Tribunal determina libertad de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, por irregularidades en proceso legal por delincuencia organizada y lavado de dinero. Antes fue exonerada en 2016 y 2017 por defraudación fiscal y tentativa del mismo delito, por fallas en el debido proceso. El castigo para “La Maestra” fue el deterioro de su salud en más de cinco años de encierro y la muerte de seres queridos. Políticos advierten un arreglo entre el gobierno y el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador en esta liberación
Ocurrió lo que sucede en las historias de corrupción a la mexicana. Mucho ruido mediático, cárcel, procesos penales, amparos y al paso de unos años un “final feliz” para los políticos que son imputados. Ahora la protagonista del culebrón fue la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, exonerada del último de los cargos que le mantenía sujeta a la justicia penal.
“La Maestra” dejó atrás cinco años, cinco meses y once días de privación de la libertad, aunque los últimos meses estuvo recluida en su propio domicilio. Libró tres juicios, dos de ellos por defraudación fiscal, y el último por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícito (lavado de dinero). En algunos de los casos fue absuelta no por ser inocente, sino por violaciones al debido proceso; en otros, no se pudo probar su responsabilidad plena en las acusaciones.
La noche del martes 7 de agosto de 2018, el magistrado Miguel Ángel Aguilar, magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal en Ciudad de México, declaró procedente un incidente de sobreseimiento de la causa criminal que se seguía a Gordillo Morales por su presunta participación en los ilícitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La noticia corrió en los primeros minutos de la madrugada del miércoles 8. El abogado Marco Antonio del Toro Carazo se encargó de informar la nueva situación legal de su clienta y señaló que, por ahora, Elba Esther procesaría en privado lo sucedido en estos últimos años y su condición de persona libre.
“Ya está en familia, va a tomar unos días de reflexión y de paz con su familia, después de una situación de este orden. Ninguna persona tiene facultades para hablar en nombre de ella, hasta que ella personalmente dé su posición, tal y como se informó en el comunicado”, dijo Del Toro Carazo a los medios capitalinos, para después anunciar que la mujer ofrecerá una conferencia de prensa el lunes 20 de agosto.
Los procesos penales que se siguieron contra la ex lideresa magisterial tuvieron retraso por la misma promoción de diligencias, ofrecimiento y desahogo de pruebas, interposición de una importante cantidad de juicios de amparo y hasta por la muerte de uno de los jueces en mayo del año en curso: Alejandro Caballero Vértiz, quien llevaba la última de las causas penales pendiente de resolución.
Los más de cinco años de juicio llevaron a la defensa a presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo los argumentos de graves violaciones a los derechos fundamentales de la maestra por parte del Estado mexicano, que presuntamente le dio un trato de presa política a su defendida y armó falsas acusaciones. Entre los funcionarios denunciados estaba el fallecido juez Caballero.
El anuncio de la liberación absoluta de Gordillo ocurrió el mismo día que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó la constancia que acredita a Andrés Manuel López Obrador como Presidente electo de México, lo que despertó suspicacias de un presunto arreglo, pues René Fujiwara, nieto de la maestra, forma parte de Movimiento de Regeneración Nacional.
LAS ACUSACIONES
El calvario para la ex lideresa inició apenas dos meses después que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de México y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) integró una averiguación previa –a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- en la que se señaló que Gordillo Morales y más de tres personas se organizaron para delinquir dentro de una agrupación, la cual operaba desde el SNTE, del cual la señalada era la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional.
Foto:Luis Carbayo/ Cuartoscuro.com.- El abogado Marco Antonio del Toro Carazo se encargó de informar la nueva situación legal de Elba Esther Gordillo.
Presuntamente los imputados efectuaban reiteradamente retiros millonarios de dinero, tanto en cheques de caja como en transferencias, de diversas cuentas bancarias del sindicato, para después depositarlos en cuentas bancarias de diversas personas, entre ellas Elba Esther, Manuel Díaz Flores, Isaías Chávez Gallardo y Guadalupe Ugarte Ramírez; así como a nombre de empresas como Avemex, SA de CV y UCSD Medical Center.
El dinero era “triangulado” a través de las diferentes cuentas bancarias, según la imputación de la fiscalía, con la finalidad de ocultar el origen y destino del mismo, considerado ilícito por provenir del sindicato y se le daba un fin distinto al que señalaban los propios estatutos de la organización magisterial (como son el sostenimiento de la agrupación y de la actividad sindical de sus órganos de gobierno).
