Los representantes de cámaras empresariales, diputados y los presidentes de los consejos ciudadanos de Seguridad Pública, intentan dar marcha atrás al contrato que firmó el gobierno estatal con Seguritech, empresa denunciada en otros estados por incumplimiento. Revelan opacidad, sobreprecios, procesos amañados y corrupción en el negocio de casi 800 millones de pesos en el llamado C5i
A partir de octubre, el gobierno que encabeza Francisco Vega de Lamadrid estará obligado a pagar durante 10 años, más de 17 millones cada tres meses a Seguritech, empresa que aún no ha iniciado los trabajos de construcción y operación para la cual fue contratada.
Así se establece en la licitación que el gobierno del Estado le otorgó el 28 de junio (cuatro días antes de la elección presidencial) a la empresa y a la cual se le pagará al finalizar, 789 millones 280 mil 700 pesos.
Representantes empresariales, presidentes de los Consejos de Seguridad Pública y diputados, anunciaron varias acciones legales en contra del negocio que se basa en “el diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública”.
El contrato con la empresa está pensado para darle la responsabilidad de la operación al llamado C5i (Sistema de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia) de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, basado principalmente en cámaras y vigilancia, botones de emergencia y arcos con la capacidad de detectar placas vehiculares a su paso.
El 6 de septiembre, un juez de Distrito en materia de amparo recibió un recurso que pretende suspender y echar abajo, el contrato plurianual que el gobierno celebró debido a las numerosas irregularidades y arbitrariedades dentro del proceso de licitación y del proyecto mismo.
El amparo está firmado por Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública, Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex Mexicali, entre otros dirigentes y presidentes de los mismos organismos en los municipios.
De igual forma, Llantada Ávila presentó el jueves 20 de septiembre, una denuncia en la Contraloría del Gobierno del Estado bajo los lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción que permite a cualquier particular, denunciar un acto de gobierno cuando existen indicios de corrupción.
Sobre esto, el líder empresarial dijo: “Estamos solicitando que la Contraloría se manifieste en un dictamen económico, ya hemos hecho ejercicios y parece ser que hay sobre precios; está obligada por Ley a hacer una investigación profunda y un estudio basado en precios de mercado para justificar lo contratado”.
Foto: Cortesía.-Denuncia en Contraloría
Y remató: “Si no hace eso el Contralor (Francisco E. Postlethwaite Duhagón), entonces él sería culpable de los delitos graves que se encuadren…la Contraloría incurría en obstrucción de la justicia si no inicia el procedimiento dentro de un plazo de 30 días naturales, a partir de que tenga conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir alguna falta administrativa grave, faltas de particulares o un acto de corrupción”.
UN AÑO EN SILENCIO
El posicionamiento de los empresarios, dado en una conferencia de prensa en miércoles 19 de septiembre, se dio a casi un año de que la mayoría de diputados aprobaran el endeudamiento para el proyecto del C5i y que algunas voces fueran levantadas en contra del proyecto.
El 26 de octubre de 2017, en la Cámara de Diputados se autorizó para que el gobierno del Estado licitara y suscribiera el contrato por 10 años, pese al rechazo de organizaciones ciudadanas, quienes en su momento se manifestaron por aparentar un negocio dirigido para la empresa Seguritech, instalada en otras entidades donde gobierna el PAN y por tratarse de un endeudamiento a las finanzas del Estado.
Desde que se discutió en la Cámara de Diputados, hubo resistencia por parte de algunos legisladores, por ejemplo, Catalino Zavala de Morena propuso retirar el dictamen hasta no analizar la viabilidad financiera del proyecto, pero fue desechado.
Todos votaron a favor del dictamen que autorizaba al contrato, excepto seis diputados: Jorge Eugenio Núñez de PBC, Luis Moreno Hernández de Transformemos, Catalino Zavala y Víctor Morán de M0 e incluso, en contra de su bancada, Miguel Osuna Millán del PAN y Bernardo Padilla del PRI.
De hecho, desde esas fechas, la exdiputada federal del PRI, Nancy Sánchez, señaló que existían sospechas y engaños desde el gobierno para crear el C5i: “lo que necesitamos urgentemente es claridad en el manejo de los recursos, cero tolerancia a la corrupción, certidumbre de los proyectos, coordinación institucional y compromiso real de la autoridad, lo demás, es demagogia y oportunidad de lucro”.
EMPRESARIOS HABÍAN PRESIONADO A DIPUTADOS, PERO A FAVOR
El diputado del PRI, Bernardo Padilla se dijo sorprendido por las declaraciones de los dirigentes de Coparmex y del Presidente del CCSP, “pues se manifiestan en contra, hacen después de que ya fue adjudicado, cuando fue un tema que estuvimos luchando junto con varios diputados”.
“Ojalá que las siguientes temas y situaciones correlacionados a Seguridad Pública o endeudamiento o alguna APP, o alguna concesión, también levanten la voz, porque cuando algunos diputados anunciamos en su momento que votaríamos en contra, recibimos reacciones en de parte de los mismos directivos de estos organismos empresariales, manifestando molestia en el sentido”, declaró.
