En 2015, durante una reunión realizada para dar a conocer la lista de países identificados como estados fallidos, el especialista en Desarrollo Social del Grupo de Investigaciones del Banco Mundial, Michael Woolcock, explicó -parafraseando a León Tolstoi- que así como “cada familia infeliz, es infeliz a su manera”, un Estado frágil, es frágil a su manera.
Para enfatizar el hecho de que un Estado con condiciones económicas de medianía, también podía ser fallido o débil, el entonces director del Programa de Seguridad y Desarrollo, Gary Milante, agregó: “Mientras que ciertas dinámicas locales, como la desigualdad y la descomposición social son factores importantes, también lo son otras dinámicas globales como el comercio mundial de drogas”.
En los últimos tres años, estos planteamientos se han retomado en diversos foros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, donde los especialistas han destacado otros parámetros para definir la fragilidad de un Estado.
Como el hecho de que el gobierno “sea incapaz o no tenga la voluntad” de mantener el control territorial y asumir las funciones necesarias para brindar la seguridad ciudadana; de garantizar la justicia y el Estado de Derecho; de establecer una relación constructiva e interactiva con la población. Y no se trata sólo de que la ciudadanía exprese su deseo, sino que sea escuchada.
Entonces, aunque en lo general México no está en la lista de los primeros veinte estados fallidos del mundo, y Baja California en lo particular no padece una guerra civil, ni hambruna, y el Estado es capaz de prestar los servicios básicos, la impunidad, la ausencia del Estado en el control territorial, la violencia, el narcotráfico y el hecho que la “gente no mande” -como prometió hace cinco años el actual gobernador, Francisco Vega de Lamadrid-, muestran a la entidad como un Estado débil, frágil o fallido… “a su manera”.
Y como parte del Estado bajacaliforniano, los gobiernos municipales contribuyen al quebranto de la autoridad legítima.
El vacío de poder más grande existe en el control de seguridad y el territorio. Los líderes de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Arellano administrando las actividades delictivas que suponen un peligro en el estado, en el país, incluso en la relación con Estados Unidos.
Los hermanos Arzate y los primos Mendoza Uriarte, los Mesién y Beltrán en Tijuana, Antonio Soto en Tecate, Cenobio Flores y Manuel Garibay en Mexicali, y la lista de cabecillas empoderados por dinero producto del tráfico de droga continúa.
Peor aún, superando el poder territorial del gobierno también están los delincuentes menores, eso que dirigen tienditas, esquinas y actúan como dueños de las cuadras y colonias. Esos que la corrupción o incapacidad del Estado, permiten que se sientan tan impunes, que no les importa asesinar a un policía cuando se lo topan, balear las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, tratar de matar a balazos a un comandante ministerial, o enviar un dron con fotos a la casa del secretario de Seguridad para amenazar a la autoridad.
Esa violencia expone otra característica de una entidad fallida: la pérdida del monopolio en el uso de la fuerza. Como prueba están las mil 820 personas asesinadas solo en Tijuana en el transcurso de 2018, y las 2 mil 200 ejecutadas en Baja California. Narcomenudistas los juzgan, sentencian y matan de manera ilegítima por robos o deudas de droga, o por intercambiar célula delictiva.
En cuanto a la disposición o capacidad para salvaguardar los derechos jurídicos, mientras la Procuraduría promociona un 33 por ciento -7 de cada 10- de carpetas judicializadas, los números recién publicados por la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE 2017) muestran que el número de expedientes registrados por crímenes en Baja California está por encima de la media nacional, aunque sólo se denuncia el 17.45% de los delitos -cifra negra 89.2%- y únicamente se inició carpeta en el 11% de los casos.
En más del 70% de estos expedientes no hubo avances o siguen en trámite, y sólo en el 4.2% de las carpetas, el delincuente se puso a disposición de un juez. Mientras los daños económicos estimados fueron de 8 mil 013.2 millones de pesos.
Respecto a las carencias o deficiencias de una relación constructiva del poder con sus gobernados, hablan los grupos de las organizaciones que representan grupos vulnerables y reclaman no ser recibidos, o las organizaciones no gubernamentales a las que le piden comisión como condición para asignarles recursos, las manifestaciones tumultuarias, las denuncias públicas y judiciales, y las varias encuestas ciudadanas que colocan al gobierno de Baja California como uno de los más corruptos del país.
Al final, todas características de una fragilidad que demerita la autoridad dada por Ley al Estado para la toma de decisiones, que hace más grande la puerta para que el territorio se convierta en refugio del crimen organizado.
Todos, parámetros en los que el gobierno estatal y los municipales, aún tienen poco más de un año para trabajar y, aunque sus posibilidades de quitarle el control territorial al narcotráfico en los siguientes doce meses no son las más grandes, donde si tienen amplia posibilidad de avanzar, es en el combate a la impunidad, la corrupción y el fomento de la transparencia que les permita establecer una relación más provechosa con la ciudadanía.