Con base en la denuncia formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio Público de la Federación integró una averiguación previa en febrero de 2013 y siete días después ejercitó acción penal en contra de los implicados por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales libró las órdenes de aprehensión correspondientes y Elba Esther Gordillo fue detenida el 26 de febrero de ese año en el Aeropuerto de Toluca, cuando llegaba de San Diego, California. Enseguida se capturó a sus presuntos cómplices. A todos se les inició proceso penal a la semana siguiente, todos internados en diferentes reclusorios del Distrito Federal. El monto de las presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita era de mil 978 millones de pesos.
Mientras se defendía de ese primer proceso, a Gordillo Morales le llegó un segundo golpe. A principios de octubre de 2013, el Juez Decimocuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México libró orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de “defraudación fiscal equiparada calificada”.
La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que la imputada declaró ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos al rendir su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente al ejercicio fiscal 2008. Sin mayores detalles, se aseguró que el monto por el delito de carácter fiscal ascendía a 2 millones 199 mil pesos. La orden de captura fue cumplimentada en el hospital penitenciario de Tepepan, donde la ex lideresa magisterial se encontraba internada por diversos padecimientos.
Un tercer garrotazo del sistema contra Elba Esther llegó en octubre de 2015, cuando le fue fincada una nueva causa penal por la presunta evasión del pago del ISR por más de 4 millones 394 mil 666 pesos, pero correspondiente al ejercicio fiscal 2009. La debilidad de las acusaciones y la violación de cuestiones procesales permitieron a la defensa ganar varios amparos, pero solo conseguían reponer los procedimientos.
En noviembre de 2016, Gordillo Morales se libró de la acusación del fisco por hechos de 2009, debido a que “se violó su derecho a una defensa adecuada”, ya que durante la etapa de averiguación previa, la PGR impidió a la defensa conocer la imputación en su contra, pese a haber presentado 26 escritos solicitando acceder a la indagatoria. Luego, en mayo de 2017 y por insuficiencia de pruebas, un tribunal federal canceló en forma definitiva el juicio por el presunto fraude al fisco de 2008.
Finalmente, el último de los procesos por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada fue sobreseído y Elba Esther resultó exonerada. Desde el principio hubo dudas de la calidad legal de quienes formularon la denuncia, además de que en marzo de 2015 murió de un infarto el testigo colaborador Erick Salvador Rodríguez, quien aseguraba que Gordillo gastaba entre 7 y 15 millones de pesos al mes, dinero que tenía su origen en cheques firmados por su ex esposo Francisco Arriola y el actual líder del magisterio Juan Díaz de la Torre. Tales dichos no fueron ratificados ante el Juzgado Sexto que llevó el caso.
SALUD Y CASA
Desde su ingreso a prisión preventiva, en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México, a Elba Esther Gordillo, de entonces 68 años de edad, le diagnosticaron diversas enfermedades y a las primeras de cambio sufrió de algunas crisis en su salud que ameritaron frecuentes traslados a la torre médica u hospital penitenciario del Reclusorio Femenil de Tepepan, que prácticamente se convirtió en su prisión.
Para entonces se sabía que padecía de hipertensión arterial, problemas de la vista y de la columna. Llegó a sufrir desmayos y varias audiencias o videoconferencias programadas en sus procesos penales tuvieron que ser diferidas. A principios de 2015, su defensa formuló la solicitud de que se cambiara la prisión preventiva por reclusión domiciliaria.
El abogado de la ex lideresa del SNTE, Marco del Toro, aseguró que era urgente aplicar la medida de prisión domiciliaria para su clienta -que en febrero de ese año cumplió 70 años-, debido a su delicado estado de salud. En el escrito al juez federal se planteó que Gordillo cumplía con todas las disposiciones relativas a grupos vulnerables: mujer en prisión, adulto mayor y presentaba enfermedades crónicas.
Algunos de los padecimientos que ya padecía Elba Esther se agravaron durante su reclusión. El diagnóstico en 2015 hablaba de dos aneurismas que requerían de una intervención quirúrgica; adelgazamiento en el nervio óptico, glaucoma y daños en los discos de la columna lumbar; divertículos en el colon, esguince en tobillos y encogimiento corporal. Tenía que ingerir aproximadamente 30 medicamentos diarios.
