Con la anuencia del gobierno de Juan Manuel Gastélum, Altisa se introdujo a la ruta troncal del SITT, concesionada a la Empresa de Empresas. Lo hizo sin unidades BRT y, como ha sido una constante en esta compañía, propiedad de Víctor Sevilla, invadiendo recorridos. Su incursión transitoria le podría permitir ampararse para permanecer en la ruta de manera indefinida, como ha sucedido con los taxis libres y de ruta, advirtieron transportistas y abogados, a lo que la empresa responde que llegó para quedarse
Aunque la participación de Altisa como operador rodante en el trayecto principal del nuevo sistema de transporte, la autoridad municipal lo indicó como temporal, el apoderado de la empresa, Pedro Zamorano, aclaró que la incitación del Ayuntamiento es para que operen de manera permanente aún sin unidades BRT, ya que eso “lo decidirá la ciudadanía”.
A la incursión de Altisa, los concesionarios de las demás empresas de autotransporte, incluidas las que integran SITT, S.A., lo observan como una imposición arbitraria por parte del gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
Recientemente, el propietario de Autotransportes Urbanos y Suburbanos Libres de Tijuana BC, S.A. de C.V., mejor conocida como Altisa, firmó un convenio para integrar sus unidades como alimentadoras de la ruta troncal y que sus usuarios puedan hacer empleo del servicio de transbordo, no para operar la ruta 1, como lo hace desde el miércoles 8 de agosto.
Tanto los concesionarios de la ruta troncal como los que no se encuentran incluidos en el nuevo sistema, advirtieron que esta intromisión, a pesar de ser permisiva por parte de la autoridad municipal, no deja de ser irregular, porque la decisión se tomó sin considerar que ese trayecto está concesionado a la Empresa de Empresas, convenio aún vigente.
Además, de no consensarse, tampoco existe un permiso oficial expusieron, aunque el director del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT), Javier Salas Espinoza, indicó que sí existe una autorización por parte de la autoridad municipal, aunque admitió que ésta es “solo de palabra”.
Otra de las irregularidades observadas, es el hecho de que se permita a Altisa circular por la ruta principal, camiones que no son BRT, incumpliendo con el proyecto impulsado financieramente por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el Banco Nacional de Obras (Banobras) y el Banco Mundial.
Peor aún, la participación de Altisa sobre la ruta troncal genera un antecedente con el que la empresa podría buscar el amparo del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), para mantener su servicio en ese recorrido de manera indefinida.
A lo que el apoderado de la compañía de transporte público respondió: “Venimos a dar un servicio en un sistema colapsado y lo vamos a dar en forma permanente. Lo vamos a dar con camiones rojo o verdes –BRT o alimentadores-, no entiendo cuál es la diferencia. ¿Qué prefieren, camiones rojos vacíos o verdes llenos?”, cuestionó.
INVADIENDO INICIÓ OPERACIÓN EN TRAYECTO PRINCIPAL
La circulación “temporal” por la ruta troncal del SITT la inició Altisa, el miércoles 8 de agosto, sin que la autoridad municipal advirtiera de este acuerdo al resto de los permisionarios del transporte.
Ese mismo día, la controvertida empresa modificó, por cuenta propia, el trayecto oficial de la ruta troncal, desviándolo del Bulevar Padre Kino, por donde debería llegar, hasta el puente del SITT que conecta El Chaparral hasta la Avenida Internacional, para invadir la Avenida Ferrocarril, en la colonia Libertad, por donde tiene concesionada su ruta la empresa de autotransporte Azul y Blanco. Ninguna autoridad observó tal irregularidad.
Por ello, los concesionarios del transporte afectados intentaron denunciarlo directamente a las autoridades correspondientes, de la paramunicipal SITT y de la Dirección de Transporte Municipal, “pero ni el alcalde, ni Javier Salas -del SITT-, ni Javier Palacios -director de Transporte- respondieron el llamado”, expuso Héctor Márquez, dirigente de Autotransportes Azul y Blanco.
“Pensamos que teníamos buen diálogo con el presidente municipal y las autoridades, y resulta que no responden y lo único que nos dejan es bloquear”, señaló el viernes 10 de agosto, cuando al no lograr ser atendidos por el gobierno municipal, procedieron a obstruir la operación de los camiones de Altisa.
El bloqueo lo realizaron en forma pacífica, seis empresas de autotransporte (Azul y Blanco, Corredor 2000, Calafia, Calfia, Verde y Crema y Amarillo-Perla), en las inmediaciones de la Garita de San Ysidro, cuando las unidades de la empresa invasora procedían a incorporarse sobre calle Tercera, del Bulevar Padre Kino a la Avenida Ferrocarril.
