“Es un tema preocupante independiente de lo moralmente indignante”, sentenció el regidor y coordinador de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, Orlando Toscano, ya que cuatro ex servidores públicos sobresalen con millonarias demandas, de una lista de más de mil 100 ex trabajadores de distintas administraciones donde la mayoría exige el pago de horas extraordinarias, sábados y días festivos
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En el edificio del Ayuntamiento de Ensenada es común ver a empleados de primer o segundo nivel conversando en los pasillos, consumiendo en negocios ambulantes, y a una multitud acompañando al alcalde en turno a eventos públicos en fin de semana.
Pero la autoridad no tiene un control de la eficiencia y productividad laboral de cada empleado, por lo que este año, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento logró acumular más de mil 150 demandas de trabajadores entre 2003 y 2017.
En un 90 por ciento, el trabajador exige el pago de horas adicionales, fines de semana e inclusive días festivos.
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La actual administración de Marco Novelo Osuna no es la excepción, ya que suele hacerse acompañar de una veintena de colaboradores en eventos públicos, así como funcionarios que laboran hasta altas horas de la noche, lo que podría repercutir en demandas.
De acuerdo con el documento: Cuenta Pública 2017. Laudos hasta el 31 de Enero de 2017, el cual es público, sobresale que Óscar de la Peña Hernández, quien tenía el encargo de defender las finanzas del XXI Ayuntamiento de Ensenada, evitando denuncias, sentencias y laudos en contra, acabó por entablar una demanda calculada en 1.2 millones de pesos.
Al actual abogado del ex alcalde Gilberto Hirata Chico, en el expediente 69/2017/VII se le estimó el derecho a reclamar tiempo extra, media hora de descansos diarios, 156 sábados laborados, 35% de la prima vacacional y 39 días de descanso que acabó por ir a la oficina.
De la Peña fue uno de los 21 funcionarios de la pasada administración que recibió indemnización por 248 mil 727 pesos.
En el mismo tenor, está el ex subdirector de lo Contencioso Municipal, Gabriel Ríos Patricio, que era el segundo a bordo del Jurídico, quien fue indemnizado con 388 mil 334 pesos y sostiene un procedimiento en contra el Ayuntamiento (12/2016/V) por 158 mil pesos más.
Toda la información es pública en la red y se puede constatar que, a excepción de dos trabajadores, todo el organigrama que integró el Departamento Jurídico de la administración anterior acabó por denunciar. Algunos han desistido, pero los nombres siguen en el listado.
La mayor cantidad de denuncias laborales, alrededor de 360, fueron interpuestas en la transición de gobierno en 2010-2011 cuando el ex presidente municipal panista, Pablo Alejo López Núñez, entregó la administración al priista Enrique Pelayo Torres; el daño al erario en esos dos años fue por alrededor de 50 millones de pesos.
Hay otros ex empleados como Luis, quien laboró en un gobierno panista hace diez años y a quien supuestamente la autoridad le debe 300 mil pesos, “es un ahorro que tengo ahí a largo plazo”, comenta.
OTROS EX FUNCIONARIOS
Juan González, agente en retiro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quien fue subdirector operativo con Hirata Chico (con un sueldo vigente de 30 mil pesos al mes), pide 1.2 millones de pesos por haber trabajado horas extra, días de descanso y sábados.
Otro ex funcionario, llamado a laborar en varios gobiernos, es José de la Luz Valdez, ex director de Servicios Públicos, a quien le calcularon puede recibir 2.5 millones de pesos por reinstalación, salarios caídos, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional de 55%, tiempo extraordinario, 156 sábados trabajados, prima adicional del 35% y 34 días de descanso obligatorio.
INHABILITACIÓN PARA MALOS JURÍDICOS
Sindicatura Municipal, a cargo de Karina Castrejón Bañuelos, informó que en lo que va de la presente administración se han abierto dos expedientes relacionados con irregularidades en el Departamento Jurídico.
Aunque no hay detalles de qué ex servidores públicos están bajo investigación, la intención es castigar a quien conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos incurra en irregularidades.
Los diputados estatales y federales tienen en sus manos la posibilidad de revertir los derechos de los funcionarios públicos en funciones a través de reformas a la Ley.
Abogados del Ayuntamiento no se dan abasto con la carga de querellas no sólo laborales, sino otras relacionadas con bienes del Ayuntamiento.
