Promover el sistema judicial oral y la atención ante la falta de recursos, es el común de la mayoría de los aspirantes a ocupar la vacante que dejó el magistrado Félix Herrera Esquivel -quien se retiró al cumplir 70 años-. Jueces, secretarios de Acuerdos y litigantes, son los 16 interesados en el puesto, quienes fueron entrevistados por diputados que evidenciaron desconocimiento del funcionamiento del Poder Judicial
Distribuir mejor los recursos económicos, promover y reforzar la oralidad, y la creación de una escuela judicial, fueron las principales coincidencias en los 16 aspirantes a magistrados que participaron en las entrevistas ante diputados de la XXII Legislatura, los cuales destacaron por sus preguntas generales que evidenciaban desconocimiento de la función judicial.
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En una jornada que duró de las once de la mañana a las nueve de la noche del miércoles 5 de septiembre, con un receso en medio, se escuchó la propuesta de magistrados supernumerarios, jueces, secretarios y litigantes, que pretenden ser electos para ocupar el espacio que en agosto dejó vacante Félix Herrera Esquivel en el Tribunal Superior de Justicia.
En tanto continúa el proceso -cuyo plazo fatal es el 21 de septiembre-, el ex magistrado Félix Herrera ya interpuso un amparo para ser reinstalado como integrante del pleno, tal y como lo hizo hace unos meses su ex compañero Raúl González Arias, quien obtuvo sentencia favorable, pero no pudo ejecutarse, debido a que ya había sido removido del cargo.
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LOS ASPIRANTES
Cada aspirante tuvo un lapso de minutos para exponer su trayectoria profesional y las propuestas con las que pretende mejorar el funcionamiento del Poder Judicial, algunas de ellas incluso fuera de las atribuciones de un magistrado.
Diputados de la comisión de gobernación
Marcelino Zepeda Berrelleza, Juez mercantil de Ensenada, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), con maestría en Derecho Constitucional y dos posgrados en España, además de seis diplomados en Derecho Corporativo y Procesal.
Su prioridad es promover los juicios orales en materia mercantil y familiar, como una solución para agilizar los juicios, además de realizar reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y en otras donde requiera la gestión del Congreso del Estado.
Ante la pregunta del diputado Catalino Zavala, calificó con 8.5 el desempeño del Poder Judicial, argumentando que se hace un gran esfuerzo con lo que se tiene.
Ana Carolina Valencia Márquez. Ocupó –como casi todos los aspirantes- cada uno de los puestos para llegar a la titularidad del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar, durante sus 16 años al interior del Poder Judicial.
Entre sus propuestas destaca el desarrollar el Código de Familia, la capacitación continua de funcionarios jurisdiccionales y reforzar el Instituto de Estudios Judiciales para que no solo se den cursos, sino especialidades, maestrías y doctorados.
Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez. Actual magistrado supernumerario adscrito a la Cuarta Sala. Cuenta con maestría y doctorado. Entre sus principales propuestas se encuentra aligerar el trabajo de los actuarios que se encargan de entre 30 y 40 expedientes, además de llenar ocho actas por cada diligencia.
Consideró que se debe abrir la posibilidad para que la ciudadanía recabe sus propias pruebas, ya que no hay dinero para sueldos, vehículos y otras cuestiones, pues la sobrecarga de trabajo provoca diferimiento de los juicios.
También propuso convenios con universidades para que ayuden en trabajo administrativo de los secretarios de Acuerdo y proyectistas, y crear la figura del Juez “B” o Itinerante, que apoye en agilizar procesos y sentencias, en lugar de crear Juzgados completos.
Carlos Alberto Ferre Espinoza. Enfocó su entrevista en las mejoras que haría en el Poder Judicial, como buscar que las apelaciones en las salas sean clasificadas a través de autos y sentencias ejecutorias, además de simplificar trámites para volver más eficientes los procesos.
De igual manera, propuso crear tribunales unitarios en Mexicali durante un proceso de prueba, los cuales se encargarían de temas sencillos. Posteriormente, abrir otros más en Zona Costa, con el objetivo de acercar la justicia a las personas, sobre todo aquellas de escasos recursos.
Asimismo, aumentar los esfuerzos para promover la oralidad en los procesos judiciales penales y civiles, donde afirmó que el Sistema Acusatorio está sobrepasando a las autoridades y la sociedad porque no se analizaron las necesidades específicas de la entidad.
Karla Patricia Amaya Coronado. Egresada de la UABC y con especialidad en materia constitucional en la Universidad Castilla de la Mancha, forma parte de la Red de Jueces por el Derecho Superior de la Infancia.