Hasta entonces, el gobierno de Juan Manuel Gastélum informó que la participación de Altisa por el derrotero principal del SITT, “era temporal”.
Respecto a esa acción, Pedro Zamorano, representante de Altisa, admitió que al principio sí modificaron el trazo de la ruta troncal en esa área, pero luego aclaró que la ruta invadida no la tiene concesionada ninguna empresa del transporte masivo.
IRREGULARIDAD SOLO EN PERIODO DE PRUEBA
La incorporación de camiones alimentadores a la ruta troncal del SITT será solo durante el periodo de prueba que se estará efectuando por 25 días para calibrar los tiempos de salida y recorrido de la ruta principal, anunció Javier Salas Espinoza, director de la paramunicipal SITT.
Al considerarse a Altisa como “la empresa más idónea” por su amplia flotilla de camiones, se le pidió que con 15 unidades alimentadoras, complementara el servicio en la ruta troncal “de manera temporal”, enfatizó.
El funcionario indicó que son un promedio de 15 unidades alimentadoras de las empresas Altisa, 24 de Febrero y Tijuanenses las que participan en el periodo de prueba, misma cantidad que será reemplazada por camiones BRT que se estarían incorporando en septiembre, cuando la fase 1 del SITT arranque al 100 por ciento.
Pero su versión la desmintió la propia empresa en voz de su apoderado Pedro Zamorano, quien dijo que la circulación de las unidades verdes las mantendrá hasta que puedan adquirir los 12 camiones tipo BRT que proyectaron ingresar en la ruta troncal, “no son baratos, cuestan 240 mil dólares” y las armadoras estén en condiciones de proveerlos, en tanto “continuaremos dando el servicio así”.
GOBIERNO IMPULSA MONOPOLIO
“Altisa se está convirtiendo en lo mismo que Taxis Amarillos, quienes por muchos años mantuvieron el monopolio de la Línea y hacían lo que ellos querían en total impunidad”, advirtió el apoderado legal de Azul y Blanco, Luis Fernando Calderón.
Con la adquisición de las acciones de las empresas de Autotransporte 24 de Febrero y Tijuanenses, Altisa ha ampliado el número de rutas en toda la ciudad, “y ahora el gobierno municipal le está entregado el SITT, haciendo a un lado al resto de los concesionarios del transporte”, expuso.
Los permisionarios invadidos ven en la incursión de Altisa una amenaza “porque siempre ha querido la ruta de San Ysidro y porque no sabemos qué acuerdos hicieron -el gobierno y la empresa de Víctor Sevilla-; a puerta cerrada se reúnen para tomar acuerdos que no son consensados con el resto del sector y no hay minuta para que oficialmente quede asentado lo que ahí se habla”, puntualizó, el abogado Luis Calderón.
BUSCAN DESINCORPORAR RUTA TRONCAL DE SITT, S.A.
Abrir la participación como operador rodante -aquel que da el servicio por la ruta principal- al resto de las empresas de transporte no incluidas en ese trayecto, mismo que se otorgó para a la Empresa de Empresas denominada SITT, S.A., es el objetivo a lograr en aras de hacer funcionar el sistema, expuso a este Semanario Javier Salas Espinoza.
Por ello, explicó, es que no es posible en este momento incorporar las unidades BRT que ya se encuentran en Tijuana al periodo de ensayo, al pertenecer las unidades troncales a SITT, S.A. de C.V., de la cual se está desincorporando la rectoría del nuevo sistema.
Para abrir la ruta troncal a todas las empresas de transporte, se requiere desincorporar los BRT de SITT, S.A. de C.V., en tanto no se concluya ese proceso no pueden ser utilizadas las unidades troncales a cargo de la Empresa de Empresas, compartió.
Comentó que el conglomerado de empresas concesionarias no ha cumplido en proporcionar el servicio como corresponde al mantener en operación solo 15 BRT, por lo que el municipio se ocupa en destrabar el acuerdo en el que se le otorgó el uso exclusivo de la ruta principal, para que otras empresas puedan incorporarse.
Salas Espinoza sostuvo que el desarrollo de este proceso se efectúa sin irregularidades, toda vez que se realiza en acuerdo con los transportistas involucrados en el SITT, a la par que se está en pláticas para que las empresas no incluidas se adhieran al nuevos sistema.