Padilla recordó que detener el proyecto, “desde hace un año era un tema de vida o muerte y los organismos empresariales levantaron la voz responsabilizando a los diputados que nos manifestamos en contra…los mismos organismos empresariales que querían que votáramos al favor del C5i, hoy mismos están en contra. No entiendo si es una situación electorera o realmente con un fondo, pero qué bueno que lo hagan ahora, un poco tarde, ojalá así nos hubieran respaldado a los diputados en su momento”.
“PRONTO SE CONFIRMARÁN ACTOS DE CORRUPCIÓN”
El diputado Jorge Eugenio Núñez ha encabezado una investigación documental sobre el proyecto de la Secretaría de Seguridad Pública: “Hay mucha opacidad e irresponsabilidad en todo el proceso, desde que se votó el proyecto en octubre de 2017…se vota (el fallo de la licitación) el 28 de junio, tres días antes del proceso electoral, lo cual crea muchas dudas si hay temas de corrupción. Parecería que hay un dolo en el proceso e incluso la Controlaría del Estado propone que se aplace al proceso de licitación, pero no le hacen caso y lo votan de manera unánime para que no se aplace”.
El legislador del Partido de Baja California explicó a ZETA que estará proponiendo una comisión especial en el Congreso para investigar las irregularidades detectadas.
“Exigimos información al gobierno del Estado y al Congreso, nos dan después de un mes, el contrato. Nos damos cuenta que esta desproporcionado, nos están cobrando 327 millones por mantenimiento, 70 mil pesos diarios por mantener las cámaras, 58 millones de pesos por nueve arcos de reconocimiento de placas, cada uno a 300 mil dólares y en el tema de los botones de pánico, 58 millones por 51 botones; es obvio que hay una irregularidad, no hay precios unitarios ni revisaron como se debía este tema”, declaró el diputado del PBC.
Hernández Niebla y Llantada
“Desde hace tres años venimos escuchando que quieren tener a esta empresa como la encargada del proyecto, era un proyecto mucho más grande de dos mil millones de pesos. Insistirá que era Seguritech, por qué forzar que sea una empresa a costos altos…todo el proceso está muy turbio, pronto se confirmarán actos de corrupción”.
EXIGEN QUE SE ANULE
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, explicó que el amparo interpuesto fue a raíz de que “vemos muchas irregularidades…no podemos invertir más de 700 millones de pesos en un posible elefante blanco, con un gobernador que le falta un año de funciones. Están jugando con el dinero de todos los contribuyentes”.
Dijo que entre los elementos a resaltar están la falta la transparencia en la licitación, ya que no se convocó a la sociedad civil como testigos del proceso; una inversión que registra sobreprecios en la infraestructura que además resulta insuficiente; personal insuficiente y sin capacitación, así como las seis denuncias interpuestas contra la empresa ganadora, Seguritech, en el Congreso de la Unión por incumplimiento de contratos en otras entidades como Guanajuato.
Hernández Niebla, a diferencia de los otros entrevistados, dijo que hablar de corrupción era prematuro y que él esperaría a que la autoridad judicial sea quien lo determine.
Pero por su lado, Rodrigo Llantada manifestó que la Coparmex valoró “violaciones a los principios establecidos en la Constitución respecto al ejercicio de recursos públicos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” en el contrato y su asignación.
OBSERVACIONES DE LOS ORGANISMOS
Infraestructura insuficiente. La inversión no parece ser razonable a las cámaras en el proyecto, por ejemplo, 200 cámaras, cinco mil 300 botones y nueve arcos de reconocimiento de placas dentro del Estado, “no nos hace sentido los 789 millones de pesos de inversión para ello”, dijo Hernández Niebla.
Personal insuficiente y no capacitado. La dependencia encargada del C5i sería la SSPE. La cual tiene una Policía (PEP) debilitada en tres de los 10 lineamientos evaluados. Por ejemplo, es la segunda entidad con promedio más bajo en número de policías (.3 policías por 100 mil habitantes, cuando la media nacional es 1.1). Tampoco está actualizado el Nuevo Sistema de Justicia Penal ni en cibernética y de operaciones especiales. Hay menos de 500 policías estatales.
Proceso de licitación. Durante el proceso de licitación no se cumplieron los lineamientos del Congreso: eficiencia, eficacia, transparencia y honradez al ser solo dos compañías las que licitaron: Seguritech e Intertech; no se invitó a todas la autoridades municipales a cargo de la seguridad a la apertura de las propuestas, solo estaba un representante de la SSPM de Tijuana, ni la transparencia y máxima publicidad al no incluir a la sociedad civil, CCSP forzosamente se debió haber invitado.
En relación a Seguritech. La misma tiene interpuestas seis denuncias ante el Congreso de la Unión por incumplimiento de equipo como en Guanajuato.
Conclusión. El contrato firmado dista de proteger los intereses y garantías que un contrato de este tipo debería incluir, no hay fecha de inicio y difícilmente se puede obligar a cumplir, pero los pagos inician en octubre de este año.
Postura del Gobierno. La administración estatal emitió un comunicado donde aseguró que todo el proceso, “desde que se planeó siempre fue de conocimiento público”. Además que el proyecto traerá algunos beneficios para “incrementar la eficiencia operativa”. El gobernador descalificó las observaciones hecha por los empresarios en una declaración ante medios de comunicación: “debe ser un problema político y todo se puede hacer político, menos la seguridad”.
