El 7 de junio, la Policía Federal anunció que iniciaría el “Operativo Hidra” en Tijuana. Informaron que 24 agentes, un elemento de la Policía Científica y otro de Inteligencia, harían recorrido por las calles de la ciudad en once patrullas.
La finalidad era combatir la inseguridad y reducir la incidencia en colonias que registraban el mayor número de delitos -homicidios-, además, ejecutarían varios cateos de investigaciones en proceso.
Sin embargo, los “Hidra” abandonaron Baja California apenas concluyó la jornada electoral, de los resultados de este apoyo del Gobierno Federal nada se supo, pero lo que resultó evidente, fue que no impactó en la incidencia de los delitos federales relacionados con tráfico de drogas, ni en los homicidios relacionados con la venta de enervantes, que en junio eran un promedio de siete asesinatos diarios y aumentaron a 12 diarios en julio.
Antes, el 29 de enero, la Secretaría de Gobernación anunció la implementación del “Operativo Escudo-Titán” en los once municipios con más violencia homicida en el país, y planeaban ejecutar más de 20 mil órdenes de aprehensión. Tijuana fue incluida, y en el primer informe, el comisionado de Seguridad, Renato Sales, anunció el éxito de la estrategia en este municipio. De 166 homicidios en enero, se habían reducido a 144 en febrero. Lo que no mencionó fue que la disminución se debió a que enero tienen 31 días y febrero menos, solo 28. Y en términos reales, ambos meses promediaron 5.3 asesinatos por día.
Por seis meses, el “Operativo Escudo Titán” ha permanecido, sin embargo de febrero a la fecha las cifras de homicidio han seguido en alza en la ciudad fronteriza, hasta alcanzar las 251 ejecuciones en julio. De hecho los asesinatos pudieron sumar los 378 en el mes, pues 127 víctimas de ataques quedaron en calidad de lesionados. Así que el panorama no es más aterrador porque los matones tienen mala puntería.
En el último informe mensual, el Gobierno Federal anunció que en seis meses, en el “Escudo-Titán” la Policía Federal había detenido 2 mil 647 personas vinculadas a delitos como homicidios y secuestros, pero obviamente nada de eso sucedió en la entidad conocida como la puerta de México, donde continua sin cumplirse el tan anunciado combate a la impunidad.
En ese esquema iniciaron otro operativo, más local. El banderazo fue el miércoles 8 de agosto como respuesta a la ola delictiva donde hombres y mujeres son asesinados a plena luz del día, en tortillerías, gimnasios, complejos habitacionales privados, plazas comerciales, calles, casas, ranchos y barrancos.
Ante la evidente prepotencia de los matones, en su mayoría improvisados, que actúan como dueños de las calles y de la ciudad, las autoridades han resuelto -por enésima ocasión- cumplir con su obligación: salir a las calles, e ir por ellos.
Decidido y organizado en la reciente reunión de Coordinación, esta primera semana de agosto resulta que es algo similar a lo que anunciaron y prometieron con el “Operativo Escudo-Titán” a principios de año.
Durante 15 días, 300 elementos de todas las corporaciones, incluidos Ejército y Marina, tendrán presencia activa y numerosa en 29 colonias de Tijuana, con el propósito de hacer efectivas, de entrada, 50 de las 150 órdenes de aprehensión activas en contra de homicidas relacionados con la venta de droga en la región.
Esperan que funcione para reducir la incidencia en asesinatos, y si sucede, extenderán esos operativos conjuntos por otros 15 días y así sucesivamente. “La idea es mostrar músculo institucional, que vean que estamos juntos” comentó uno de los participantes. Y como quieren que el operativo sea evidente para los criminales, establecieron de inicio tres bases en tres de las principales zonas de conflicto: Sánchez Taboada, Natura y El Pípila.
En julio, la Procuraduría General de Justicia del Estado judicializó 20 expedientes de homicidio en Tijuana, con 27 órdenes de aprehensión; en el mismo periodo, la Policía Municipal capturó a 28 presuntos homicidas en flagrancia y prácticamente a todos se les inició proceso, sin embargo, pese a ser una cantidad considerable de trabajo, esto representó la judicialización de apenas 9 por ciento de los 227 expedientes (con 251 víctimas) abiertos en el mismo mes. Lo que evidencia la urgencia de reducir la incidencia.
Ahora, de nuevo, será cuestión de esperar, primero para ver que el operativo en calle se concrete, que los resultados se informen, para analizar el impacto real de este esfuerzo aislado en el fenómeno de la inseguridad que agobia la entidad.
La ventaja aquí será que los Consejos Ciudadanos de Seguridad y demás cámaras, asociaciones y agrupaciones, tendrán la posibilidad de apoyar o cuestionar directamente a los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad, y que los participantes no podrán irse de la ciudad y del Estado a ofrecer un informe mensual manipulado a la prensa nacional.
