Un año de cárcel para el asesino de un policía; un homicida declarado culpable es dejado en libertad; un integrante del CJNG mató a dos hombres y disparó a oficiales. Estos son algunos de los 660 casos de adolescentes presentados ante la Procuraduría por cometer algún delito en lo que va del año. Solo el 7% de estos menores han sido presentados ante un juez, el resto queda en libertad
El 1 de agosto de 2017, José Luis López Núñez se despidió de su esposa y salió de su casa rumbo a su trabajo, como policía municipal en Tijuana. A un lado de su Jeep Cherokee roja, estacionada sobre la calle, dos hombres lo esperaban para asesinarlo.
Cuando el primer pistolero accionó el arma, el policía logró bajarse de la camioneta, pero al cubrirse de las balas, tropezó y cayó. Mientras seguía tirado sobre la calle, se le acercó Joaquín, de 16 años de edad. Él no falló. Le disparó en el pecho, en una pierna y en la cabeza.
Así fue asesinado el agente de 27 años de edad e integrante del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOE). El adolescente fue detenido unas calles adelante, todavía tenía consigo el arma que había usado.
Los investigadores del crimen dieron con suficientes elementos para demostrar que Joaquín era uno de los asesinos. No solo él y su cómplice -quien sí era mayor de edad- admitieron su participación, las cámaras de seguridad de un negocio cercano captaron al menor huyendo del lugar; las huellas de sus zapatos coincidieron con las encontradas en la escena del crimen y el arma era la misma desde la que salieron los disparos.
La juez Luz María Félix encontró culpable a Joaquín, pero solo lo sentenció a un año de internamiento en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes. Antes de cumplir la mayoría de edad, el joven estará en libertad.
No es un caso atípico. El 93 por ciento de los adolescentes detenidos en Baja California, por delitos como robo, lesiones, portación de armas o narcomenudeo, quedan en libertad; según cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), correspondientes a 2018.
Esto porque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes determina que los casos de menores deben resolverse por medio de métodos alternos, como el Sistema de Justicia Alternativa, libertad supervisada o terapias psicológicas.
Solamente en los casos de homicidio, secuestro, violación o robo con violencia física, la Ley indica que el menor debe ser forzosamente presentado ante un juez, pero el hecho de que éste sea llevado a juicio y encontrado culpable, tampoco significa que pagará una condena.
CONTRATADO EN FACEBOOK PARA MATAR Y LIBRE POR BUENAS CALIFICACIONES
Ése fue el caso de Ulises Abraham. A sus 14 años de edad, aceptó una oferta a través de Facebook para asesinar a un hombre a cambio de 31 mil pesos. “Cambiar de teléfono, comprarse ropa nueva y traer dinero”, fueron las razones que dio ya detenido para aceptar la propuesta.
Foto: Archivo.- Ulises Abraham
De acuerdo a las instrucciones que recibió, un taxi pasaría por él, le entregaría el arma y lo llevaría hasta la Zona Norte en Tijuana, donde debía asesinar a Guillermo Gastélum Jacques. Luego del homicidio, llegaría el pago.
No obstante, el estudiante de secundaria y el conductor del taxi fueron detenidos cuando huían en octubre de 2015. El adolescente fue llevado a juicio y encontrado culpable.
A diferencia de la mayoría de los menores que llegan detenidos a comandancias de policía, agencias del ministerio público y a los juzgados, Ulises Abraham venía de un contexto social y familiar, los cuales no encajaban con su comportamiento criminal.
Sus padres profesionistas tenían estabilidad económica, participaban en su crianza, mientras que en la escuela del muchacho reportaron que tenía excelencia académica y buena conducta. En resumen, se había desarrollado en un ambiente sano del que carecen la mayoría de los adolescentes delincuentes.
Todo esto fue tomado en cuenta por la juez cuando determinó que Ulises Abraham, a pesar de haber asesinado a un hombre, no sería remitido al Centro de Diagnóstico para Adolescentes.
Al tener más de 14 años de edad, pero sin cumplir los 16 todavía, la Ley establece que Ulises Abraham podía ser sentenciado a un máximo de tres años encarcelado.
Sin embargo, bajo la palabra del adolescente de que no volvería a delinquir y la promesa de sus padres que responderían por sus actos, la juez Luz María Félix determinó que Ulises Abraham estaría sujeto a dos años de externación, nombre que se le da a la medida de libertad bajo supervisión.
Esto implica que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) debe monitorear que el menor cumpla en efecto, con las condiciones impuestas por la juez, como trasladarse exclusivamente de la escuela a su hogar.
En caso de que incumpla con ello, entonces la Procuraduría puede promover un recurso ante el juzgado para solicitar su aprehensión.
De acuerdo con Laura Ivette Rivera Lazcano, directora de Justicia de Adolescentes en la PGJE, cerca del 10 por ciento de los jóvenes que reciben la medida de externación, son reaprehendidos por haber violado este beneficio y, por lo tanto, internados en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes.
JOSÉ MANUEL, EL ADOLESCENTE DENTRO DEL CJNG
No había pasado ni un mes de su cumpleaños número 16, cuando José Manuel asesinó a un hombre, el 22 de febrero de 2018. Al muchacho se le detuvo y fue puesto a disposición de la Procuraduría para que se le investigara, pero ningún testigo quiso señalarlo y el caso se cayó.
