Protestan en La Paz y Los Cabos contra el proyecto Los Cardones que la empresa Desarrollo Zapal pretende desarrollar en una Área Natural Protegida. “De ninguna manera, el Gobierno del Estado está a favor de la minería tóxica”, respondió Álvaro de la Peña, en representación del Gobierno de Mendoza Davis. Profepa busca una razón para frenar la obra
Más de mil personas se dieron cita a las diez de la mañana del miércoles 29 de agosto, en la explanada del Palacio de Gobierno en La Paz; mientras que por la tarde, en Los Cabos, cientos de personas acompañaron el movimiento en defensa del agua y la vida, manifestándose en contra del proyecto minero Los Cardones, que se pretende desarrollar en la zona de amortiguamiento del Área Natural Protegida (ANP), Reserva de la Biósfera Sierra de La Laguna, la cual alimenta de agua al 80% de la población de la entidad.
En medio de la manifestación surgió la melodía del “Cielito lindo”, pero con una letra arreglada por los grupos ambientalistas.
“Ya tenemos más de 11 años cuidando nuestra tierra para que venga Salinas con sus Cardones y se nos pierda. Ay, ay, ay, ay, ay, oye Mendoza (gobernador), ya hoy debes mandar lejos, lejos, muy lejos a Los Cardones. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, oye Sotelo (delegado Semarnat BCS), la orden es mandar lejos, lejos, muy lejos a Los Cardones”, cantaron en la explanada.
Y es que el proyecto minero de la empresa Desarrollo Zapal S.A. de C.V., pretende deforestar 506.965 hectáreas de vegetación de las 541.630 hectáreas que abarca.
El tipo de flora a dañar es matorral sarcocaule, selva baja caducifolia, vegetación halófila y bosque de mezquite. La zona de afectación son los puntos conocidos como La Junta, Jesús María, El Bajío, El Aguajito, ubicados en el municipio de La Paz.
“El día 20 de agosto de 2018, Desarrollo Zapal S.A. de C.V., promovente del megaproyecto minero, ingresó la solicitud a la delegación federal en la entidad, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que le sea autorizado el cambio de uso de suelo forestal a industrial. Solicita autorización para deforestar de manera absoluta, más de 500 hectáreas”, expuso Diana de Anda, miembro del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav) de Baja California Sur.
Participaron miembros de más de 30 asociaciones civiles que integran el Frente Ciudadanos en Defensa del Agua y la Vida Acudieron.
“Para que declare abierta, categórica y de forma específica, de frente a la ciudadanía, que el Gobierno del Estado, ante la petición del cambio de uso de suelo forestal de Los Cardones, como presidente del Consejo Estatal Forestal, en sentido negativo”, así lo reveló la doctora en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales, Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas.
Ciudadanos exigieron al gobernador que establezca su postura en contra del proyecto minero Los Cardones, pues informaron que de manera legal no hay explicación alguna, ni motivo por el cual se apruebe dicho proyecto, la aprobación solo se daría por encima de la Ley y en contra de la voluntad de los ciudadanos.
Álvaro de la Peña Angulo, Secretario General de Gobierno salió ante la turba de manifestantes y dijo que el Gobierno del Estado desaprueba al Proyecto Minero Los Cardones y todo aquel que afecte al medio ambiente y los derechos de las personas
“Apegado al derecho, no existe la mínima posibilidad de que tal solicitud sea autorizada de manera legal. Invocamos el derecho de audiencia en los términos expuestos para con usted, licenciado Carlos Mendoza Davis; de manera personalísima, abordar el peligro de vida que representa el megaproyecto minero Los Cardones”, lanzó Diana de Anda, miembro del Freciudav.
Una comisión del Frente fue atendida por autoridades estatales, mismas que revisaron el tema ante miembros del Consejo Forestal de Baja California Sur. La reunión fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, el cual comprometió una nueva Ley que antepondrá el derecho a la vida saludable y esto con el apoyo de los miembros del Frente.
