Fue durante el mes de junio de 2017 que en un “hecho histórico”, como sus impulsores lo llamaron en aquel momento, se aprobó por unanimidad, la Ley de Participación Ciudadana en el Estado.
Sin embargo, fue hasta el mes de abril de 2018 que esta Ley, impulsada por el exdiputado Alejandro Blanco, entró en vigor para que ciudadanos sudcalifornianos pudieran hacer uso de ella.
A dos semanas de que legisladores de la XV Legislatura tomaran protesta, la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los legisladores sin representación partidista, presentaron la iniciativa para reformar la Ley de Participación Ciudadana, misma que tiene apenas cinco meses en vigor, lo que pretenden, se elimine el requisito de presentar el .13 por ciento de firmas por los ciudadanos y ciudadanas inscritas a la Lista Nominal, para presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado.
La diputada Milena Quiroga, presidenta de la fracción, aseguró que esto es con la intención de generar un parlamento abierto, ya que existen sectores que no tienen los medios para conseguir las firmas.
“Nosotros hemos tenido acercamiento con varios ciudadanos e incluso estudiantes, que ellos no tienen el recurso económico para recabar las firmas, en papelería y aparte el tiempo para recabar esas firmas; es por eso que queremos quitar el .13 por ciento de firmas, porque el compromiso de nosotros es tener un parlamento abierto con los ciudadanos, es una estrategia a nivel nacional”, comentó la diputada Milena Quiroga.
Bajo el supuesto de un “parlamento abierto” y hacer más fácil que ciudadanos participen, abre candados para iniciativas que pueden tener intereses privados.
Representantes de organizaciones civiles, así como sociedad participativa se encuentra en contra de la eliminación de este requisito, pues argumentan que podría ser riesgoso, así lo dio a conocer Juana Adela Delgado, integrante de wiki política y excandidata independiente al senado.
“Es riesgoso porque cualquier interés privado, llámese una empresa, llámese un corporativo o llámese una sola persona, va poder presentar la iniciativa sin la validación colectiva, sin la verificación social de por lo menos, una cierta cantidad de personas que estén de acuerdo en que se presente iniciativa”, comentó.
Al respecto, la presidenta de la fracción de Morena y representante del resto de los legisladores que apoyan esta iniciativa, reconoció que de quitarse este requisito, que es equivalente al promedio de 750 a 800 firmas, ellos como legisladores serían el único filtro para que una iniciativa pueda o no ser aprobada, situación que sin duda pone en duda no solo los intereses de los legisladores, sino que además podría quitar productividad a los legisladores porque al no tener un filtro mayor, cualquier ciudadano podría presentar cualquier iniciativa que incluso no tuviera carácter social.
“Es necesario que existan estas validaciones sociales para que se denote, para que se demuestre que es una propuesta de carácter colectivo, y al momento de eliminar ese porcentaje, lo que genera, pues pone en duda muchas cosas; primero pone en duda la función del congreso y la función de un legislador, pero también pone en duda que el mecanismo, entonces de validación de este colectivo que serían las firmas, pues signifique que cualquier ciudadano puede presentar cualquier tipo de iniciativa, incluso aquellas que no tengan ningún interés colectivo”, argumentó Juana Adela Delgado.
De acuerdo a lo manifestado por ciudadanos participativos, la alternativa de la denuncia ciudadana debe usarse solamente cuando algún diputado no quiere recibir las iniciativas del pueblo, luego de ello se utiliza la herramienta de la participación ciudadana, cosa que no pasaría si los legisladores abrieran consultas públicas, tomando nota de las preocupaciones e intereses de la ciudadanía.
Finalmente, la propuesta de modificar la Ley se ha turnado a comisiones, lo que podría llevar algunas sesiones que se determine si se modifica o queda como hasta ahora.
