Poco más de 15 mil millones de pesos es lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha invertido en aportaciones federales para municipios en un lapso de tres años, pero esto no se ha reflejado en una disminución de la incidencia delictiva, pues durante este periodo se ha registrado un incremento a nivel nacional y particular. Los municipios priistas del Estado de México fueron los más beneficiados al acaparar alrededor del 12 por ciento del recurso asignado
En un periodo de tres años, el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto ha aportado más de 15 mil millones de pesos a 300 municipios del país, a través del programa Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), cuyo objetivo es utilizar el recurso para dotar de mejores herramientas, tanto preventivas como operativas, para el combate a la delincuencia.
Sin embargo, durante este lapso, la incidencia delictiva, sobre todo en los crímenes de alto impacto, ha mantenido una constante ascendente, además de que ni el recurso favorece a los municipios mejor evaluados, ni a los más afectados por la delincuencia, sino que se utilizan una serie de fórmulas y algoritmos para definir el destino del recurso.
Sobre ello, para poder hacer efectivos los gastos, existen una serie de candados que evitan que se distribuya el recurso de forma discrecional. Los lineamientos son tan específicos que muchos ayuntamientos no logran cumplir con todas las especificaciones en el periodo requerido.
No conforme con esto, la tajada más grande se la llevan los municipios del PRI y del Verde Ecologista, quienes juntos se llevan casi dos quintas partes del recurso federal, siendo los más beneficiados, los municipios del Estado de México, que solo ellos han logrado obtener un monto total superior a los 720 millones de pesos.
Para Santiago Roel, de Semáforo Delictivo, la política del Gobierno Federal para el combate a la delincuencia ha fracasado pese al dinero invertido para la Seguridad Pública, los homicidios, secuestros y robos, continúan en aumento. De hecho, 2017 es el año más violento del que se tiene registro en México, con una tasa de más de 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando la media mundial es de seis.
Gasto sin resultados
De 2015 a la fecha, el Gobierno Federal ha distribuido bajo sus reglas, un total de 15 mil 717 millones 797 mil 849 pesos, con el objetivo de reforzar las policías de 300 municipios seleccionados debido a que cumplen con diversas características, tanto poblacionales, operatividad, incidencia delictiva, turismo, entre otros rubros, definiendo además, un catálogo de 50 ciudades o territorios que son considerados prioritarios debido a la criminalidad existente.
Sin embargo, los resultados han sido pobres o nulos y esto se debe a diversos factores, como la distribución del apoyo, la reducción de los techos a municipios más necesitados e incluso, el otorgamiento de poco dinero.
Ese año, la cifra de homicidios en México reportó un total de 16 mil 141 crímenes dolosos, con una tasa de 13.34 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Esta cifra ya representaba un incremento para el Gobierno Federal, partiendo desde 2014.
En datos duros, los municipios guerrerenses tenían la cifra más alta de asesinatos per cápita y la segunda más alta en su totalidad, solo por debajo del Estado de México, que registró dos mil 022 muertes violentas, con una tasa de 11.99 -una cifra por debajo del promedio- . Esto sugiere que dicha entidad requiere con mayor urgencia, el fortalecimiento de las corporaciones locales, además del apoyo de fuerza civil federal, pero sus aportaciones federales fueron de 117 millones 650 mil 120 pesos, para seis de los más de 80 municipios que tiene la entidad -casi 50 millones para Acapulco-, que en ese momento sufría una de las crisis más severas en estado de derecho y seguridad.
Esta conducta se mantuvo los años subsecuentes y pese a los reajustes en el método de distribución del dinero, las posiciones eran prácticamente las mismas y el recurso normalmente tuvo una tendencia descendente. En ese momento, el Estado de México percibió un total de 722 millones de pesos para los 40 municipios que formaban parte de la lista.
Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y la propia Ciudad de México, son regularmente los mejor posicionados; mientras que Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Colima y Zacatecas, los más bajos.
Referente a Baja California, ese año percibió 281 millones 477 mil 223, distribuidos en su mayoría para los municipios de Tijuana y Mexicali, quienes siempre se encuentran en el top 10 de los más beneficiados.
Pese a que era evidente el incremento de un año a otro, el Gobierno Federal decidió reducir mil millones de pesos, dejando la bolsa de Fortaseg en cuatro mil 921 millones 700 mil 000 pesos, la cual se repartiría en los mismos 300 beneficiados. Además se redujo el techo a 80 millones de pesos para recibir recursos y se incrementó el piso, lo que impactó directamente a Baja California, ya que sus municipios percibían hasta 100 millones de pesos para equipamiento y otros rubros.
Aunado a lo anterior, personal del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública informó a través de una presentación en PowerPoint, que ese año, la mayoría del recurso sería otorgado primordialmente a los municipios con mayor incidencia delictiva para el combate de la misma; pero aun así, el golpe fue para todos los municipios y estados.