Ella consideró urgente trabajar en el Código de Procedimiento de Juzgados Familiares para no alargar por años los juicios de solución de custodia y reglamentación de convivencias, pues se trata de procesos tortuosos para las familias.
Al término de su exposición, el diputado Luis Moreno le preguntó por el endurecimiento de las penas para menores de edad, a lo que la jueza dijo es “un error”, pues la responsabilidad de las acciones de los menores de edad es del gobierno y de sus familiares. Afirmó que se debe rescatar a los menores con educación, no con cárceles.
Marcelino Zepeda Berrelleza
Pedro Hernández García Galaz. Reiteró la urgencia de un tribunal “proactivo” para promover y modificar leyes en beneficio de la impartición de justicia. Focalizó su entrevista a las necesidades del Poder Judicial, preocupado por la carga de trabajo, sobre todo en Zona Costa, donde se concentra el 70 por ciento de los expedientes, por lo que en su opinión, es urgente gestionar la creación de salas unitarias, además de llevar a cabo un plan de desarrollo que contemple crecer de forma directa con las necesidades de la ciudadanía.
A pregunta del diputado Bernardo Padilla sobre la creación de una escuela judicial, el aspirante afirmó que es necesario para dotar de mayores herramientas a los operadores del sistema, pues no solo es un tema de leyes, sino de interpretación y conocimiento de las mismas.
Sobre el haber de retiro, lo cual fue cuestionado por Luis Moreno, Hernández García Galaz aseveró que todo trabajador que ha dado su vida por el Poder Judicial tiene derecho a garantizar su seguridad social en el ocaso de su vida, tal y como los juzgadores federales.
Ana María Elías González Rosas. Egresada de la UABC, con más de 25 años trabajando en el Poder Judicial. Durante sus diez minutos frente al pleno, manifestó que su principal preocupación es otorgar a la ciudadanía una justicia pronta y expedita, además de apoyar en el diseño de un eficiente plan de desarrollo para el Poder Judicial.
El diputado Catalino Zavala pidió sugerencias para mejoras administrativas, pero la aspirante señaló que esa es competencia del Consejo de la Judicatura, aunque pondría su “granito de arena” para apoyar en dichas tareas. Su única propuesta fue buscar mayores recursos para mejorar las condiciones de los Juzgados.
María de Lourdes Molina Morales. Litigante por diez años y funcionaria judicial por veinte, es una de las más críticas en los procesos de selección de magistrados. Aseguró que tendría propuestas en tres ejes para mejorar el Poder Judicial, el primero de ellos, actualizar la legislación a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de modificar la Ley Orgánica y de Carrera Judicial.
También apoyó la creación de una escuela judicial donde se prepare a jueces y magistrados a través de círculos de estudio, con el objetivo de estar mejor preparados durante los concursos.
Molina Morales presumió un proyecto realizado hace años en su Juzgado, donde a través del apoyo de un administrador, lograron desahogar y distribuir de manera eficiente los procesos internos y la ubicación de horarios de audiencias al interior del Juzgado.
Agregó que no se necesita más dinero para ser más eficientes, solo requieren cambiar de política pública, pues aseveró que a través de la oralidad, un Juzgado podría convertirse en cinco, apoyándose en los secretarios de Acuerdos y proyectistas. Esto sin la necesidad de crear Juzgados, cuyo costo rondaría los 30 millones de pesos.
Humberto Tamaño Camacho. Destacó que ha vivido en prácticamente todos los municipios del Estado, debido a sus labores en el Poder Judicial. Se dijo egresado de la UABC y, tras 18 años laborando, actualmente es juez en Rosarito, donde atiende un Juzgado Mixto. Entre sus prioridades estaría continuar con la digitalización de los expedientes judiciales y la especialización de los Juzgados.
Añadió que pugnaría por el haber de retiro y el crédito de vivienda para empleados jurisdiccionales. A pregunta de la diputada Victoria Bentley sobre dicho tema, el juez expuso que es justo para los trabajadores, aunque reconoció inconformidad por parte de un sector de la ciudadanía.
Maribel Maldonado Durán. Egresada de la UABC con maestría en Ciencias Jurídicas y con derecho a cursar doctorado. Tiene más de 30 años de carrera judicial, los últimos 19 al frente del Juzgado Cuarto Civil de Mexicali.
Su principal preocupación es la brecha existente entre la ciudadanía y los juzgadores, originada en gran medida por la sobrecarga de trabajo. Afirmó que Baja California tiene dos jueces por cada 10 mil habitantes, y consideró que la solución no es tener jueces itinerantes, sobre todo por el hecho que el más experimentado tendría la capacidad de sacar adelante más trabajo que su compañero, lo que representaría sobrecarga de trabajo para uno de ellos.