Autoridades desaprueban Los Cardones
En la administración de la priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán y su sucesor Francisco Javier Monroy Sánchez, el Cabildo hizo de las suyas. La XIV Administración del Ayuntamiento de La Paz, en una sesión secreta, aprobó el cambio de uso de suelo para la empresa minera Desarrollo Zapal, ante eso, el actual alcalde, Armando Martínez Vega se adelantó un poco y dijo lo siguiente:
“El XV Ayuntamiento de La Paz no reconoció los efectos jurídicos a la sesión secreta, ya que no existe registro de la misma en sus archivos”, dijo.
Tres años de juicio dieron como resolutivo, que fuera el actual Ayuntamiento quien reconociera si tenía o no efectos jurídicos lo que se había hecho por debajo del agua a favor de la minería. Finalmente, fue esta mañana durante sesión pública extraordinaria de Cabildo, que el alcalde anunció que se ganó la batalla jurídica, aunque aún no eran notificados al cierre de esta edición, solo existía en estrados.
Esto en contra de la empresa Desarrollo Zapal, quien pretendía establecer la Minera Los Cardones.
“Echa abajo la orden del Juzgado Federal, de reconocer los usos de suelo y darle las licencias que requieren para operar, regresando las cosas hasta la sesión de Cabildo, lo que obligó a la empresa a tramitar y cumplir con las licencias y permisos ante las instancias. Señores, con esto les informo que debemos, ustedes y nosotros, sentirnos orgullosos de esta lucha de casi tres años con tantas horas de trabajo”, celebró el alcalde.
Este comentario es una respuesta a favor de lo que la población paceña ha exigido todos estos años, sobre todo porque fue la bandera de Martínez Vega el día que rindió protesta como edil paceño.
Gobierno estatal responde
Luego de la manifestación, las alarmas se encendieron en el Palacio de Gobierno, los manifestantes exigían un posicionamiento, para ello salió el secretario general de Gobierno, pero no fue suficiente el compromiso de voz, por lo que solicitaron algo por escrito.
Fue precisamente que se convocó a una reunión con una comisión del Frente Ciudadano y miembros del Consejo Estatal Forestal. Allí, autoridades informaron que están en contra de todo proyecto que atente contra el ecosistema y los ciudadanos de Baja California Sur, por lo que hicieron pública la postura.
“El Gobierno del Estado no ha estado, no está y no estará a favor de obras y/o actividades industriales (minería), comerciales o de servicios que atenten contra los derechos humanos y la ecología. En el caso concreto del pretendido proyecto minero conocido como Los Cardones, el Gobierno del Estado de Baja California Sur continúa con la postura de ‘no viable ambientalmente’, como lo hizo de conocimiento de la Semarnat, mediante la opinión técnica correspondiente en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.
Reiteraron su compromiso de lado de los ciudadanos, buscando siempre atender las necesidades de la población y no exponer al medio ambiente.
A la par, y en respuesta a la manifestación convocada por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, el grupo denominado “Minería Responsable de Baja California Sur”, afín de Los Cardones, convocaron una manifestación en favor de la prosperidad del Estado.
Principalmente en contra de la familia Trasviña, los cuales encabezan parte del movimiento y pertenecen a una de las 33 asociaciones que se manifestaron.
El encargado de manifestar su inconformidad en contra de la familia fue Agustín Espinosa Laguna, coordinador del Congreso Agrario Permanente (CAP), en Sinaloa, y delegado en el Estado.
“Por ejemplo, La Testera, por qué La Testera no la habían denunciado, no la habían denunciado porque hay un antecedente que trabajaron algunos de los Trasviña para esta empresa, entonces a eso nos referimos nosotros. El Congreso Agrario Permanente está a favor del progreso, está favor de las nuevas oportunidades, y puede ser Los Cardones y puede ser cualquier otra que cumpla los lineamientos de utilizar nueva tecnología para que no contaminen”, dijo Espinosa Laguna.
Los manifestantes llegaron hasta el Palacio de Gobierno, los únicos ausentes fueron los miembros del grupo “Minería Responsable”, quienes dejaron morir solos a los del CAP y a los cientos de ciudadanos que fueron acarreados desde las colonias de La Paz, ni siquiera a los habitantes de San Antonio y El Triunfo, o las rancherías de la Sierra la Laguna, donde se pretende instalar la mina.
