Durante muchos años se dieron la gran vida. Viajes, compras, tratamientos médicos y estéticos, salidas despreocupadas a cenar, con distracciones en el mundo del entretenimiento. Para todo tenían dinero. La suya era una vida desahogada, tranquila, de bonanza económica para cubrir todas sus necesidades.
La primera vez que él registró un incremento en sus ingresos fue en 2008. La investigación que le iniciaron las autoridades federales data de 2016 y se remonta a hechos de 2009. Se dieron la gran vida con dinero ajeno. No están acusados de robo, pero sí de fraude, conspiración y de violar la Ley de financiamiento de campaña.
Duncan y Margaret Hunter serán procesados por más de 60 cargos. Él, representante republicano en la Cámara de Estados Unidos; ella, su esposa. Los dos, investigados.
Después de años de recopilar información, recibos, ingresos económicos, hacer comparaciones y revisar los dineros de campañas contra los recursos pagados en el Poder Legislativo, investigadores del FBI revelaron que la pareja Duncan estaba utilizando el dinero de las campañas políticas para solventar sus gastos personales. Viajes por diferentes estados de la Unión Americana, incluido Hawái. Viajes nacionales e internacionales para unos doce familiares de la pareja representante de San Diego, California. Trabajos dentales, miles de dólares gastados en compras del día a día, boletos para el cine, comida rápida, cenas, juegos de golf, videojuegos, cafés, muebles para el hogar, cenas en restaurantes exclusivos e incluso mandado. Todo lo compraban con el dinero de los contribuyentes a las campañas políticas de Hunter Duncan, quien fue electo congresista de Estados Unidos en 2008 por primera vez, y ha sido reelecto en seis periodos hasta 2018.
Pero no siempre en política hay impunidad. Al menos no para las corporaciones investigadores y para el sistema político y judicial de Estados Unidos, país tan vecino de México. A los Duncan los empezaron a investigar sin que se dieran cuenta, mientras continuaban viviendo un estilo y un nivel de vida que no podían pagar con sus salarios acreditados.
Abusaron de los contribuyentes e intentaron cometer el crimen perfecto al gastar el dinero de las campañas y pasar desapercibidos para el sistema político y de justicia. Pretendían salir airosos, por eso están acusados de conspiración. Por ejemplo, cuando acudían a cenar a un carísimo restaurante, registraban el gasto en los libros financieros de la campaña como “cena con voluntarios y contribuyentes”. Los viajes familiares y de placer también los pagaron con esos recursos, pero los daban de alta como “viajes de campaña”. Nada más alejado de la realidad que disfrutaron.
Las compras que hacían, los juguetes, los videojuegos, los dulces, el mandado y otros artículos que adquirieron para uso personal y de su familia, los registraban como “apoyos para evento de padres y maestros”, “tarjetas de regalo”, “canastas de regalo”; pretendían que lo comprado era para contribuir a causas de su comunidad, entregar regalos a los necesitados y apoyar a grupos sociales.
Las visitas al dentista por parte de la familia también fueron pagadas con dineros de los contribuyentes y los Duncan las disfrazaron en los libros financieros de la campaña, como “contribuciones a la caridad a través de la organización Sonrisas para la Vida”. Incluso los boletos para que acudieran al teatro, eran justificados como “aportación a la recaudación de fondos para la Federación de Mujeres Republicanas del Teatro Cívico de San Diego”. Hasta las colegiaturas de sus hijos en una escuela cristiana de El Cajón, California, se registraban como contribuciones a la caridad.
La gran vida de los Hunter fue alertada. Incluso les hicieron saber que no debían utilizar los fondos de la campaña como una cuenta de banco para gastos personales, porque eso constituiría un delito. Pero siguieron con su ritmo de vida a costa de los contribuyentes. Cuando gastaron 14 mil dólares en un viaje familiar a Italia, el congresista lo registró como una visita a una base naval de la Marina norteamericana en aquel país.
Los marinos están decepcionados de Duncan Hunter. Él mismo sirvió en esas Fuerzas Armadas a las que ahora utilizó como fachada para extraer recursos de la campaña y gastarlos en asuntos personales; por ejemplo, es señalado de comprar artículos de golf y declararlos como adquisiciones para ser donadas a ex marinos heridos.
Los Hunter fueron -como se conoce en México- vinculados a proceso. En los próximos días iniciará el juicio donde Duncan, de 41 años y Margaret, de 43, son acusados de conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos, fraude electrónico, falsificación de registros y uso prohibido de contribuciones de la campaña.
En México hay muchos Hunter. Ex funcionarios que se vuelven ricos durante una campaña, candidatos que pagan todas sus necesidades con dineros públicos de la campaña o contribuciones no registradas de donantes privados. Es conocido cómo empresarios y partidos le dan al candidato desde departamentos, carros, camionetas y servicios durante el tiempo del periodo electoral, sin que esto sea registrado ante la autoridad electoral.
Pero en México hay espacio para la impunidad cuando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales no funciona. Sirve al poder o a los partidos políticos, mientras los investigadores federales de la Procuraduría General de la República o de la Comisión Nacional de Seguridad, no persiguen los delitos electorales, mucho menos los de fraude, los de enriquecimiento ilícito, o no indagan de manera correcta y eficiente las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Mientras ningún candidato o ex candidato ha sido procesado por uso indebido de recursos de campaña y muchos políticos viven su época de bonanzas en esos periodos, hace unos días, por ineficiencia de la PGR, fue liberada Elba Esther Gordillo Morales, acusada en 2013 de darse la gran vida, comprar ropa de lujo, bolsas de diseñador, servicios aéreos privados, propiedades en el país y en el extranjero y otros excesos con dinero de los trabajadores de la educación. Así lo señaló la fiscalía nacional, dijeron tener las cuentas de banco de donde fueron extraídos los dineros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y depositados para transacciones personales de Gordillo a partir de terceros. Decían tener todo para probar el fraude, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero al final no probaron nada.
A diferencia de los Hunter, por el momento la apodada “La Maestra” seguirá dándose la gran vida.