En este año nuevamente se dio otro incremento en la incidencia delictiva, pues de 16 mil crímenes, la cifra subió a los 20 mil 174 asesinatos, teniendo repuntes generalizados, sobre todo en los municipios de Guerrero, Chihuahua y Baja California; junto a esto, Colima presentó uno de los aumentos más significativos, pues de 162 pasó a 504 homicidios.
Guerrero alcanzó la cifra de dos mil 213 decesos violentos, además de una taza superior a 64 por cada 100 mil habitantes. Baja California también saltó de más de 850 a mil 177; y tanto en Chihuahua como Tamaulipas, se registraron nuevos estallidos de violencia que superaron los mil decesos cada uno.
Al igual que todos, el Estado de México también sufrió un recorte de 60 millones de pesos, pero aun así percibía todavía 200 millones más que la Ciudad de México, la cual siempre obtiene el segundo puesto.
Cabe mencionar que la mayoría de los municipios del Estado de México se llevaron 10 millones de pesos, lo que representa el piso presupuestal, el cual no ha sido modificado desde 2016.
Para este año, la bolsa de casi cinco mil millones se mantuvo para todos los municipios, pero en esta ocasión se reestructuraron los métodos de operación del Fortaseg, priorizando ahora el número de habitantes en los municipios, lo que impactó positivamente en el Estado de México, pues todos sus municipios recibieron más dinero, a diferencia del resto de las entidades; los únicos dos municipios que fueron desincorporados del Fortaseg son Melchor Ocampo y Nextlalpa, gobernados por el PAN y Morena, respectivamente.
Para preparar el recurso de 2018, se evaluaron los índices delictivos del año anterior, el más violento de la historia reciente, según los índices del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
De hecho, en el tema de homicidios se alcanzó la cifra de 24 mil 903 crímenes, con una tasa de 20.16 por cada 100 mil habitantes, destacando el incremento desmedido de Baja California Sur, especialmente en Los Cabos y La Paz, donde las pugnas entre agrupaciones del crimen organizado dejaron un total de 610 homicidios, de los 210 que registraban el año anterior, y los 151 de 2015. Pese a ello, las aportaciones federales incrementaron poco menos de dos millones de pesos, direccionados a La Paz y Comondú.
Baja California y Chihuahua sufrieron incrementos en materia de homicidios con dos mil 092 y mil 566, respectivamente. Además, Michoacán, Estado de México y Guerrero mantuvieron sus cifras, estos dos últimos por encima de los dos mil hechos violentos.
La mayoría de estos estados tuvieron un ligero apoyo extra, menos Baja California, quien sufrió un recorte del presupuesto asignado a Mexicali, quien ya había sufrido otra reducción el año anterior.
Para el director de la Policía, Alonso Ulises Méndez, existe inconformidad, pues asegura que se cumplió con todas las metas y se logró tener una reducción en varios rubros, lo que pareciera que terminó por perjudicar a la capital bajacaliforniana.
Esto se debe a que el techo para recibir aportaciones volvió a sufrir una reducción de 80 a 75 millones, además de la medición de los algoritmos para priorizar a los municipios y entidades más pobladas.
Tanto Mexicali como Tijuana, Ensenada y Rosarito, forman parte de las entidades prioritarias en materia de seguridad, debido a los altos índices de homicidios dolosos, también del rezago social y la desigualdad económica que registran, pero esto no ha impedido que sufran disminuciones en este rubro.
Fortaseg, a modo del PRI
En la edición de ZETA del 3 de marzo, fue entrevistado el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Alejandro Vázquez Valadez, quien señaló que era inexplicable el motivo por el que Mexicali sufría una reducción presupuestal en la materia, sugiriendo que no podía verse de otra forma más que a través de intereses políticos.
La mayoría de los municipios que reciben apoyo Fortaseg son del PRI con 117, y este último año, el apoyo se volvió más obvio, pues juntos se llevaron casi dos mil millones de los cuatro mil 921 millones 700 mil pesos, es decir, casi dos quintas partes del recurso.
No conforme con ello, el Estado de México percibió más de 600 millones de pesos para todos sus municipios que en este 2018 recibieron un incremento generalizado e incluso, ciudades como Atlacomulco fueron incluidas en el Fortaseg, lo que nunca había ocurrido.
No conforme con ello, además de la expulsión de Melchor Ocampo y Nextlalpa -gobernados por PAN y Morena-, en este 2018, la mayoría de los 26 municipios retirados de Fortaseg fueron de oposición con un total de 14, mientras que del PRI fueron 10, 12 contando a la oposición. Estos espacios fueron ocupados por municipios gobernados por el PRI con un total de 16.
Esto ocurre pese a que los municipios más beneficiados para recibir aportaciones federales son los gobernados por el PAN. En este 2018, la lista fue encabezada por la ciudad de Puebla, seguida de Tijuana, Mexicali, Guadalajara, Iztapalapa y Monterrey -la única priista-. El Estado de México sólo tiene cuatro municipios considerados prioritarios, como lo son Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Naucalpan.