A las semanas, José Manuel disparó contra varios elementos de la Policía Municipal y cuando se le detuvo, se le encontró en posesión de armas de fuego. Se buscó culparlo de homicidio en grado de tentativa, pero la acusación no prosperó y volvió a salir libre.
Para el 13 de junio, José Manuel volvió a asesinar. Acompañado de un hombre de 19 años, disparó contra un menor de edad en la Avenida Sánchez Taboada de la colonia El Reacomodo, en Tijuana.
Foto: Archivo.- Ejecutado policía municipal
La Policía Municipal respondió al reporte y montó un operativo en la zona. Así dieron con José Manuel y José Gerardo de 19 años de edad. Los jóvenes viajaban en un vehículo con un fusil de asalto calibre .223 y una pistola calibre 45 milímetros.
En esta ocasión, la acusación de la Procuraduría prosperó y al adolescente de 16 años se le vinculó por homicidio calificado. La juez fijó un plazo de dos meses para la investigación del crimen, un periodo corto en comparación a los procesos que enfrentan adultos en los que un homicidio generalmente requiere de cuatro a seis meses para investigarse.
De manera extraoficial, ZETA recogió versiones sobre el adolescente. En corporaciones policiacas se le identifica como miembros de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la colonia Camino Verde. En agosto regresará a audiencia, mientras tanto permanece recluido en el Centro de Diagnóstico para Adolescentes.
MEXICALI, MUNICIPIO CON MÁS ADOLESCENTES DETENIDOS
Cifras de la Procuraduría indican que Mexicali es el municipio donde más adolescentes son detenidos. En 2017, 806 menores de edad fueron remitidos al Ministerio Público en Mexicali; de estos, solo 86 casos fueron judicializados. En lo que va de 2018, de los 416 menores remitidos, solo 22 casos fueron judicializados.
Los números contrastan con los del resto de los municipios. En Ensenada, también durante 2017, un total de 134 adolescentes fueron presentados ante la Procuraduría, con apenas 16 casos presentados ante el juez. En lo que va de 2018, son 64 los adolescentes detenidos y 15 de ellos han sido sujetos a proceso penal.
En cambio, en Tijuana, ciudad que reúne los casos de Playas de Rosarito y Tecate, porque en estos municipios no hay una agencia del Ministerio Público especializada en adolescentes, apenas se contabilizan 180 casos en lo que va del año, con solo 10 casos judicializados.
La estadística en el Poder Judicial sigue una tendencia similar. De acuerdo con la información más reciente y disponible para su consulta; correspondiente al primer trimestre de 2018, en Mexicali existen 129 juicios en proceso, 12 juicios más ya concluyeron y cuatro tienen el estatus de radicados.
En Ensenada son 130 los juicios en trámite, dos los concluidos y dos radicados. En cambio, en Tijuana hay solo seis juicios abiertos, 25 terminados y seis radicados.
Respecto a los principales delitos por los que llegan adolescentes detenidos, desde hace por lo menos dos años; narcomenudeo y robo se ubican como los dos más frecuentes. El primero con mayores casos en Tijuana y el segundo en Mexicali.
“La mayoría de los adolescentes que llegan al Ministerio Público ya están casi en situación de calle, viven en un medio delictivo muy conflictivo; no hubo ningún adulto que se hiciera responsable de ellos”, indica la directora de Justicia de Adolescentes en la PGJE.
La funcionaria estatal detalla que, por otra parte, muchos de los adolescentes se niegan a proporcionar los números telefónicos de sus padres o sus direcciones para así poder ser puestos en libertad, sin que sus padres sepan de la detención.
Y es que la Ley proporciona mayores garantías a los adolescentes por tratarse de menores de edad. Por ejemplo, una vez que son detenidos -casi siempre en flagrancia- por policías, estos tienen un plazo máximo de 11 horas para presentarles ante el Ministerio Público.
Los menores no pueden ser ingresados a celdas ni esposados, tienen derecho a hacer una llamada telefónica, deben permanecer en un cubículo y no ser perdidos de vista por los oficiales.
A la PGJE le corresponde corroborar la información presentada por los oficiales con testimoniales y una orden de investigación en el lugar donde ocurrió el crimen.
Sin embargo, si no se trata de homicidio, secuestro, robo con violencia física o violación, los menores quedan en libertad en un plazo entre 36 y 48 horas, cuando su tutor acude por ellos. Si nadie se hace responsable de ellos, entonces la Procuraduría busca un albergue DIF o de alguna organización civil que los acepte.
PENAS MENORES
Antes del cambio a la Ley en 2016, la condena máxima que un menor podía purgar era de 10 años. Ahora se divide según el grupo de edad. Si tiene más de 12 años, pero todavía no cumple los 14 años, la pena máxima para cualquier delito es de un año de externación (libertad supervisada).
Si el menor tiene más de 14, pero todavía no cumple los 16 años, la pena máxima es de tres años. Por último, aquellos que tienen más de 16 años, pero menos de 18 años, la pena máxima es de cinco años.
Pero para Laura Ivette Rivera Lazcano, directora de Justicia de Adolescentes en la PGJE, la solución para evitar que los adolescentes ingresen al mundo delictivo no radica solo en las penas, sino en los ambientes familiares y sociales en que se desarrollan.
La funcionaria estatal explica que muchos de los padres de los jóvenes, al ser notificados que sus hijos están bajo investigación por un delito, no acuden por ellos, ni siquiera cuando son visitados por los policías ministeriales en sus domicilios.
