Queda imposibilitado para ocupar cargos públicos por diez años junto al ex tesorero Samuel Jaime Aguilar, al tener denuncias penales abiertas por desvíos millonarios durante las últimas administraciones, que han dejado a Ensenada una deuda de 3 mil millones de pesos de la que no ha podido salir
El ex alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico, fue inhabilitado por Sindicatura Municipal por diez años, lapso en el cual no podrá ejercer cargos públicos, convirtiéndose en el primer ex presidente municipal en recibir una inhabilitación en Baja California.
Lo último que se supo de su vida política fue que en abril rindió protesta como delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Cuernavaca, Morelos.
La sanción por diez años también va dirigida a su entonces tesorero Samuel Jaime Aguilar por “desaparecer” de las cuentas 68 millones de pesos del Ramo 33.
En total, Sindicatura abrió 14 investigaciones de las cuales cinco están resueltas, tres quedaron en amonestación por no atender observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y dos inhabilitaciones.
No obstante, la ASF puede absolver a los ex servidores públicos obligándolos, a resarcir el daño ocasionado al patrimonio de los ensenadenses.
La síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos explicó que el 1 de agosto de 2018, el jurídico resolvió inhabilitar a Hirata Chico y a Jaime Aguilar por cinco años, por mal uso de 31 millones de pesos del Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg).
En este caso la penalidad fue de cinco años porque ambos ex funcionarios argumentaron que con el dinero pagaron nómina, pero al final devolvieron el recurso.
Sin embargo, en un segundo procedimiento, la sanción se elevó a 10 años porque nunca reintegraron los 68 millones de pesos a cuentas del Ramo 33 correspondientes a 2016 y tampoco se ejecutaron las obras.
LAS OPCIONES DEL EX ALCALDE
De acuerdo con el jurídico, Hirata dispone de 15 días para recurrir a la sentencia ante tribunales.
En ese lapso, Óscar de la Peña Hernández, abogado particular de Gilberto Hirata, puede promover un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que suspenda la sanción y no quede inscrita.
Tanto diputados del Congreso de la Unión como el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, están enterados de los asuntos y de ellos dependerá el seguimiento a las denuncias penales y la inhabilitación.
LAS CASTIGADAS DE PELAYO
Uno de los expedientes desahogados en la pasada administración fue el de María de Guadalupe Beltrán Rocha y María Elena Espinoza Sánchez, tesorera y auxiliar de la misma dependencia, respectivamente.
Ambas ex funcionarias, inhabilitadas, asumieron la responsabilidad de una declaración hecha por el ex alcalde Enrique Pelayo Torres a los medios de comunicación.
“Usamos dinero del Ramo 33 para pagar nómina”, fue lo que dijo desde su oficina en el cuarto piso de la Casa Municipal.
Pelayo no imaginó las consecuencias de esa declaración y se le vino una serie de líos legales con dos denuncias penales interpuestas por empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el ex síndico, ahora secretario del Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa.
Ambas denuncias no han prosperado y, si no inhabilitó a Pelayo en la pasada administración, fue porque las “Lupitas” declararon que actuaron de acuerdo a sus atribuciones.
No obstante, el presidente municipal es responsable de la Hacienda pública, “si bien administrativamente no lo inhabilitamos, sí lo hicimos penalmente”, argumentó Barbosa.
Las querellas se interpusieron por los delitos de abuso de autoridad y desvío de recursos del Ramo 33. En lo administrativo encontraron irregularidades en el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun), Ramo 33 e Issstecali.
Ambos expedientes están en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debido a que se inconformaron con la resolución.
LAS DENUNCIAS PENALES
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) Zona Ensenada no tiene avances respecto a las denuncias penales interpuestas en contra de Enrique Pelayo Torres. A solicitud de ZETA para saber el estatus de las querellas, la subprocuradora Norma Alicia Velázquez Carmona se abstuvo de responder a los cuestionamientos.
En tanto Gilberto Hirata Chico y Samuel Jaime, también fueron denunciados por la vía penal por Sindicatura Municipal.
