La declaración de once testigos y pruebas periciales que sugieren agresiones múltiples que dejaron al menos 45 lesiones en la persona del pequeño Kelvin Omael, de cuatro años de edad, son la columna vertebral de la acusación que la Fiscalía sostiene contra Emily Judith Cervantes, madre del pequeño asesinado a golpes.
Desde que ocurrió el crimen, fue detenida la madre, ante las acusaciones de su pareja sentimental, una mujer llamada Mónica, con quien sostenía una relación homoparental desde hace más de un año.
La primera audiencia era prácticamente de trámite. Emily Judith, residente de la colonia El Cóndor, dejó en evidencia su condición humilde, lo cual se reflejó en la imposibilidad de pagar por un abogado particular que reclamara cada detalle de la acusación en su contra.
Fue en la Sala 6 del Centro de Justicia, ubicado en Río Nuevo, donde la mujer fue careada por primera vez ante el Ministerio Público y la jueza Ruth Esperanza Álvarez; poco más de una hora se requirió para determinar la legalidad de la detención realizada por agentes municipales, además de exponer las pruebas, tanto testimoniales como periciales con las que cuenta la parte acusadora.
Luego de narrar cómo ocurrió la detención, el defensor público solicitó leer todas las pruebas contra la víctima y gracias a ello se pudo conocer la versión de los once testigos, destacando el de Mónica, quien indicó que el pasado 18 de agosto, la acusada, la víctima y ella se encontraban en la vivienda, como cualquier otro día.
En su narración de los hechos comentó que recibió una llamada de su madre, la cual decidió contestar fuera del inmueble de tres pisos; su departamento se encuentra en el segundo nivel. Después de varios minutos charlando, vio a Emily salir y descender de la vivienda. Momentos después, notó que Emily, claramente afectada, se acercó a ella y le externó que había golpeado a Kelvin Omael, pero que éste ya no respondió.
Mónica agregó que subió a la casa donde observó al menor tendido boca abajo, con una respiración agitada y con los ojos abiertos, pero imposibilitado para moverse o responder de manera verbal a las preguntas que le hacían.
En un acto desesperado intentaron refrescarlo, creyendo que se trataba de un hecho relacionado con el calor, pero esto fue inútil, por lo que corrió hasta una farmacia llamada GI, ubicada frente a su vivienda, en la misma calle Treceava.
Mientras le explicaba al doctor los síntomas, Emily llegó con el menor en brazos; ya no reaccionaba a los impulsos, por lo que le brindaron los primeros auxilios y pidió el arribo de personal de la Cruz Roja. El infante ya había muerto.
El médico revisó el cuerpo del pequeño y detectó diversas lesiones cronológicamente distantes, destacando un hematoma de gran tamaño en la frente. Kelvin también evidenciaba desnutrición.
Dicha declaración fue reforzada por los otros diez testigos que participaron en el incidente, como los policías, el médico que lo atendió en la farmacia y socorristas, entre otros, quienes incluso agregaron localizar huellas hemáticas al interior de la vivienda de la víctima.
Ante las constantes acusaciones que robustecieron el homicidio agravado por razón de parentesco consanguíneo, Emily enmudeció. Su rostro siempre permanentemente apuntando a la mesa, salvo en algunas ocasiones que miró detenidamente a la Jueza o que charlaba con su defensor público.
Finalmente, en una sala donde solo había integrantes de los medios de comunicación, se determinó que la detención fue legal y se fijó como fecha el próximo 25 de agosto, para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso, donde se abundará en la acusación contra la mujer.
Durante este 2018, la Procuraduría de Justicia ha registrado ya dos casos de menores asesinados por sus padres. En ambos hechos se trata de familias de escasos recursos económicos, con supuestos problemas de adicción y que atacaron mortalmente a sus víctimas en un arrebato de ira.
