El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha cambiado tanto su discurso como sus acciones en materia de combate a la corrupción. De señalar corruptos a funcionarios del Gobierno Federal y unos cuantos de los estados, transitó al pacifismo político que le abona a la sospecha de la impunidad.
No meterá a ningún famoso a la cárcel, dijo. No juzgará a Peña, ni a Anaya, prometió después del triunfo, y recientemente respondió que sí, cuando un reportero de la Ciudad de México le preguntó si Rosario Robles, la todavía titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), era un chivo expiatorio en el caso de los desvíos de recursos en las secretarías que ha encabezado la ex perredista.
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A Baja California llegó con la bandera blanca también. Frente al gobernador, la familia del gobernador, los colaboradores del gobernador, algunos muchos panistas y unos cuantos de izquierda, López Obrador dijo públicamente al senador Jaime Bonilla que no peleará con el Gobierno del Estado. Atrás, evidentemente quedaron las declaraciones señalando la corrupción en el gobierno de Francisco Vega que proclamó Bonilla, quien será el coordinador federal en el estado.
Ciertamente no sabemos cuál será la política de López Obrador para combatir la corrupción de quienes hoy administran los recursos públicos en los gobiernos Federal, estatal y municipal, dado que no es Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y poco puede hacer desde las oficinas de la transición. Igual y da la sorpresa una vez que tome posesión el 1 de diciembre de 2018.
Peeero, no todo está perdido.
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Hace algunos meses escuché cómo un subsecretario de la Secretaría de la Función Pública aseguró que no habían investigado a Luis Videgaray, hoy ministro de Relaciones Exteriores, pero en el pasado secretario de Hacienda, por conflicto de intereses cuando se publicaron las relaciones que tuvo con empresarios que concursaron y ganaron una obra federal, porque no había una denuncia sobre los presuntos actos irregulares de Videgaray. El colaborador de Arely Gómez complementó su respuesta informando que cualquier ciudadano podría hacer la denuncia, y ellos tendrían la obligación de investigar.
Mismo esquema se desarrolla en la Procuraduría General de la República (PGR). Cualquiera puede denunciar un acto de corrupción y la autoridad tendrá la obligación de investigar.
Hoy día esas denuncias ciudadanas no son apropiadamente investigadas, porque ya sabemos, aún estamos en el sexenio más corrupto del que se tenga memoria en la historia reciente de México, peeeeeeeeero, en la próxima administración podría haber algo de posibilidades que sí se investiguen.
Los ciudadanos mexicanos ya están tomando acciones. El martes 18 de septiembre, ante la insensibilidad del Presidente de la República para mantener sin investigar a Rosario Robles en la Sedatu, a pesar de las denuncias públicas, reportajes periodísticos y auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntos desvíos de miles millones de pesos de las dependencias que ella ha encabezado, miembros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una asociación civil que investiga casos de corrupción en México, interpusieron una denuncia ante la PGR por desvío de recursos públicos, revelado en el reportaje “La Estafa Maestra”.
La pieza periodística, una indagación de un grupo de reporteros, documenta los desvíos que se realizaron en la Secretaría de Desarrollo Social y en la Sedatu, cuando esas dependencias fueron encabezadas por Rosario Robles Berlanga. Los periodistas, apoyados con material de la ASF, documentaron la ruta de un desvío de por lo menos 3 mil 433 millones de pesos que fueron sacados del erario a través de ocho universidades y utilizando más de 120 empresas fantasma.
El destino del dinero es desconocido hasta la fecha. Ahora los ciudadanos demandantes podrán obligar a la PGR, a partir de campañas mediáticas, amparos y la búsqueda de la justicia, a investigar lo que el Presidente Enrique Peña Nieto no quiere que se indague, y el Presidente electo, dice que no juzgará.
Al día siguiente de la denuncia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en Baja California, dirigentes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, así como dirigentes ciudadanos de los municipios, anunciaron que habían presentado un amparo para detener la construcción del C5i, un centro de control inteligente que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ha otorgado en contrato a una empresa privada a razón de 789 millones de pesos.
Tanto en BC como en Ciudad de México, ven en los respectivos actos de Rosario Robles y Francisco Vega, actos de corrupción, abuso de poder e impunidad política, porque a pesar de las denuncias ciudadanas, de la evidencia pública de presumibles actos corruptos, ninguna autoridad está investigando ni a la secretaria federal, ni al gobernador estatal.
La denuncia ciudadana oficial ante las fiscalías estatales o la fiscalía nacional, se convertirá en la estrategia más fuerte para combatir en el futuro la corrupción que hoy México padece, y también la que se llegue a dar en el próximo sexenio. El Presidente electo está obligado, porque así se comprometió en campaña y por ello le votaron mayoritariamente, a acabar con la impunidad, y una manera de hacerlo es impedir que las denuncias contra funcionarios corruptos sean congeladas como sucede hoy en día.
La cada vez más importante participación social, debe dar esa esperanza de justicia ante los gobernadores y funcionarios corruptos. Para no poner pretextos, las denuncias desde la ciudadanía se verán cada vez más. Y ojalá el próximo gobierno esté a la altura de la sociedad que lo llevó al triunfo.
Integrantes de Coparmex, de los comités ciudadanos de Seguridad Pública de Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, interpusieron un recurso de amparo para que se revoque el contrato otorgado a Seguritech para la construcción y operación del Centro de Coordinación, Comando, Control, Cómputo e Inteligencia (C5i), por considerar que hay “indicios de corrupción”.
En conferencia de prensa conjunta, el presidente del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, argumentó que presumen que habría desvío de recursos públicos, además de que no hubo un dictamen de las propuestas económicas para otorgar el contrato por 789 millones de pesos que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid entregó a la empresa privada.
