Las policías de Baja California carecen de muchas herramientas. No solo están ínfimamente armadas en comparación con los criminales, narcotraficantes y delincuentes; la capacitación no es constante, el número tampoco. Normalmente las corporaciones municipales y estatales andan con déficit de elementos. No son suficientes para abarcar los territorios, particularmente los de la periferia, donde más actos delictivos ocurren.
Además, para que las policías funcionen adecuadamente y provean seguridad y tranquilidad a los bajacalifornianos, hacen falta otros elementos como una sectorización para, por un lado, abarcar todas las zonas, y por otro, disminuir los tiempos de respuesta y de persecución de delincuentes. A la par, continuar con la depuración que en años pasados se llevó a cabo, para deshacerse de los elementos que hayan desviado su camino del servir y proteger.
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Un área de inteligencia verdadera, de análisis de la información y procesamiento de la misma, que ayude a la Procuraduría General de Justicia del Estado a la judicialización de los casos (pocos, muy pocos criminales tienen orden de aprehensión en su contra), es necesaria en todos los niveles policíacos de Baja California para hacer frente a los narcomenudistas, hoy por hoy, los criminales que asesinan, secuestran, extorsionan y reaccionan de manera efectiva.
Por supuesto resulta necesaria también la coordinación con otras policías, de las estatales con las municipales y las ministeriales, y de estas con las federales y las Fuerzas Armadas; esfuerzo que ya fue probado en el pasado con buenos resultados. Es la única estrategia que puede acabar con la impunidad y la corrupción que actualmente se vive en el Estado y que tiene a las organizaciones criminales de los cárteles Cártel Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, Arellano Félix y a los independientes, empoderándose a fuerza de balas.
Pero en nada de eso están trabajando el Gobierno del Estado, ni los ayuntamientos, especialmente el gobernador Francisco Vega de Lamadrid. Está más concentrado en hacer negocios que en estructurar una estrategia real y mediable de combate a la inseguridad que se vive en Baja California y que esta semana llegó en Tijuana a niveles hace muchos años no vistos (cercenados, colgados, balaceras, muertos en centro comercial y en residencial).
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Y en su afán de hacer negocios, finalmente se salió con su capricho pospuesto el año pasado, de darle un convenio plurianual a Seguritech Privada, SA de CV, para que construya un C5 y elabore “el diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un sistema integral e interconexión tecnológica para la seguridad pública del Estado de Baja California por un periodo de diez años”.
El costo final será de 789 millones 280 mil 700 pesos, que por supuesto no pagará la administración de Francisco Vega de Lamadrid -que para buena fortuna está por concluir-, sino que lo harán las siguientes tres administraciones estatales.
Los diputados, comparsas del gobernador, le aprobaron el 1 de diciembre de 2017 realizar un contrato de servicios plurianuales para la obra de seguridad, “hasta por un monto de 69 millones de pesos al año, más IVA”, lo cual indica que le autorizaron endeudar al Estado por 80 millones de pesos anuales durante los próximos diez años. Y pues, eso hizo Kiko “El Endeudador”.
Este año, entre el 31 de mayo y el 25 de junio, es decir, en menos de un mes, decidió el destino de la deuda para Baja California para los siguientes diez años. En ese lapso, realizó convocatoria para la licitación, la publicó, la promovió, revisó las propuestas, desechó unas y aprobó la que siempre quiso pero no había podido: la de Seguritech. Así, rápido.
Tal vez se recuerde que Daniel de la Rosa Anaya renunció a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado justo cuando el gobernador quiso otorgarle una Asociación Público Privada a Seguritech para la realización del C5. De la Rosa y algunos empresarios y activistas no estaban de acuerdo en la construcción del elefante tecnológico de Kiko “El Endeudador”, pues coincidían todos, que había cuestiones más apremiantes, como dotar a las policías de armas, herramientas, elementos de protección, capacitación y contratar más elementos para combatir la inseguridad, que construir un edificio y llenarlo de sistemas electrónicos y digitales que por sí solos no resolverán el grave problema de inseguridad que se vive en la entidad.
Una vez fuera De la Rosa y acalladas las voces críticas, controlado el Congreso del Estado y en su afán de hacer negocio por encima de lo que sea, el panista ya endeudó más a Baja California. Durante diez años pagará 78 millones 928 mil 070 pesos a Seguritech cada año por el diseño, construcción y el mantenimiento para implementar el C5 (sistema integral de infraestructura e interconexión tecnológica para la seguridad), que implica: “Seguridad de video vigilancia urbana, arcos carreteros de reconocimiento de placas, sistema de video analíticos, red de transporte de datos, sistema de restablecimiento remoto, sistema administrador de video, botones de enlace ciudadano, adecuaciones a los C4, mantenimiento tecnológico, transferencia de conocimientos”. Cuestiones que en menor medida, ya se tienen en los C4, que no se han reforzado antes de emprender otro camino hacia la deuda.
Con 80 millones de pesos al año, que fue lo autorizado por los diputados para que Kiko “El Endeudador” comprometiera las finanzas del Estado durante los próximos diez años, se puede pagar la nómina de 300 policías municipales más y 100 estatales adicionales, para abarcar las zonas a vigilar. O comprar patrullas cada año y dar mantenimiento a las existentes, para que vigilen las periferias de las ciudades. También se podrían adquirir armas, equipo táctico y por supuesto, pagar capacitaciones para tener más y mejores policías, en lugar de construir y adecuar un edificio con tecnología para ser “operado” por policías con bajos sueldos, sin capacitación y con pocas herramientas.
Realmente al gobernador poco le importa la seguridad de Baja California cuando pondera el negocio por encima del recurso humano. Y endeuda al Estado de manera indiscriminada con cuanto “mega” proyecto le es presentado, haga o no falta (ahí está el caso de la desalinizadora).
Kiko “El Endeudador” dejará a Baja California con finanzas seriamente afectadas y sumida en la inseguridad, con la venia de los diputados del Congreso y el silencio de los críticos. Terrible.