Álvaro Castilla Gracia. Actual encargado del Juzgado para Adolescentes, trabajó en el Senado, en la Secretaría de Gobernación como asesor jurídico, y desea continuar su carrera judicial como magistrado.
Entre sus prioridades se encuentra crear un nuevo Código Penal más actual para la entidad, que se ajuste a las necesidades de la sociedad, el establecimiento de salas de convivencia, de mecanismos de procedimientos mercantiles más eficientes y agilizar la atención a los ciudadanos no dilatando juicios.
A pregunta directa de Victoria Bentley sobre las medidas cautelares a personas detenidas con armas de fuego, Castilla Gracia aseveró que es un tema de ordenamiento federal, por lo que el Congreso de la Unión debe efectuar las modificaciones correspondientes. Sin embargo, podrían acercarse con legisladores federales y Juzgados para solicitar estos cambios.
“No es justo que una persona con (arma de) alto calibre obtenga su libertad, que con esas sabemos que cometerán otros crímenes”, sentenció.
Nelson Alonso Kim Salas. Titular del Juzgado Civil desde 2011 y Mercantil desde 2016, dice tener experiencia en Derecho Mercantil y Procesal Civil, además de ser instructor para secretarios de Acuerdos.
Durante su exposición, presumió que sólo el 8.23% de sus resoluciones han sido recurridas, y de esas, solo el 1.01% revocadas. Del mismo modo, solo un 1.34% de los amparos en contra de sus mil 700 resoluciones han tenido el mismo desenlace.
El diputado Bernardo Padilla cuestionó al Juez sobre la oralidad, a lo que dijo que es positivo, pues la mayor publicidad brinda transparencia en las decisiones de los jueces, pues ahora tanto víctima como victimario, escuchan directamente del juzgador la resolución. Sin embargo, reconoció que falta capacitación a los operadores del sistema.
Víctor Manuel Fernández Ruiz de Chávez
Jesús Antonio Chávez Hoyos. Egresado de la UABC Campus Tijuana, se ha desempeñado como secretario de Acuerdos, ministerio público, juez, magistrado supernumerario, subprocurador en Rosarito, funcionario municipal, asesor en el Congreso de la Unión y finalmente, abogado litigante.
La diputada Bentley, cuestionó al aspirante sobre las mejoras al Nuevo Sistema de Justicia Penal, a lo que respondió que hace falta una mayor socialización para que la gente entienda que el ingreso a prisión sea el último recurso para una persona. De igual manera, que magistrados deben vincularse con ministerios públicos e incluso cuerpos policíacos para mejorar el sistema.
Por su parte, el diputado Víctor Morán planteó al aspirante la desaparición del Consejo de la Judicatura del Estado, al ser un tema que se maneja a nivel federal.
El abogado opinó que es factible, pero no se dijo de acuerdo, ya que representaría una sobrecarga de trabajo a la presidencia del Tribunal y ve benéfico que cualquier decisión que se emita en la institución sea colegiada.
Morán remató con otra interrogante sobre los Juzgados unitarios, en lo que se dijo a favor, pues representarían un gran apoyo para desahogar trabajo, sobre todo en Zona Costa.
María Dolores Moreno Romero. Actual secretaria general del Tribunal Superior de Justicia. Entre sus cualidades dijo ser una funcionaria con visión constitucionalista y tener pleno conocimiento del trabajo dentro del tribunal, dada la cercanía que sostiene con los magistrados diariamente, a quienes apoya en sus labores.
Everardo Basilio Ríos. Egresado de la UABC y catedrático en la misma institución, actualmente es secretario de Acuerdos en el Juzgado Cuarto Civil y ha ocupado el puesto de juez por Ministerio de Ley. Su prioridad es volver más eficientes los procesos judiciales para brindar una mejor atención a la ciudadanía.
Jesús Angulo Guzmán. Originario de Tijuana, pero residido en Mexicali desde 1989, cerró la serie de entrevistas. Funge como secretario de un Tribunal Colegiado desde 2010, teniendo la mayor parte de su carrera en el Poder Judicial de la Federación.
El funcionario criticó abiertamente la calificación que le otorgaron en la evaluación realizada por el Consejo de la Judicatura, aunque indicó que quedó en cuarto lugar. Durante su exposición, argumentó que no tendría una visión cuadrada de la justicia, ya que ha trabajado en todos los ámbitos del Derecho.
Un solo cuestionamiento surgió por parte de la diputada Victoria Bentley, quien le pidió una solución para reducir la posibilidad de amparos en los procesos, a lo que señaló que dicha figura jurídica es un derecho de todos los ciudadanos, “por lo que no puede ser coartada”.