“Porque no han dicho realmente lo que propone, por ejemplo, la empresa, cómo se llama la que mencionas ahorita, Los Cardones. Esta empresa dice, por ejemplo, que no va utilizar agua de subsuelo, que va a jalar agua del mar, que va instalar la desalinizadora, que le va a dar agua a las comunidades cercanas; dice por ejemplo, que no va a haber polvo porque va a construir un domo, como ya se utiliza en otras partes; dice, por ejemplo, que la presa de jales no es tal cosa, que ahora va a hacer combinado, va a ser espacios cerrados, este el proceso de los jales”, cerró Agustín Espinosa Laguna.
Los ciudadanos, los cuales fueron acarreados en peseros y camiones, se manifestaron en el sitio, pero tal era su desconocimiento de quién los estaba convocando, que todas las opiniones fueron en contra de la Minera Los Cardones.
“Aquí le digo, para apoyar a la mina, no a la mina, para que no contamine más este pueblo… Yo nomás estoy en contra de la minería, vengo por eso, una compañera de Ciudad del Cielo nos convocó…Pues estamos en contra de lo que quieren hacer, pues quieren contaminar; estamos en contra de que se contamine. Los que quieren meter maquinaria, que quieren, o sea, en pocas palabras, quieren destruir el patrimonio de Baja California Sur, y no es justo; por eso estamos aquí”, dijeron los múltiples manifestantes entrevistados por ZETA.
Elia, la cual llegó desde la colonia El Panteón, expresó que “nos avisaron la líder de colonia. 150 pesos, aunque no me hubieran dado apoyo, yo de igual manera hubiera venido, porque estoy en contra de la minería”, reconoció.
Los manifestantes recibieron entre 100 y 200 pesos por manifestarse en la explanada de Gobierno; aun así, cientos de personas se fueron molestas debido a que los líderes de colonia no les pagaron lo prometido.
Cada una de las cabezas de comunidad, fueron vistas portando listas, folders y pacas de billetes de diferentes denominaciones para pagar a los “voluntarios” que llegaron a manifestarse, haciendo ver al movimiento Pro-Minería, como una farsa para aprobar el Proyecto Minero Los Cardones.
Después de tres años, pudiera ser el primer caso que gane el jurídico de La Paz, Santiago Leal Amador. “Damos una respuesta a la población, a la ciudad, lo que todo mundo exigía que esto fuera en contra, y hoy tenemos que celebrar que finalmente tendremos conservada nuestra Sierra de La Laguna, nuestro pulmón de Baja California Sur, eso que nos ha hecho orgullosos desde hace muchos años y que seguirán las generaciones disfrutando, de esta zona tan verde y tan bonita”, finalizó el alcalde de La Paz.
Finalmente, le corresponderá a la siguiente administración lidiar con los procedimientos de nuevas licencias y permisos de la empresa con actividad minera; por lo cual, el tema no ha muerto y quedan 15 días hábiles para que la propia Semarnat resuelva.
Ante la solicitud sentida de los ciudadanos en cuanto a la postura del Gobierno del Estado en referencia al proyecto minero Los Cardones, el secretario general de Gobierno, Álvaro de la Peña Angulo, informó que están en contra de la minería tóxica.
“Precisamente estoy aquí para informarles y decirles muy clara la postura que tiene el Gobierno del Estado en este tema. No nos dejemos engañar; de ninguna manera el Gobierno el Estado está a favor de la minería tóxica; de ninguna manera, ante ninguna. En 2015 tuvimos el mismo encuentro con muchas y muchos de todos ustedes, les dijimos muy claro que nunca el Gobierno del Estado apoyaría este tipo de minería”, mencionó De la Peña.
Para aclarar el término de “tóxica”, comentó que están en contra de todo proyecto que afecte a la biodiversidad y el agua. En concreto, afirmó que es un “No” al proyecto Los Cardones.
