A menudo cambian las formas, pero el fondo sigue siendo el mismo. El comentario, de entrada, resulta puntual cuando en Baja California, en la recta final de 2018, desde el gobierno que encabeza el panista Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, el control a la prensa hace recordar aquellos tiempos en que el Presidente Porfirio Díaz estableció y oficializó un modelo de comunicación social basado en la subordinación de la prensa a sus intereses y a su administración.
El miércoles 5 de septiembre, Raúl Reynoso Nuño, ex reportero, ex directivo de medios y actual director general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, solicitó espontáneamente una reunión con la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello. Su objetivo era preciso: acusar lo que llamó un tratamiento agresivo de este Semanario contra el gobernador.
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En concreto, al funcionario público le disgustó la edición 2317, correspondiente al viernes 24 de agosto, en cuya portada aparece una fotografía del titular del Poder Ejecutivo de Baja California con el encabezado “Más millones por propiedades”. El reportaje correspondiente informa cómo en meses recientes Vega ha vendido propiedades a funcionarios y proveedores de su administración para sumar millones de pesos en su favor.
Tal como se le explicó en su momento a Reynoso, la información fue expuesta tras una rigurosa investigación periodística que obedece a la línea editorial crítica que ZETA ha sostenido desde su origen, hace 38 años.
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La respuesta no satisfizo a Reynoso. El viernes 7 de septiembre, a través de mensajes telefónicos, el servidor público informó a la directora de publicidad de este Semanario lo siguiente: “No haremos convenio por lo que resta del año. Pautaremos conforme sea necesario”.
La medida consiste en suspender la publicidad oficial del Gobierno del Estado en las páginas de ZETA, con la evidente intención de castigar económicamente a un medio.
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El ejercicio de la libertad de expresión tiene un costo. Cuando el quehacer periodístico expone el narcotráfico, la reacción del crimen organizado es directa: viene la amenaza. Cuando se trata de un gobierno, al menos como el de Vega de Lamadrid, la consecuencia es presionar por el lado económico, teniendo en este caso el poder de determinar cómo se gasta un presupuesto de 93 millones 177 mil pesos -procedentes de impuestos- para propaganda en 2018.
En un México donde demasiadas voces han sido silenciadas con plomo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se asoman también formas más sutiles de controlar los contenidos de la prensa en un afán de oficializarla, hasta el punto de degradarla.
Ciertamente se viven tiempos complicados para la libertad de expresión en el mundo entero, comenzando hacia el norte, con la constante denuncia de “fake news” en la era de la posverdad; el encarcelamiento de dos reporteros de Reuters en Myanmar por dar cobertura a la masacre de la etnia Rohingya; y la manipulación fallida de Nicolás Maduro para minimizar el éxodo de venezolanos a plena luz documentada por la prensa, son ejemplos de un grave atentado a la democracia y de una regresión a épocas de intolerancia y represión.
Y de vuelta a México, aunque los primeros medios independientes en México surgieron a finales de los años setenta y principios de los ochenta, la realidad es que en términos legales, los gobiernos que pretenden castigar el periodismo independiente negando información o retirando publicidad institucional, pueden hacerlo con suficiencia e impunidad, porque en los últimos 18 años no ha habido una legislatura capaz de regular tal rubro.
Otro ejemplo es la reciente aprobación de una Ley General de Comunicación Social, bautizada como “Ley Chayote” -para aplicarse en 2019-, impugnada porque legaliza las eternas prácticas de discrecionalidad en la asignación de publicidad.
En ese contexto, Jesús Ramírez Cuevas, presentado como coordinador de Comunicación del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha comprometido con establecer criterios claros para la asignación de recursos públicos en publicidad, entre los que contempla considerar el alcance y la audiencia, pero también otros elementos como el rol que el medio desempeña en el país y su aportación a la sociedad.
La prensa libre de México se encuentra otra vez ante una promesa de transparencia. El tiempo habrá de definir si esto al fin se cumple en un país donde todavía hay gobiernos, como el que a nosotros nos toca, que prefieren buscar formas de golpear al periodismo de investigación, en vez de reconocer su problemática y rectificar el camino, para el bien de la sociedad que hace 30 años comenzó a dar su voto de confianza al PAN, partido que en su momento también representó la promesa de un cambio, tras décadas de corruptelas y represalias priistas.
Ahora, la administración de Francisco Vega de Lamadrid, en voz de su director de Comunicación, Raúl Reynoso, se molesta por la divulgación de reportajes a fondo que “despiertan odios contra el gobernador”.
Pareciera que el mandatario estatal no se ha enterado que de acuerdo con la encuesta que Arias Consultores dio a conocer en agosto de 2018, Francisco Vega de Lamadrid fue calificado como el quinto peor gobernador de México, con una aprobación de apenas 10.5 por ciento de los encuestados. Asimismo, en la consulta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sus pares -empresarios exitosos- lo ubicaron como el tercer gobernador peor evaluado, mientras que en la Encuesta Nacional 2017 del Gabinete de Comunicación Estratégica, Vega obtuvo los resultados más bajos, colocándose en el lugar 29 de 32 mandatarios.
A pesar de ello, la gestión de Francisco Vega se vale de la reprimenda económica en un intento por sofocar al periodismo independiente. Pero de ninguna manera estas acciones son fatídicas para la libre expresión. En ZETA, el periodismo de investigación, crítico, de análisis y opinión, es un compromiso con Ustedes, nuestros lectores. Y así seguiremos.
