Para dar ejemplo, el Senado de la República, de mayoría morenista, aprobó por unanimidad un plan de austeridad. Como parte del proceso, informaron de las reducciones a los salarios del personal parlamentario y enlistaron una serie de recortes a gastos en alimento, bebidas, compra de vehículos, viajes, gasolina, peajes, teléfonos celulares, seguros de gastos médicos, de desempleo o separación; vales de despensa, estímulos económicos y bonos.
Para reducir las plazas, los legisladores plantearon desaparecer 22 de las 64 comisiones actualmente enlistadas con sus respectivos presupuestos, y quedar en 42. Son decenas de acciones que forman parte de una reestructuración administrativa y de racionalización del gasto, con la que pretenden ahorrar hasta “mil 500 millones de pesos” en 2019.
De esta manera, cooptar el abuso de erario, ejercido por diputados y senadores, ha sido uno de los primeros compromisos cumplidos por los recién llegados legisladores federales. Por lo menos de palabra, y sujeto a comprobación.
Como dice el refrán, “Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar”, éste resulta un momento adecuado para voltear a ver a las legislaturas locales y analizar, por ejemplo, qué está haciendo el Congreso de Baja California en materia de austeridad.
Adicional a su sueldo, cada uno de los 25 diputados recibe y distribuye 400 mil pesos mensuales que suman 4.8 millones de pesos al año; son 200 mil para gasto social y 200 mil para comisiones, pero los pueden “campechanear”, pasar de una partida a otra, de acuerdo a sus necesidades.
Lo cual resulta muy práctico para los legisladores, pero perjudicial para el control y la transparencia del gasto. Sobre todo tratándose de los integrantes de un Congreso, que ha sido severamente criticado por los bajacalifornianos por su sometimiento a la voluntad del gobernador, dedicado a apoyar y aplaudir los proyectos del Estado. Con muy pocas excepciones.
En respuesta a los reclamos sociales, en lo que va del año, la XXII legislatura ha eliminado dos rubros del presupuesto, el pago de gasolina y la asignación de viáticos, este último, de 10 mil pesos a la semana que los 25 diputados recibieron los tres últimos meses de 2016, todo 2017 y parte de 2018, todos, hasta los que vivían en Mexicali, donde se ubica la sede del Congreso.
Sin embargo, ahora la gasolina, viáticos, comidas y demás gastos de lo que se le ocurra al diputado, pueden ser de representación, salir del presupuesto de comisión, de ese fondo de 200 mil pesos que pueden ampliar a 400 mil con los recursos destinados para gasto social.
Y sí, hay una Comisión de Administración y una contraloría interna, responsable de vigilar que cada uno de esos gastos sea respaldado por su respectivo recibo, pero al final se trata de los diputados auditándose solos, dando paso a uno de los vacíos legales más ilógicos de la administración pública. Porque nadie los revisa, ni siquiera la Auditoría Superior del Estado, que tiene autonomía técnica, pero depende económicamente del Congreso y que, por cierto, lleva más de dos años sin tener un titular. Desde el 16 de agosto de 2016, Carlos Padilla Villavicencio está como encargado de despacho, y si el auditor no los revisaba, menos un encargado.
Entonces, como parte de un plan de racionalización del gasto, los legisladores locales podrían empezar por la transparencia. Por legislar, para hacer obligatoria la publicación periódicamente de la información detallada de sus gastos de comisión y desarrollo social. Y para evitar el socorrido argumento de negar información por protección de datos personales del beneficiario, pueden establecer un sistema para publicar los recibos de los proveedores que reciben los pagos, del doctor si se trata de dinero para gastos médicos, o de la librería si es compra de útiles, y la lista puede seguir.
Aquí, señores, es cuestión de voluntad. Sólo se trata de convertir el gasto de este dinero público en información pública, porque para saber dónde se puede ahorrar, primero hay que conocer en qué se está gastando recurso, que al final de la gestión sumará 360 millones de pesos.
Se van hasta el próximo año, con transparencia. Tal vez aún puedan rescatar algo de credibilidad para sus partidos. Si no lo hacen por la gente, pueden pensar en su futuro político. Recuerden que los resultados de la última elección evidenciaron que la austeridad está de moda.