“El gobernador cuando inició el periodo de su gobierno, se comprometió con las ciudadanas y los ciudadanos de Sudcalifornia, a que nunca, nunca, se comprometería la naturaleza, la biodiversidad o el agua; nunca. El Gobierno del Estado no apoya la minería que pueda afectar a Baja California Sur y a sus habitantes, es no a ese proyecto”, finalizó.
Por su cuenta, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el Estado, Axxel Sotelo Espinoza de los Monteros, expresó que tienen 15 días hábiles para elaborar un dictamen jurídico y si la empresa Desarrollo Zapal se inconforma, que seguramente así será, se darán 15 días más para que presenten lo que en su derecho les convenga.
“Tenemos 15 días para elaborar dictamen jurídico y verificar si cumple o no con los requisitos de Ley. Yo asumo la posición como autoridad, cumple o no
con los requisitos de Ley. Yo asumo la posición como autoridad, pues tengo que ser responsable del trámite, de ser imparcial. Vamos a hacer un análisis escrupuloso de la normativa y desde luego, del cumplimiento estricto de los elementos que la Ley dispone; es importantísima la opinión del Consejo Estatal Forestal y sobre eso vamos a basar nuestro resolutivo. Es una opinión que no es vinculante, pero para criterio de la delegación, va a ser determinante. En términos normativos, tenemos 15 días para emitir el dictamen jurídico; de ahí, si hay deficiencias en el trámite, se le otorgan hasta 15 días al promovente y posteriormente si subsanan, se turnan a los consejos”, se justificó el delegado de la Semarnat.
Autoridades están en revisión del proyecto Minero Los Cardones, mientras que la ciudadanía ha exigido que se dé una negativa rotunda a la minería en la zona de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y evitar la contaminación que puede causar la acción minera que a decir del alcalde entrante, Rubén Muñoz Álvarez, la “empresa está en su derecho de solicitar permisos, pero su ayuntamiento se reserva el derecho de aprobar”.
Nuevas leyes contra la minería
Durante esta protesta ciudadana en contra de la minería tóxica, el alcalde electo, Rubén Muñoz Álvarez, arribó a la explanada del Palacio de Gobierno, acompañado de su esposa, con la intención de ratificar el compromiso con la ciudadanía durante su campaña y reiterando que su postura ahora y para su próxima administración, es no a la minería tóxica.
Habitantes desde La Paz a Los Cabos dieron un rotundo NO a la Minera Los Cardones, pues dicen que de manera legal no pasarán, a menos que funcionarios públicos les den el visto bueno en lo oscurito
Expresó que su compromiso de campaña es auténtico y es en contra de cualquier proyecto minero que atente contra el medio ambiente.
“Al ratificar lo que firmamos ante el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, el compromiso que hicimos con los habitantes de La Paz no podemos más que ratificar la postura que es única. No a la minería tóxica en el municipio de La Paz, esa va ser la postura de la próxima administración municipal”, señaló.
Agregó que es el principio de la congruencia, que no se trata de un compromiso personal, sino de la Síndico y de los regidores electos, por lo cual deberán atender a fin de proteger los recursos naturales y particularmente el agua de La Paz y Los Cabos.
“El compromiso que hicimos no solamente es personal, es un compromiso de la síndico y de los integrantes del Cabildo. En la próxima administración no habrá autorización de uso de suelo para minería tóxica en La Paz. Lo que queremos es preservar inviolable toda el área de la Sierra de La Laguna porque ahí están los afluentes hidráulicos de La Paz y de Los Cabos”, finalizó Rubén Muñoz Álvarez.
Por otro lado, la respuesta a las denuncias de los ciudadanos que conformaron el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida del Estado no se hizo esperar, la primera en alzar la voz de los legisladores fue la diputada, Milena Quiroga, quien dijo que habrá de formularse una Ley que proteja el agua del Estado. Afirmó que si la Ley no lo establece, la legislatura entrante blindará de toda contaminación al medio ambiente.