El actual encargado del Jurídico, Tomás Burns, informó que como Ayuntamiento es imposible limitar las demandas laborales, “estamos expuestos a éstas y todas las pretensiones como salarios caídos, primas vacacionales, horas extra, lo pueden poner en la demanda y será responsabilidad de la junta autorizar las peticiones”.
La Ley de Servicio Civil para trabajadores del Estado señala que las horas extra trabajadas deben ser autorizadas por un titular, pero independientemente de que exista esta norma, no se puede prevenir de lleno que no haya demandas, por lo que es importante tener como pruebas las declaraciones del ex empleado.
“Hay que ir pensando en algo para funcionarios de primer nivel”, aseguró, pero “nada supera los alcances de la Constitución”.
Sobre instalar relojes checadores para los empleados de confianza y otras modalidades de contrato, algunos trabajadores hacen trampa para acumular horas extraordinarias. La única alternativa sería integrar tecnología de punta para regular las entradas y salidas.
Respecto a las demandas interpuestas por personal sindicalizado, apuntó que se trata de querellas muy sencillas relacionadas con el pago de cuotas retenidas o reconocimiento de antigüedad, todo con el fin de elevar el escalafón.
A favor declaró que en los cinco meses que tiene al frente del departamento recibió un rezago fuerte y que los procesos que se han sumado en este año se han absuelto. Se han postergado algunos pagos a fin de no afectar las finanzas del gobierno municipal.
También, dijo, es importante valorar si el Ayuntamiento se inconformará en algunos de los casos, pues no siempre es lo más conveniente para la administración.
“A veces tenemos al mismo actor en dos o tres juicios, que reclaman cositas y quieren más, hasta que se genera una bola de asuntos, pero que los ganen es otra cosa”, apuntó Burns.
“DICEN QUE PERDEMOS TODAS”: TOSCANO
Al cuerpo de regidores del XXII Ayuntamiento le están cayendo todas
las sentencias ya perdidas, apercibimientos de inhabilitación y advertencias del juez, incluyendo al Cabildo.
“Es un tema preocupante, independiente de lo moralmente indignante que suceda esto”, resaltó el edil.
Desde el punto de vista jurídico, hay cientos de juicios que se notificaron a anteriores ayuntamientos y no los atendieron debidamente, de allí que aseguren, “perdemos todas”.
“Estamos de apagafuegos y viendo la estrategia para poder cumplir con el trabajador, usamos los instrumentos jurídicos para postergar las obligaciones e ir pagando poco a poco, conforme llegan los requerimientos de jueces de distrito de incumplimiento a sentencias firmes en nuestra contra”, argumentó Orlando Toscano.
El tema más preocupante cuando inició este gobierno fue el de los laudos, por eso armaron una ruta de cómo llevar a cabo los procesos de transición y cómo notificar despidos sin que reboten en juicios. Quitar en cierta manera las posibilidades de éxito en caso de que intenten demandar.
Confió en que se hizo bien, pues este gobierno no ha perdido juicios en contra, ya que como coordinador de la Comisión, debe revisar caso por caso, “tengo qué saber a quién están liquidando y con cuánto”.
No obstante, reveló que llevan tres meses en una situación donde no han pagado indemnizaciones, hace poco sólo autorizaron 22 mil pesos a un demandante.
“Se ha estado haciendo un trabajo de negociar con trabajadores, se ha hecho un trabajo aceptable, bien, pero tenemos la bronca de todos los empleados anteriores”.
Para el edil, lo mejor que se puede hacer mientras no haya una reforma a la Ley, es que Sindicatura Municipal se encargue de investigar si hay responsables o ciertas omisiones por no atender debidamente las querellas.
Si por ejemplo un funcionario no atendió una contestación, no desahogó pruebas ni las presentó, no contestó el amparo debidamente.
“Nos servirá poco en términos patrimoniales porque aspiramos a que caiga una sanción administrativa en contra del funcionario, pero no nos resuelve nada en términos de fondo”, concluyó Toscano.
ALTO VOLUMEN DE ASUNTOS
Bajo el esquema constitucional de que las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables, “no puede afectarse a fines específicos ni están sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades federativas o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación”, es como se han protegido.
Hay una jurisprudencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde si una entidad administrativa si no tiene posibilidades de pagar o liquidez, debe presupuestar en el siguiente ejercicio fiscal aunque no haya para pagar. “Es un acto legal, y no significa patear el bote”, aclaró el Jurídico.