Lic. Laura Karina Castrejón Bañuelos, síndico procurador de Ensenada
La primera, por abuso de autoridad, se presentó en octubre de 2016 con número 0201-2016-10594, con relación al ejercicio del Ramo 33 del período 2015. Se recibieron 81.3 millones de pesos, documentando que para el pago de nómina y honorarios, se ejercieron 16.7 millones de pesos.
Otra más por cuotas no pagadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) de enero de 2011 a abril de 2015. El número de caso es 0201-2016-11125 por abuso de autoridad, en contra de Enrique Pelayo Torres, María Guadalupe Beltrán Rocha y María Elena Espinoza Sánchez, tesorera y auxiliar, así como al ex primer edil Gilberto Hirata Chico y el ex tesorero Samuel Jaime Aguilar.
El expediente 0201-2016-10773, iniciado en noviembre de 2016, por abuso de autoridad, fue una transferencia de recursos por el orden de los 20.6 millones de pesos para el pago de aguinaldos de policías y funcionarios que se destinó a usos distintos “por la indebida disposición de los fondos públicos de una cuenta a otra”, señala el documento.
La última es por peculado y abuso de autoridad por el desvío de un préstamos de BANSI por 665 millones de pesos, de los cuales 204.7 millones fueron para pagar sueldos.
NOVELO APORTÓ LAS PRUEBAS
“Yo hice mi trabajo de presentar las pruebas de los diferentes desvíos y seguimos atendiendo los asuntos de la administración pasada”, declaró el alcalde de Ensenada, Marco Novelo Osuna, sobre la inhabilitación de su antecesor.
“Cuando inicié la administración, contraté gente especializada en auditoría y los resultados los presentamos ante la ASF, y la PGJE tiene el dictamen del procedimiento”.
Han transcurrido un año y ocho meses, y la actual administración carga con las secuelas.
Indicó que no superan la retención de 53 millones de pesos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en diciembre de 2017 y la deuda por mil 300 millones de pesos con el Issstecali.
“Ahí la llevamos, no nos está fallando la nómina y con eso va bien”, afirmó Novelo, y confía en que el caso de Hirata no quedará en inhabilitación, sino que está en manos del Estado resolver el problema que dejó.
— ¿Cómo ha afectado esto su desempeño?, cuestionó ZETA.
“Mucho, porque, por ejemplo hoy, los retirados están pidiendo su dinero de 2014, 2015 y 2016. Mientras que el SAT está reteniendo 12.3 millones de pesos que no se pagaron, también tenemos las obras del Ramo 33 que se pagaron y no se construyeron, por lo que la gente está muy molesta. Además, somos de los municipios más endeudados de México”.
LOS DELITOS
32/2017. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del FAIS 2014. Monto total: 79.691 millones de pesos.
31/2017. No supervisar la administración del recurso desviado: 35.656 millones de pesos.
26/2017. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del FAIS 2015. Total de recurso desviado: 16.720 millones de pesos.
36/2017. Otorgamiento de 96 ascensos a elementos policiales adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California.
No vigilar ni cumplir con las disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia, mismo que regula el manejo del crédito autorizado mediante Decreto 196 por la XXI Legislatura para financiamiento y/o restructuración de la deuda pública con BANSI. Total de recurso desviado: 262.1 millones de pesos.
41/2017. No cumplir ni vigilar la correcta inversión de recursos municipales provenientes del FAIS o RAMO 33 por 89.6 millones de pesos.
42/2017. No vigilar la administración correspondiente al fondo federal Archivo Histórico 2016 por un millón de pesos.
43/2017. No vigilar la administración correspondiente a Programas Regionales de Desarrollo 2016 por un millón de pesos.
44/2017. No vigilar la administración correspondiente a Programas Regionales de Desarrollo 2016 por 3.5 millones de pesos.
03/2018. Incumplimiento a la normalidad relativa a la aplicación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece del ejercicio fiscal 2016 por 26.5 millones de pesos.