La petición fue desechada en diferentes ocasiones. En juicios de amparo, la defensa conseguía que se volviese analizar la posibilidad de prisión domiciliaria, pero una y otra vez las resoluciones del Juez Sexto de Distrito de Procesos penales Federales en la Ciudad de México negaban dicha medida. Sin embargo, a finales de 2015 el juzgador autorizó que fuese trasladada a cualquier hospital capitalino para recibir atención médica especializada.
La ex lideresa del SNTE fue internada en el hospital privado Ángeles Interlomas en noviembre de 2015 y, en enero de 2016, fue llevada al Hospital de Xoco para practicarle unos estudios. A partir de entonces, conocería diversos sanatorios y mediante un amparo consiguió no volver a la torre médica en el penal femenil de Tepepan. Volvió a ver la calle el martes 15 de marzo de ese año, cuando falleció su hija, la senadora del Partido Nueva Alianza, Mónica Arriola Gordillo, y le fue autorizado el permiso humanitario de acudir al velorio en una funeraria de Cuajimalpa, Estado de México.
En marzo de 2017, versiones periodísticas señalaron que la hospitalización de la imputada en un nosocomio de la colonia Roma, generaba un cobro de 10 mil pesos diarios por concepto de medicamentos, estudios, tratamientos y alimentación, además de la vigilancia de un médico de guardia y enfermeras.
El tiempo transcurría con reveses judiciales sobre la posibilidad de que Gordillo Morales enfrentara el proceso penal desde su casa, hasta que el 14 de diciembre de 2017, en el Juzgado federal se concedió el cambio de prisión preventiva a reclusión domiciliaria en uno de los lujosos departamentos de su propiedad en la calle Galileo de la colonia Polanco en Ciudad de México. La PGR recibió la orden judicial de efectuar el traslado en un plazo máximo de 24 horas, lo que se materializó en las primeras horas del día 16. Curiosamente el beneficio llegó horas después que el Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza firmaran una coalición electoral.
Sin embargo, no todo fue dulzura para la señora de 73 años, pues la medida de prisión domiciliaria incluía la vigilancia de agentes federales y una pulsera con GPS en su tobillo. Solo podía estar acompañada de una mujer y recibir los cuidados médicos necesarios. Había policías por todas partes y restricciones que molestaban no solo a la procesada, sino a muchos de los vecinos de la torre de 12 pisos. Con el paso de los días, la defensa consiguió que la PGR pusiera orden en la vigilancia y que el juez retirara el dispositivo electrónico. En 2018 hubo un estira y afloja en cuanto a las medidas de seguridad, hasta el día de la libertad absoluta de la hoy liberada.
REACCIONES
La exoneración de la maestra Gordillo fue interpretada de diferentes maneras por actores sociales y políticos. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, exigió una explicación sobre manera en que la imputada fue absuelta de todo cargo. Consideró inaceptable que en México las instituciones “cambien de opinión y no tengan un proceso claro y transparente para la sociedad”.
La ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que la ex lideresa magisterial merecía ser libre, luego que el tribunal unitario decretó el sobreseimiento de la causa penal seguida en su contra.
La futura funcionaria de asuntos del interior aseguró que el fallo judicial fue una “coincidencia histórica”, en la fecha, con la entrega de constancia de mayoría como Presidente electo a Andrés Manuel López Obrador.
A través de un comunicado, la PGR informó que respeta la decisión del tribunal que absolvió a Elba Esther Gordillo por lavado de dinero y delincuencia organizada, pero no comparte el criterio de la resolución.
La procuraduría aclaró que en todo momento ha actuado “en estricto apego a la Constitución Política, así como a las leyes que orientan su actuación, y, sobre todo, en absoluto respeto a los derechos humanos”.
Las críticas desde el sector magisterial no se dejaron esperar y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) criticó la decisión del magistrado de circuito que absolvió a la ex dirigente del SNTE. También a través de un comunicado, la CNTE cuestionó el hecho de que delitos como la defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada, “hayan sido olvidados por la justicia mexicana”.
Otras secciones de la Coordinadora aseguran que no permitirán el retorno de la exonerada a la dirigencia del sindicato y que la disidencia continuará en la lucha por la democratización. El líder de la Sección 9 de la CNTE, Enrique Enríquez, considera que la liberación de Gordillo es un cobro de factura para López Obrador.
Por su parte, el vicecoordinador del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, expresó que la liberación de la maestra podría representar un arreglo premeditado entre el actual Gobierno Federal y Andrés Manuel. Además, calificó como preocupante la coincidencia entre la entrega de constancia como Presidente electo a AMLO y la exoneración de la ex lideresa magisterial.
