Crece la impunidad, la violencia y se desvanece la capacidad de asombro e indignación. Sí, así es. La violencia parece imparable. Se descubren 100 tumbas en Veracruz, más de 300 muertos.
Secuestran a 19 jóvenes, que luego aparecen muertos. Asesinan a una familia en Xochimilco. Matan a seis en Garibaldi, en un centro de diversión, después de balear a los asistentes y la justificación es torpe: fue un pleito entre bandas rivales. ¿Y eso qué? Como haya sido, no es justificante de la violencia. ¿Qué persona es capaz de matar sin remordimientos? ¿Cómo matan a 300 sin sentir nada? ¿Cómo asesinan a sangre fría a 43 jóvenes que clamaban seguramente piedad y los queman sin ningún remordimiento? En Tijuana van casi mil 700 muertos este año, casi siete muertos diarios. ¿Qué tipo de personas son estos asesinos desalmados?, me pregunto. ¿Tienen redención estos crueles criminales? ¿Podrán rehabilitarse y ser positivos para la sociedad al salir de la cárcel? Yo creo que no.
Estoy seguro que hay que desaparecerlos de la sociedad. Requerimos medidas extraordinarias ante problemas extraordinarios. Ya la prisión ha dejado de ser una medida viable, tal vez sea el momento de reconsiderar la pena de muerte para estos sicarios. No merecen vivir en nuestro mundo, significan todo lo contrario al humanismo y bueno que queremos los humanos. Sí, la violencia es producto de una sociedad injusta que produce este tipo de delincuentes, pero no tenemos por qué soportarlos. La cárcel ya no es castigo suficiente para quienes asesinan sin piedad.
En 2015, el número de reos en México era de más de 250 mil personas. Cantidad enorme, que hace nulo el sistema carcelario mexicano. Las cárceles en su mayoría son tan solo grandes almacenes donde se guardan a los delincuentes, mismos que solo esperan el término de su sentencia para seguir cometiendo delito. De cada 10 presos liberados, cuatro vuelven a delinquir. Las prisiones están sobrepobladas. En 2016 había 272 prisiones federales y 22 estatales. En ellos se excedían en su capacidad en un 28%. Los reclusos no trabajan porque la Constitución y su sentencia no lo permiten. Esto significa que hay que mantenerlos. Tener aislados a estos criminales, a los mexicanos les cuesta, según un estudio, 140 pesos diarios. Casi 45 mil millones de pesos al año. Más del presupuesto de la UNAM para 2018, que fue de 43 mil 196 millones de pesos. Casi mil millones menos de lo que se gasta en las prisiones del país. Este gasto casi de nada sirve.
Primero, debemos considerar que la efectividad de las sentencias en México es de casi el 5%, lo que en términos reales significa que hay cerca de 138 mil personas que cometieron un delito, pero no han podido ser castigadas por múltiples razones. En otras palabras, de haberse sentenciado, habría casi 400 mil internos y no habría prisiones para encerrarlos. La pregunta es, ¿el sistema actual logra resultados? ¿La pena de prisión ha inhibido el crimen? Por supuesto que no, la mayoría de las prisiones del país están autogobernadas por pandillas, se cometen delitos al interior, se violan los derechos, hay droga, prostitución y corrupción. Es tiempo de hacer cambios drásticos. Seguir haciendo los mismo, lleva a los mismos resultados.
Para mí, a pesar de que soy cristiano, un hombre que ama y respeta la vida, creo es el momento de regresar la pena de muerte a la legislación mexicana. En 1957, en Hermosillo, Sonora, fue la última vez que dos homicidas fueron sancionados con la pena capital. México firmó hace más de medio siglo un tratado internacional para abolir la pena de muerte. En 2005 quedó totalmente abolida en México. Entiendo la razón y hasta la comparto, pero veo que los criminales actuales no tienen remedio. Sé que la ONU y la comunidad internacional están en contra de esta medida, sí, es cierto, pero ellos no están sufriendo este nuevo fenómeno de masacres masivas de la delincuencia, de asesinatos masivos por lucha del poder entre bandas rivales.
“El Sapo”, en 1950, confesó haber asesinado a 133 personas. Santiago Meza López, “El Pozolero”, aceptó haber disuelto a más de 300 cuerpos en ácido. En 2011, en un asesinato masivo en Tamaulipas, al menos 196 personas inocentes fueron asesinadas sin piedad. 339 muertos en Veracruz, en fosas clandestinas. 43 jóvenes que aspiraban a ser maestros, asesinados y calcinados a mansalva. Estos criminales no tienen derecho a vivir en nuestra sociedad. Yo mismo me he pronunciado muchas veces en contra de la pena de muerte, pero es tiempo de rectificar.
Amador Rodríguez Lozano, es tijuanense. Ha sido dos veces diputado federal y senador de la República por Baja California; fue también ministro de Justicia en Chiapas. Actualmente es consultor político electoral independiente y vive en Tijuana. Correo: amador_rodriguezlozano@yahoo.com