“Hay muchas leyes que ya están a favor, tanto federales como estatales, que implican que el cuidado del agua va por sobre todo y excluye el trabajo de peligro en la contaminación del agua. Entonces, nosotros al defender esas leyes que vienen de la federal, también son del ámbito local, y si tenemos que blindar algunas zonas para proteger nuestro mantos acuíferos, lo vamos a hacer”, afianzó.
La protección principal será basada en los puntos de recarga, para que estén libres de cualquier agente, proyecto o persona que pretenda realizar actividad alguna que ponga en riesgo el recurso hídrico. Agregó que hubo una propuesta de decreto de Ley que pretendía cuidar los mantos acuíferos, pero ésta, por alguna extraña razón, fue puesta en la congeladora.
“Hay una Ley que propuso la diputada, Guadalupe Rojas, que se trata de zonas de salvaguarda la protección de los mantos acuíferos, es una iniciativa muy favorable que trabaja en conjunto con el Poder Ejecutivo, está en la congeladora por alguna razón. Una vez que entremos, vamos a ver por qué, pero es una iniciativa muy buena que vamos a sacar, porque con esa vamos a blindar nuestros mantos, es decir, arriba de donde se infiltrar el agua, no vamos a permitir ninguna actividad que vaya a contaminar esa agua”, comprometió Milena Quiroga.
Dijo que la legislatura entrante se caracterizará de ser abierta para toda petición de los ciudadanos y afianzar los lineamientos en protección del medio ambiente, de modo que si es necesario, crearan un marco normativo que prevenga a los gobiernos de contaminación alguna.
Buscarán que Baja California Sur sea un verdadero Estado sustentable, el cual siga viendo las bellezas naturales como un motor económico y no como una zona para explotar de forma irracional.
“Si no está en la Ley, lo vamos a implementar, con esa iniciativa que ya está y está muy bien hecha, la vamos a rescatar. Va a ser un Congreso abierto. Necesitamos que los congresos y los gobiernos tengan la apertura de la gente, es una de las propuestas que vamos a platicar con ustedes en nuestra agenda legislativa. Vamos a reglamentar y vamos a hacer una Ley Orgánica en donde vamos a tener un Congreso abierto, austero y transparente”, finalizó Quiroga.
Por otro lado, a nivel nacional, Alfredo Porras Domínguez, diputado federal por Baja California Sur se manifestó en contra de cualquier proyecto minero que atente contra la integridad del medio ambiente en la entidad, dijo que no deben existir proyectos por encima de la voluntad de los sudcalifornianos.
“Un no rotundo a la minería que pretende contaminar y destruir a la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, pero también un no a toda esa minería que pretende contaminar los mares de Baja California Sur. Yo precisamente lo manifestaré en el Máxima Tribuna del país, apoyando a los ciudadanos y desde luego que trabajaremos desde el Congreso de la Unión para proteger nuestros recursos naturales”, lanzó Porras Domínguez.
Profepa increpa a mineros
El primero de mayo de 2018, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron a las instalaciones de la mina La Testera, ubicada muy cerca de las comunidades de San Antonio y El Triunfo, en el municipio de La Paz. La institución determinó clausurar las operaciones de la minera por violar la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.
Según la Profepa se encontró:
“Aproximadamente 165 litros de aceite lubricante usado, 60 litros de agua aceitosa, 190 kg de sólidos impregnados de aceite lubricante usado, así como cuatro acumuladores de plomo-ácido usados, estos últimos no se encuentran incluidos en su registro como generador que la empresa realizó ante la Semarnat”.
La Doctora en Ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales, Elisa Jeanneht Armendáriz Villegas, exigió al Gobierno del Estado su posicionamiento en contra de una minera tóxica como Los Cardones
De acuerdo al relato de la Procuraduría, la empresa no cuenta con el registro de cuatro baterías para carro que estaban dentro del almacén, así como: el almacén temporal carece de señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos.
No se realiza la identificación, etiquetado y marca de los RI.
Además, la Profepa aclara que no acreditó en el momento:
*El manejo de una bitácora de generación de residuos peligrosos.
