Utilizando compañías de servicios de subcontratación de personal outsourcing, 13 operadores de autobuses de la empresa de traslado de personal Autotransportes Latinoamericanos S. A. de C. V., y ocho empleados de la proveedora de material de empaque Best Board Impulsora S. A., fueron despedidos sin la liquidación correspondiente y en un limbo legal en el que la autoridad laboral, poco o nada resuelve a favor de los trabajadores
En mayo pasado, directivos de la compañía que traslada al personal de 36 maquiladoras como Foxconn, Kyocera, Motorcar Parts America Inc., y Honeywell Mexhon, anunciaron a sus trabajadores que serían registrados en la nómina de Quimera Soluciones, con un contrato de prueba de 30 días y un sueldo reportado al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), menor al que en realidad recibían.
Empleados que perdieron hasta 17 años de antigüedad, asesorados por un sindicato externo, reportaron los hechos en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero ante la falta de disposición de la contraparte para negociar, emplazaron a una huelga que fue declarada inexistente por no haber sido convocada por el sindicato de la empresa, de cuya existencia, los trabajadores no tenían conocimiento.
En medio de intentos por establecer un diálogo, la madrugada del 21 de junio, durante la jornada laboral, personal administrativo de Autotransportes Latinoamericanos bajó a los choferes de los camiones y desde entonces, no les permitieron regresar a la empresa.
LOS DESPIDIERON POR EXIGIR DERECHOS LABORALES
Best Board Impulsora hace seis años cambió su nómina a una outsourcing, prometiendo a sus empleados respetarles su antigüedad. Aunque de inicio aceptaron, el que la compañía cambiara de razón social tres veces en dos años, reduciendo su sueldo reportado ante el IMSS y, aparentemente, eliminando su antigüedad, los hizo desistir de apoyar tal decisión.
En junio pasado, los ocho trabajadores, también apoyados por un sindicato externo, exigieron la restitución de sus derechos, pero el representante legal, Manuel Juárez, en una reunión extrajudicial, “dijo que no nos daría nada”.
Entonces, la compañía procedió a liquidarlos, despidiendo primero a tres, a quienes pagó con el 50% de lo correspondiente por despido injustificado; posteriormente expulsó a los otros cinco, pero sin pagarles ningún beneficio. Ahora, todos exigen pago conforme a la Ley.
CONTRACIÓN DE OUTSOURCING PARA EVADIR IMPUESTOS
“El objetivo de las empresas al contratar outsourcing es evitarse el pago de altas sumas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ante la imposibilidad de deducir el cien por ciento de su nómina”, explicó el abogado fiscalista, Jorge Pickett Corona.
La mayoría de las outsourcing trabajan como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, conocidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como EFOS, detalló el especialista. “Simulan vender servicios de comercio exterior, inteligencia fiscal, asesorías diversas, servicios que son deducibles de impuestos, pero que en realidad nunca se dan, son operaciones comerciales inexistentes”, apuntó.
Aunque esta modalidad ha existido desde hace años, se intensificó luego de la reforma fiscal que redujo la deducción de nómina del 100 al 45% máximo, por lo que las empresas buscan otras opciones para pagar menos impuestos.
Una abogada laboralista consultada por ZETA, quién pidió omitir su nombre, explicó que el objetivo de contratar servicios outsourcing, además de obtener beneficios fiscales ilegales, es deslindarse de responsabilidades con respecto a sus empleados. En teoría, las subcontratadoras deberían asumir las obligaciones patronales, como el pago de nómina y atención a contingencias o conflictos laborales, y a pesar de que algunas sí cumplen, una gran cantidad de esas empresas no lo hace.
Además, omiten el registro de los empleados ante el IMSS o lo hacen con el salario mínimo, en detrimento de sus aportaciones para el fondo de retiro, su calificación crediticia ante el Infonavit e instituciones bancarias, o el pago de incapacidades.
En otros casos, cambian periódicamente de denominación social con fines fiscales, eliminando en la mayoría de los casos, la antigüedad de los trabajadores.
