“Qué más vigilancia les podemos dar”, se preguntaban policías, al referirse al reclamo de más seguridad hecho por directivos de la afamada Preparatoria Federal “Lázaro Cárdenas” (PFLC) en Tijuana, tras el falso auto secuestro de una de sus jóvenes alumnas, denunciado por redes sociales el 23 de agosto.
Aunque inventada, la privación ilegal de la libertad despertó una psicosis al punto que hubo autoridades escolares que aseguraron la existencia de otros tres plagios perpetrados por hombres armados contra estudiantes en las inmediaciones de la misma preparatoria en los meses recientes. Rumores que se esparcieron entre el alumnado.
Pero de esas versiones, de esos supuestos delitos graves y devastadores para las familias cuando son reales, solo existe la denuncia y el expediente de uno. Es por la desaparición de la quinceañera Diana, que sigue en investigación sin pronóstico positivo al momento.
Sin embargo, incluso en este desafortunado caso, la estudiante no fue atacada en el centro escolar; la muchacha abandonó la escuela por su propio pie, sin agresiones físicas de terceros en la escuela y su teléfono celular estuvo encendido por última vez en las inmediaciones de su domicilio familiar.
En agosto, el centro escolar ubicado en la zona clasificada como “blindada” -con más fuerza pública que el resto de la ciudad-, ya contaba con dos patrullas con sus respectivos uniformados, circulando en el circuito de manera constante y permanente; un guardia comercial en el acceso y una cámara de seguridad que no funcionó el día en cuestión, todo en la preparatoria; y otro policía asignado al centro comercial de un lado.
La promesa de dar celeridad al proyecto “Ruta Segura”, en el que restauranteros, muchos de ellos egresados del mencionado centro escolar, se comprometieron en julio a aportar 6 mil 380 dólares para comprar 16 cámaras -que se conectarán al Centro de Control y Mando, C2- a colocar en la zona para protección de las entradas y salidas de los educandos.
Tras los reclamos infundados, posteriores al reciente falso secuestro, también fue instalada una caseta policiaca móvil, y elementos de la Gendarmería fueron asignados al área.
De acuerdo a las autoridades educativas, en este espacio privilegiado que alberga a la preparatoria, las dos secundarias más viejas de la ciudad, una primaria y un preescolar, se movilizan a diario 10 mil personas, entre alumnos, maestros y padres de familia. Y claro, es obligación de las autoridades brindar seguridad.
¿Pero qué pasa con los alumnos de las escuelas que no están ubicadas en zonas blindadas, las que no tienen egresados adinerados? Aquellas localizadas en 195 colonias de atención prioritaria por el tema de inseguridad, conforme al diagnóstico delictivo del Estado, como Natura, Sánchez Taboada, Villas, Los Pinos, La Presa; escuelas cuyos maestros y padres de familia están demasiado ocupados buscando la sobrevivencia económica, como para organizar manifestaciones, y donde acuden estudiantes que no han inventado secuestros.
Allí en las zonas marginadas, ¿dónde estaban las cámaras, las casetas, las patrullas, la Gendarmería, cuando mataron al estudiante de enfermería Ángel Baltazar Hernández Flores, el 23 de mayo de 2018 en colonia Valle Verde en un asalto? O cuando un estudiante apuñaló a otro en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Número 4 “Ricardo Flores Magón” en el fraccionamiento Jardines de la Mesa, el 31 de agosto. O el 8 de agosto, cuando David, un estudiante de secundaria de 13 años, fue asesinado en un parque de Villas de Baja California por quitarle el teléfono celular.
Dónde está esa esmerada atención de las corporaciones, cuando a los jóvenes del Cecyte Santa Fe les ponen navajas en el cuello para quitarles dinero y teléfonos. O cuando asaltan a los alumnos de Cobach-Nueva Tijuana, o Conalep de la Vía Rápida, en su largo trayecto a la zona del transporte público.
Equidad, es la voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, lo que necesita en función de sus condiciones, y en este caso sería darle mayor seguridad a los más inseguros, a los que no están “blindados”, algo que evidentemente no está sucediendo.
La idea tampoco es que el Centro Escolar Agua Caliente pierda los privilegios logrados a fuerza de presión social, sino que estas condiciones, estas prerrogativas, se repliquen en las zonas inseguras. Se trata de exigir un ejercicio de justicia a las autoridades, a los empresarios que evidentemente han decidido participar en el tema.
Los estudiantes todos son jóvenes tratando de salir adelante, y no pueden tratarlos como ciudadanos de primera y de segunda clase. Y eso es exactamente lo que se está haciendo.