Contrario a lo informado por las autoridades municipales, Héctor Márquez, líder de Azul y Blanco, anotó que ante el interés que han expresado por participar en el SITT, el gobierno de “El Patas” les ha puesto obstáculos para inhibir su intención.
“Cómo lo plantean, no nos resulta redituable; para que participemos nos piden el 10.8% del costo del boleto para entregarlo a la empresa que administrará el recaudo, a lo que hay que agregar el 6% para el fideicomiso que manejará el gobierno para el mantenimiento de las instalaciones, más el subsidio del programa Raite, a lo que tenemos que agregar el 23% que pagamos a los choferes de acuerdo al contrato colectivo”.
Agregó que desde hace varios años han solicitado la concesión de la ruta de Valle de Las Palmas, la cual se entregó también a Altisa y que hasta la fecha sigue sin atender conforme a la demanda, lo que ha derivado en protesta de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), las cuales han sido ignoradas.
En un sondeo realizado por ZETA, se corroboró que los estudiantes deben hacer largas filas y esperar hasta una hora para poder abordar una unidad, ya sea para llegar a la Universidad o para retornar. Ante la alta demanda y las pocas unidades, los camiones de esa ruta se observan circulando con sobrecupo.
El representante de Altisa, Pedro Zamorano, no admitió tal problemática y sostuvo que los 18 camiones dispuestos para dar servicio a la Universidad en Valle de Las Palmas salen con una frecuencia de 4 a 8 minutos, aun cuando esa ruta “es incosteable”, dijo.
EL RIESGO DE SATURAR LA RUTA TRONCAL
Arturo Aguirre, secretario general de la Empresa de Empresas, dijo no estar enterado de la desincorporación que el gobierno local pretende hacer de la ruta troncal, “la cual sigue perteneciendo a SITT porque así está estipulado bajo contrato”.
“Anexar otro operador rodante, ahora en manos de Altisa, podría ser factible siempre y cuando se nos respete la cantidad de unidades que tenemos asignadas para circular en ese trayecto -30 BRT-, pero sería saturar la ruta troncal de camiones, como actualmente se encuentra el Bulevar Díaz Ordaz”.
El líder transportista indicó que si SITT no ha cumplido con la incorporación de más unidades es porque el gobierno municipal no ha hecho lo suyo de “limpiar la ruta del resto del transporte que por ahí circula -masivo y taxis-. La saturación de transporte impide que los BRT se llenen, por eso no podemos meter una cantidad mayor, porque resulta incosteable”, añadió.
“Cuando la autoridad deje la ruta principal libre para los BRT, se pongan a funcionar las terminales con el sistema de recaudo incluido; entonces, que nos señalen de incumplidos si no operamos los 30 camiones principales, los cuales ya se tienen, pero por falta de pasaje nos hemos visto obligados a mantener parados 18, pese a que los adquirimos con financiamiento”.
PERMISO TEMPORAL SOLO DERIVA EN AMPAROS
El secretario general de SITT, Arturo Aguirre, agregó que la autoridad municipal tampoco les informó de la incorporación de Altisa a la ruta troncal en forma “temporal”, acto que reprobó por el precedente que su participación, aunque esporádica, pueda generar.
“Los amparos concedidos por el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA), así se han obtenido, por permisos provisionales otorgados por la autoridad municipal”, expuso.
Ejemplo de ello, precisó, son los cientos de taxis libres y la línea de taxis de ruta Blanco Franja Guinda que operan desde hace más de 10 años bajo el amparo del Tribunal.
En efecto, Armando Atilano Peña, vicepresidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, dijo que el contar con un permiso provisional, aunque solo sea de palabra, legalmente genera la duda sobre un posible derecho, suficiente argumento para ser considerado por el TCA para ampararlos contra cualquier acto de autoridad.
Para el abogado, el que la anuencia del municipio solo haya sido de palabra, representa una irregularidad, pero deja un precedente.
Si en el futuro, la empresa quiere permanecer en ese recorrido y la autoridad no se lo permite, Altisa podrá recurrir al Tribunal, instancia que observará que si ya operó en esa ruta con el consentimiento del municipio, puede continuar asiéndolo, liberando para ello un amparo provisional, en tanto se emite una suspensión definitiva o se resuelva en contra de la empresa.
Además de lo irregular que en términos legales implicó el anexar una empresa de transporte sin anunciarlo previamente ni someterlo a la consideración de las partes involucradas, aun existiendo un contrato de por medio, propició la duda razonable sobre si esa decisión “tomada en lo oscurito, no implica un acto de corrupción”, acotó Atilano Peña.