En otras situaciones, sí se consulta a los empleados y se da un acuerdo respecto a estas condiciones de trabajo, porque les representa una ventaja al recibir más pago, sin considerar cómo les afectará en el futuro.
Empresa corrió a huelguistas
Esas empresas subcontratadoras no tienen infraestructura, ni patrimonio y en juicios laborales con sentencia en su contra, no tiene con qué pagar o propiedades qué embargar. “Es el pan nuestro de cada día”, expresó.
Franco Carlos Hernández, abogado y secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Península de Baja California, Similares y Conexos, adscrito a la CTM, que apoya a los exempleados despedidos de Best Board Impulsora, refirió que esas empresas a veces tienen domicilio fiscal de difícil acceso para girar citatorios a audiencias o desaparecen de la ciudad, imposibilitando el reclamo legal.
Como sindicato externo, informó que solicitaron un juicio de titularidad del contrato colectivo para poder negociar con los directivos de las empresas en conflicto, al tiempo que orientan a los trabajadores para que soliciten un juicio en contra de la empresa que los contrató originalmente para que, a través de éste, sea la que pague la liquidación que por derecho les corresponde.
Sin embargo, la abogada laboralista consideró las posibilidades de éxito como mínimas, por la dificultad para reunir evidencias que comprueben la relación obrero-patronal con la empresa demandada.
IMISS MINIMIZA IRREGULARIDAD
Consultado al respecto, el jefe de Afiliación y Cobranza del IMSS, Delegación Baja California, José Alfredo Jiménez, dijo que “los patrones del Estado son cumplidos”, pues en el primer semestre de 2018, se emitieron “solo unas 20 cartas invitación y de siete a 10 auditorías pendientes”, lo que considera, es “una cifra mínima comparado con los 40 mil 189 patrones registrados en la delegación”.
En casos de movimientos atípicos como los señalados, “se les invita a regularizarse y responden de manera positiva. De no ser así, se les somete a auditoría, se les obliga a resarcir los pagos omitidos y se hacen acreedores de una multa que oscila entre los 5 mil y 40 mil pesos”, comentó, pero aclaró no son casos habituales.
En el aspecto fiscal, Jorge Pickett Corona refirió que el campo de acción de la Secretaría de Hacienda se limita a identificar a las EFOS y a sus correspondientes EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas), a quienes se les notifica de la situación de la subcontradadora, se les rechazan las facturas emitidas con ellas y se les exige su regularización.
Las empresas outsourcing que operan de esta manera, incurren en defraudación fiscal, que se castiga con tres meses a nueve años de prisión y multas que pueden ser millonarias, aseveró el abogado. No obstante, compartió, se trata de un delito difícil de tipificar porque se requiere comprobar el dolo. “De los casos judicializados, el 90% los gana la empresa, por errores en el debido proceso en la ejecución de auditorías por parte del Servicio de Administración Tributaria”.
SECRETARÍA DEL TRABAJO NO ATIENDE
Los exempleados de Best Board, quienes tienen la próxima audiencia el 29 de agosto, reportan que no han sido informados por la Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Baja California de la situación de su caso, no obstante de haberlo solicitado formalmente.
Por ello recurrieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Baja California a presentar una queja para obligar a la autoridad a responder y hacer valer los derechos de los trabajadores.
En el caso de los extrabajadores de Autotransportes Latinoamericanos, la audiencia laboral la tienen programada para el 31 de agosto, por lo que optaron por esperar el resultado de la misma, antes de requerir el apoyo de otra instancia.
Requerido por este Semanario, Javier Iribe Paniagua, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Baja California, reportó a través del área de Comunicación Social que no es posible proporcionar información respecto a ambos casos, por tratarse de demandas en proceso.
ZETA también intentó comunicarse con los directivos de las dos compañías señaladas para conocer su versión de los hechos. En el caso de Best Board, una empleada negó relación con los denunciantes, pero días después, el gerente general se comunicó con para acordar una entrevista, pero no volvió a responder los llamados.
De Autotransportes Latinoamericanos se pospuso una entrevista y ya no se dio respuesta a la solicitud de la reportera.
