El Estado mexicano presenta síntomas de debilidad política y financiera.
El elevado número de homicidios, “la venta de piso” mediante coerción y el ejercicio de la violencia, han llevado a que muchos ciudadanos porten armas, mientras otros acuden al linchamiento, mejor conocido como auto justicia.
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Existen mecanismos de defensa de derechos humanos, pero éstos no son suficientes cuando nos acercamos a lo que se conoce como Estado fallido.
Una de las obligaciones del Estado, es mantener el orden y la seguridad interna, aparte del control financiero y la defensa del territorio nacional. Pero el desbordamiento de la violencia obliga a la reflexión y a la acción. Haciendo prevalecer el derecho, es la única manera de evitar los estallidos de descontento social, sobre todo si no hay éxito en el combate a la corrupción y la impunidad nacida de las negociaciones ilícitas, el peculado y los abusos de poder.
Volvemos a repetir lo que en varias ocasiones hemos escrito en esta columna, sino se castiga severamente a los autores de peculados y abuso del poder, si se otorgan perdones a exfuncionarios que se han enriquecido sin límite y a costa de la miseria del pueblo; no habrá tranquilidad social ni confianza en el gobierno. Por ser este ejemplo trascendente de lo que no debe hacer la autoridad dotada de fuerza que emana del derecho.
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Vemos con tristeza que Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, antes de asumir el poder se retracta de sus promesas de hacer justicia a favor de aquellos que sufren siglos de explotación y discriminación.
Malo apartarse de la voluntad popular y de lo que los mexicanos queremos, que es justicia, y si ésta no se da, seguirá latente el peligro de un levantamiento armado que sabemos, sólo traerá muerte y miseria.
Hermann Heller en su libro “Teoría del Estado”, define a éste como un poder de mando jurídicamente regulado, sino se aplica el poder de mando regulado por el derecho, pronto estará presente la anarquía o la dictadura que suelen presentarse en gobiernos débiles o de mano dura.
Arnoldo Castilla es abogado y catedrático de la UABC.