*Haber presentado ante la Semarnat, la Cédula de Operación Anual que los residuos peligrosos generados, fueran llevados a tratamiento, reciclaje y/o disposición final.
*Contar con contrato de un seguro ambiental vigente.
La empresa minera cuenta con una autorización en materia de impacto ambiental expedido en 2009 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la “operación y mantenimiento de una planta de beneficio metalúrgico en el sitio La Testera, Baja California Sur”; según la empresa, solo se trata de un acoso por parte de la Profepa y su delegado, Saúl Colín Ortiz.
“Tenemos algunas visitas de inspección por ahí de Profepa, nos han estado solicitando alguna documentación, básicamente las verificaciones han sido de ese orden. Verificación documental no ha habido ninguna situación que tenga que ver con contaminación. En este caso, yo lo calificaría, probablemente de esa manera, no, porque la propia Ley te dice que todos los procedimientos deben de ser con esa objetividad, con esa imparcialidad y con legalidad. No hay, de esa manera se desarrolla. Entonces, yo creo que pudiéramos decir que sí, si hay una actuación de ese tipo de abuso de la autoridad”, explicó Jaime Ramírez Contreras, representante Legal de la Minera La Testera.
Señaló que la Profepa, lo único que busca es una razón para detener al proyecto, incluso cuando existen todos los permisos, aduciendo que la empresa La Testera no cuenta con autorizaciones, por ejemplo de la Presa de Jales, la cual es utilizada para el método de flotación, situación que según la institución, no se encuentra registrada, sin embargo, la minera respondió diciendo que “en la Manifestación de Impacto Ambiental está inscrito y detallado y lo saben, pero quieren que el personal tenga los documentos en la mano, cuando pueden comunicarse con los abogados”, refirió el Representante Legal.
“Verifican aspectos que ya conoce la autoridad, al menos en papel, entonces inicialmente considero yo que si se nos va a verificar alguna situación que consideran como omisa, primeramente debería de hacerse una verificación de lo que es el expediente, constatar si realmente sí hay alguna deficiencia de ese tipo, y en consecuencia, proceder; pero en el caso, lo que se hace por parte de autoridades, llegan, te verifican y para ellos están mal y te clausuran, sin antes tomar en cuenta que ya hay autorizaciones previas, que ya se han obtenido una solución; están pidiendo soluciones que ya se obtuvieron en su momento y que debieron primero corroborarlo antes de ir a hacer una clausura”, agregó Jaime Ramírez Contreras.
La clausura, obedece a que la empresa supuestamente no tiene autorizado un método de flotación, pero este recurso está claramente estipulado dentro de la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual es pública.
“Nosotros lo que esperamos es que se haga una revisión del procedimiento y de acuerdo a lo que ellos nos solicitan, es lo que nosotros estamos, ahí lo que ellos nos califican de omisos, es lo que en realidad no es un omisión, sino es una falta de verificación de parte de ellos, de los expedientes administrativos. Entonces, yo apostaría más a que ellos hagan una revisión de acuerdo a lo que marca la Ley, en los tiempos que se estipulan y nos den en consecuencia la respuesta”, lanzó el representante legal.
La Testera y el remedio
Otro proyecto minero asomó la cabeza. Se trata del Proyecto Minero La Testera de la empresa MEXXIM S.A. de C.V., el cual está encargado de la remediación de los residuos mineros de antaño que quedaron regados en la comunidad de San Antonio, principalmente; según la Profepa, establece que el proyecto se encuentra fuera del polígono que pertenece a la Sierra de La Laguna, se localiza en el predio conocido como Demasías de las Flores.
La empresa se defendió ante los señalamientos de contaminación que podría estar generando, indicaron que su labor es de remediación.
