local, pero a la vez trabajando con la Procuraduría General de Justicia del Estado, porque tiene que hacer ciertas adecuaciones al personal”, describió.
De igual forma, aclaró que se debe crear un departamento especial para atención a víctimas y una junta de gobierno.
Otra de las innovaciones es la creación de un consejo consultivo de ciudadanos, los cuales serán nombrados por el Congreso y tendrán injerencia en toda la normatividad, sobre todo al aprobar políticas públicas que tengan que ver con la atención a víctimas.
Victoria Benttley
También prevé la figura de Comisionado Ejecutivo, quien tendrá facultad de administrar el fondo o un fideicomiso y se creará el Registro Estatal de Víctimas y el Comité Interdisciplinario Evaluador, el cual determinará si la víctima puede acceder al fondo y el monto de la indemnización.
Según Bentley, a diferencia de la Ley nacional, en la del Estado no existe un monto máximo de reparación de daño que se pueda entregar a cada ciudadano afectado.
Una vez aprobada, tardará seis meses en entrar en funcionamiento, la PGJE y la Secretaria de Planeación y Finanzas tendrán 160 días para realizar las adecuaciones pertinentes. Agregó que cuando se acabe el dinero, las victimas estarán en lista de espera hasta que vuelva a existir recurso, por ello será importante el Registro Estatal de Víctimas.
“Quien va a determinar la calidad de víctima es un Consejo Interdisciplinario evaluador, ellos considerarán si la persona tiene calidad de víctima y si amerita otorgarle la reparación del daño”, advirtió Victoria Bentley.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera, dijo que la falta de reconocimiento de las víctimas es un síntoma grave en cuanto a la falta de un verdadero compromiso de respeto a los derechos humanos de las víctimas, “es una demora tremenda que se puede constatar en el lugar que ocupamos a nivel nacional, somos dos (estados) sin Ley de Víctimas, Guanajuato y Baja California, pero BC está peor porque en Guanajuato por lo menos el Ejecutivo destinó una bolsa de 40 millones de pesos para la reparación de daño a las víctimas, de los cuales han ejercido más del 50 por ciento”.
— ¿Por qué tendría que salir ese recurso del bolsillo de los bajacalifornianos, cuando el agresor debería de reparar el daño?
“Es en armonía con la Constitución, no es una ocurrencia, no es una anécdota que a alguien se le ocurrió crear el fondo, es una estrategia constitucional para el cumplimiento del Artículo 1. Tenemos que prevenir, pero también reparar violaciones a los derechos humanos, y esto se hace de manera institucional”, finalizó Olvera.
