El titular del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, Érik Zabalgoitia Novales, resolvió reabrir el caso de la matanza de Tlatlaya, ante el recurso de la víctima y sobreviviente Clara Gómez González, además de que ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una serie de diligencias para esclarecer de inmediato el caso y fincar responsabilidades, incluyendo la cadena de mando involucrada en la orden de matar a un grupo de 22 presuntos delincuentes.
Así lo informó este domingo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), cuyos abogados llevan la defensa de las víctimas. El organismo no gubernamental recordó que hasta la fecha no hay ninguna persona detenida y que tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución, además de que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena de la posible ejecución extrajudicial.
Según la versión inicial ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre lo ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, 22 presuntos delincuentes murieron durante un enfrentamiento armado con militares.
Sin embargo, dicha versión fue desmentida por una de los tres supervivientes, quien aseguró que un civil había muerto en el choque y los demás habían sido asesinados tras un interrogatorio, lo que desencadenó la detención de 7 soldados. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizó la recomendación 51/2014.
No obstante, un juez ordenó en octubre del 2015, liberar a cuatro de los soldados implicados en la matanza, tras considerar que la PGR no había sido clara a la hora de explicar los hechos por los que estaban acusados. Luego, el 14 de mayo del 2016, otro juez federal desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de los otros tres militares implicados.
Ante ello, la PGR deberá reabrir la investigación del caso Tlatlaya ante la ausencia de una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva, según lo informó Centro Prodh. La orden del juez responde a un reclamo de organizaciones civiles y afectados: que se investigue hasta la cadena de mando.
El Centro Prodh recordó que a la fecha no hay ninguna persona detenida, luego de que la PGR no ofreció las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente el 30 de junio de 2014. Tampoco se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena.
La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben, de manera ininterrumpida y con celeridad, realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando.
Así como investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal.
El 31 de julio de 2017, el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México ordenó a la PGR, mediante una sentencia de amparo, que realice con debida diligencia la investigación de los hechos. Sin embargo, la Procuraduría impugnó la decisión, que fue ratificada el mes pasado.
“Abatir delincuentes en horas de oscuridad” fue la orden que se les dio a los militares que integraban la Base de Operaciones “San Antonio del Rosario” y que estuvieron involucrados en la matanza, tal como lo consiguió documentar el Centro Prodh, que tuvo acceso a la Orden de Relevo y Designación de Mando, dirigida al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien estaba al mando del personal de tropa.
? Entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente por militares, en Tlatlaya, Estado de México. La orden fue “abatir” y el caso se mantiene en la impunidad.
Por eso pedimos una #SeguridadSinGuerra
? https://t.co/3h6ibNSSpj pic.twitter.com/vcpqGbBduO
— Centro Prodh (@CentroProdh) 12 de agosto de 2018
Las pruebas fueron presentadas el jueves 2 de julio de 2015 en un informe del Centro Prodh, organización no gubernamental que informó que al analizar el juicio de amparo 545/2017 -interpuesto el 15 de junio de 2017-, el juez Zabalgiotia Novales reconoció que la investigación “defectuosa” de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia, así como a ejercer la coadyuvancia.
La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal, indicó el Centro Prodh.