Jaime Ramírez Contreras, Representante Legal de la Minera La Testera denunció que la PROFEPA acosa a la empresa y sólo busca motivos para sancionar, la mina fue clausurada por falta de oficio de inspectores
“Tiene que ver con una remediación de sitios que tienen terreros, estos terreros son residuos de minería que se hicieron hace muchos años ahí, en los en los pueblos de San Antonio, El Triunfo. Este material o residuos de la de la minería son los que estamos trabajando nosotros. Con este material lo que se hace es retirarse de los sitios donde fueron en su momento dispuestos y se envían al centro que tenemos nosotros ahí con las instalaciones habilitadas para el proceso, o sea, se usa un método de flotación, en este método se aplica en algunas sustancias, como aceite de pino, para provocar lo que es la separación del material”, comentó el representante legal.
De acuerdo a la empresa minera, el trabajo que se realiza en el Estado tiene que ver solo con la separación de los terreros, discriminando la arena o tierra del material metalúrgico, es decir, aquella que contiene oro y plata, ésta no se procesa en el Estado por lo que es colocado en costales y se envían a China.
“Ese es como un lavabo. Tomas ese terrero, es residuo de la de la minería y aplicamos un lavado, y haces una separación; al final de cuentas, obtienes una arena o una tierra que le envías a una a una presa de jales, que le llamamos y obtienes al mismo tiempo este otro material del cual se obtiene el oro y la plata; sin embargo, aquí no es donde se obtiene ese material, nosotros lo que hacemos es la separación o lavado de eso. Aquí en el Estado dejamos lo que es la tierra y de aquí se va el resto del material al extranjero y en el extranjero es donde se hacen los procesos para la separación del oro y la plata”, agregó Jaime Ramírez Contreras.
Pero otras de las situaciones que llama la atención es que, según La Testera, la obtención del material con contenido de oro y plata, también se extrae el arsénico, según revelaron a ZETA. El agua que se contiene en la presa de Jales, está libre de arsénico, además, los lodos y arena que queda dentro, están libres de dicho metal contaminante.
“A ese lodo y esa agua se les toman muestras para análisis, esos análisis se hacen en laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación. Esos laboratorios que tienen reconocimiento para ese tipo de trabajos, arrojan resultados del lodo y del agua, y la calidad del agua sin arsénico en cantidades importantes. Toda agua contiene un cierto nivel de arsénico. En el en el caso de nosotros, los niveles que te manejamos, muy por debajo, incluso, del agua que tú tienes de cualquier, casi cualquier pozo del Estado. Esos estudios ya se les hicieron llegar a la Conagua”, reiteró Ramírez Contreras.
Según los mineros, están liberando a la zona, no solo de los terreros y la contaminación que generan en cada lluvia, sino que además del oro y plata.
Pero no todo termina con lo que dice la empresa minera, el Freciudav interpuso una denuncia ante la Profepa, debido a que supuestamente la empresa se encuentra no solo retirando el material o terreros de la minería de antaño, sino que supuestamente están sacando más material del hoyo minero que se encuentra en el sitio.
Es decir, supuestamente están extrayendo, cuando su permiso no es extractivo, sino de remediación.
El 3 de mayo de 2018, el Frenciudav presentó la denuncia ante la Profepa, la cual exige a grandes rasgos lo siguiente:
- Que Profepa efectúe análisis químicos completos de los desechos para identificar las sustancias tóxicas presentes en la presa de jales.
- Su autorización para que un técnico de un laboratorio certificado, contratado por nuestra organización, acompañe al inspector de Profepa y también tome muestras.
- Su autorización para que un grupo de compañeros expertos en diversas áreas de la ciencia, acompañen a su inspector para verificar qué tipo de procesos realmente está efectuando esa empresa respecto a los terreros antiguos, y si acaso es verdad que están extrayendo mineral nuevo, hacer caer el rigor de la Ley por no tener permisos.
- Si los desechos contienen tóxicos, entonces que se les obligue a retirarlos de la zona y a disponerlos en un sitio en donde no puedan contaminar ningún acuífero o cuerpo de agua (arroyos, esteros, mar, etc.).
5. Si el agua de la presa de Jales y/o del arroyo cercano a esta, contienen sustancias tóxicas del mismo tipo y también estas sustancias están presentes en los sedimentos; entonces a esta empresa y/o personas responsables se les debe obligar a que efectúen una remediación completa del agua y los sedimentos contaminados.
